Gobierno PSOE-Podemos: una panda de ineptos, con aficiones mafiosas

Desde el punto de vista electoral, la pifia más grave del Gobierno PSOE-Podemos, por su peso simbólico y lo fácil que es entenderlo, fue el empecinamiento en celebrar la masiva manifestación del 8 de marzo de 2020, cuando tenían sobre la mesa informes alertando sobre el carácter letal del coronavirus y la necesidad imperiosa de evitar aglomeraciones.

Lo del Metro de Madrid, como lugar de contagio que argumenta el atolondrado Fernando Simón para quitar relevancia a las llamadas ministeriales a acudir al aquelarre feminista, es tan desvergonzado como estúpido: basta que pregunte a la vicepresidenta Calvo, a la consorte de Pablo Iglesias o a la esposa del presidente Sánchez, todas infectadas en aquella marcha, si acudieron en transporte público subterráneo o en coche oficial.

El frenesí con que los dirigentes socialistas y podemitas instaron a la gente a acudir al 8M no fue un error. Fue consecuencia del sectarismo, buscaba réditos políticos y tenía motivaciones ideológicas, lo que agrava la negligencia, dándole tintes de delito.

Grande-Marlaska, cada día más histérico,  ha cesado con urgencia al jefe de la Guardia Civil en Madrid por obedecer a la juez y no filtrar al ministro el atestado policial en el que se prueba que el delegado del Gobierno en Madrid actuó a sabiendas, consciente del peligro y jugando con la salud y la vida de muchos miles de ciudadanos.

 El empecinamiento de celebrar aquella marcha, como escaparate programático, obligó al socialista José Manuel Franco Pardo -el que soltó que Madrid era también una ‘nacion‘-  a autorizar partidos de fútbol, un congreso de VOX y otros actos multitudinarios, a despecho de los indicios manifiestos de que en la capital de España se propagaba ya el contagio.

Esa ignominia, porque lo fue, pesa como un fardo sobre las excusas oficiales para justificar el retraso en las medidas de control.

La destitución del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, por «pérdida de confianza», días después de que la Benemérita presentara un informe ante el Juzgado de Instrucción nº51 de Madrid en el que se ponía de manifiesto que el Gobierno socialcomunista conocía antes del 8-M la gravedad del virus que ya se expandía sin control por España y aún así permitió realizar 480 marchas feministas en todo el país, es un atropello y una arbitrariedad tan descomunal que atenta contra los derechos constitucionales del militar agraviado.

La decisión del ministro de Interior no sólo es injusta, sino contraria al Estado de Derecho. Es unca cacicada más propio de una banda de mafiosos que de un Gobierno democrático.

A nadie se le oculta que tras la «pérdida de confianza» con la que se reviste la destitución se esconde la venganza del Ejecutivo socialista por el informe de la Guardia Civil en el que se daba por cierto y seguro  que las marchas influyeron en la difusión del virus.

El Gobierno ha destituido a un coronel de la Guardia Civil por no plegarse a los intereses partidistas del Ejecutivo, lo que revela como Sánchez, Iglesias y cuadrilla pretende utilizar con fines espurios al Instituto Armado, triturando el papel de defensa del Estado que la Constitución otorga a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La destitución del coronel Pérez de los Cobos es un ‘aviso a navegantes’. A diferencia de lo que pasaba con Mariano Rajoy y su equipo, que no daban miedo a nadie y ni eran capaces de controlar RTVE, estos son conscientes de que no basta que los tuyos te quieran; tienes que infundir temor en los otros.

Y al igual que han arrasado en los medios de comunicación, dan dinero publico a sus televisiones amigas, favorecen a las empresas de sus colegas, promocionan a periodistas afines y hacer ‘asesores‘ con sueldo público a sus próximos, maniobran ahora para someter a la Guardia Civil y convertirla en una suerte de cuerpo armado del socialcomunismo.

Lo ocurrido es de una gravedad enorme y refleja con toda crudeza la pulsión totalitaria del Ejecutivo de coalición PSOE-Podemos.

Resulta un sarcasmo que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, sea juez, porque su decisión es un atentado a los derechos constitucionales de Pérez de los Cobos, cuyo único delito ha sido cumplir con su obligación en defensa del interés de todos los españoles.

Por esa razón, por no doblegarse al interés partidista del Gobierno, Marlaska le ha destituido.

Si esto no es prevaricación, le parece mucho.