De la tragedia de la última gota fría (ahora la llaman Depresión Aislada en Niveles Altos -DANA-) en varias partes de España, principalmente en Valencia, se ocupan con profundidad y rigor periodístico diarios, radios y televisiones, aunque algunos y algunas hayan derivado en demagogia y oportunismo.
Como en todo suceso natural de esta magnitud debemos sacar enseñanzas para afrontar soluciones, por caras y complejas que resulten, porque como dice mi conmilitón y amigo Rafael Requena: “No se trata de hacer política con lo ocurrido, pero sí de aplicar una medida sobre la que llevo años reflexionando y que podría haber mitigado alguna de las terribles consecuencias. Me refiero -señala- a que muchos de los parados de larga duración, subsidiados con la renta mínima de inserción (RMI) y Menores Extranjeros No Acompañados (MENAS), deberían formar parte, durante un tiempo, de un cuerpo permanente de protección civil que limpie cauces, rieras, vaguadas y montes para despejarlos de la maleza que impide correr libremente el agua y favorece incendios y otros desastres naturales”.
Tiene razón Rafael, por más que a esta saludable y solidaria medida se opongan sindicatos y buena parte de la progresía. Los primeros porque dicen que quita puestos de trabajo y la segunda porque aducen falsos derechos humanos y otras zarandajas. Que los integrantes de este cuerpo permanente de protección civil, en reciprocidad a la solidaridad que reciben de los contribuyentes, trabaje unos meses en esas labores en la provincia o comunidad autónoma en la que residen les dignificaría a ellos y reforzaría sus lazos con la sociedad que les acoge y protege. Si añadimos mucho más rigor en la persecución de edificaciones ilegales y en el otorgamiento de licencias de construcción en zonas inundables o de evacuación natural de agua a ríos y mares, sucesos como los actuales serían menos trágicos.
Los valencianos que superan los 75 años se han acordado estos días de lo ocurrido en 1957, cuando una riada dejó la ciudad sumida en el caos y con cerca de 300 muertos. La catástrofe social y económica fue de tal magnitud que el Gobierno de Franco adoptó decisiones de trascendental calado. Se aprobó la llamada “Solución Sur”, la más cara, más completa, más compleja y más definitiva, consistente en desviar de la ciudad el rio Turia mediante un nuevo cauce de 12 kilómetros de longitud y 175 metros de ancho, capaz de desaguar 5.000 metros cúbicos por segundo en una nueva desembocadura, tres kilómetros al sur de la existente. Las obras se iniciaron en 1964 y finalizaron en 1973, con un coste tres veces el presupuestado. ¿Se podrían hacer hoy, con tanto ecologista de salón, competencias transferidas irresponsablemente y sin un proyecto nacional de país?
Como ha recordado en ABC el catedrático de Ingeniería Hidráulica en la Politécnica de Madrid Luis Mediero, “gracias a aquellas obras se ha evitado una catástrofe como la de los años cincuenta. El esfuerzo de aquellos ingenieros ha funcionado, pues con estas lluvias el caudal hubiera desbordado el rio y se hubieran inundado la zona urbana de Valencia y el área metropolitana. Ahora el rio rodea la ciudad y el agua va directamente al mar”.
Soluciones drásticas como las de Franco en 1964 son las que se necesitan en España para mitigar daños en nuevas y periódicas gotas frías y en incendios naturales o intencionados. Tener siempre limpios cauces, rieras, vaguadas y montes para que la maleza no impida correr libremente el agua y favorezca incendios y otros desastres naturales es asunto que compete promover al Ejecutivo, aprobar al Legislativo y aplicar a los diferentes niveles de gobierno. Eso sí sería solidaridad y reciprocidad.
PD: Estas y otras medidas, como la planificación y ejecución de obras públicas necesarias o nunca concluidas, no evitan desastres naturales pero sí los mitigan, además de leyes orgánicas que prevean que cuando la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) decreta nivel naranja o rojo de alerta en un territorio sea el Estado el único competente en actuar con todos los medios humanos, materiales y económicos a su disposición (UME, Ejército, FFCCSE, satélites, UE, etc.) y no esperar impasible a que una comunidad autónoma los solicite. Eso es lo que quieren los separatistas catalanes y vascos, que nunca los requerirán, y por lo que Sánchez, su sostenedor, no ha intervenido antes en Valencia y Castilla-La Mancha. Con este proceder, además de trocear España se esconde al Estado porque es el Gobierno de Pedro Sánchez Pérez-Castejón el que está contra el Estado y a favor de 17 estaditos. Y nunca más.
