El drama de una sociedad que se tiene a sí misma por democrática se origina en un dilema de dificil y compleja solución. De una parte, no poner en riesgo, en ninguna oportunidad, el cumplimiento de la ley, el mantenimiento del sistema que soporta la democracia, de otra, el conocimiento del grave daño que se anticipa, consintiendo con la naturaleza despótica de un gobierno con vocación totalitaria.
El dilema, por una parte, de no romper con el sistema respetando el turno del poder por elección popular, de otra el trágico descubrimiento del modo en que el caudillo déspota maneja el Estado, otorgando prebendas para obtener cambios legales que le favorecen.
Una democracia consolidada es aquella en que el cambio político no amenaza el sistema social, que se realiza sin cuestionar las bases que sustentan la organización social, cediendo a la batalla política lo que bien podría justificar una sublevación popular. Y si cambia el sistema que sea de acuerdo a la ley. Tan legítimo es que el Estado se defienda a sí mismo, como que el pueblo, del que se origina la soberanía, acceda a sublevarse. El problema es que el Estado no es el ente abstracto en el que algunos creen, si no que es la voluntad de los que lo ocupan, su jefe máximo, su puto amo. Lean a Buchanan.
Así, Biden se indulta a sí mismo impidiendo a futuro la persecución penal de los delincuentes que le han acompañado, y Trump rompe el círculo, cumpliendo la ley, deshaciendo todo el entramado institucional que ha permitido a aquel el control del Estado, como si fuera una finca particular de la que disponer a su arbitrio. Este conflicto entre preservar el sistema, y lanzar una batalla política que no acabe en guerra cruenta, se presenta dramáticamente en España en la memoria, que guarda la sociedad, de la guerra civil. Pero, ¿Quien respeta la ley por encima de su interés?. ¿Quien se mantiene en el poder contra la sociedad y contra natura, y quien discute la posición del caudillo que maneja las leyes a su voluntad, comprando las voluntades que necesita con recursos ajenos?
¿Quien se protege infinitamente sabiendo de la amenaza que se cierne sobre sus espaldas?. Cuando la fiscalía pidio tres años de cárcel y doce de inhabilitación para el Rector Villapalos que fue condenado a resarcir a Manuel Garrido por una persecución ilegal, el inefable delincuente acordó pagar 30 millones de pesetas a cargo de la Universidad Complutense, la misma que hoy se encuentra en la ruina después de haber ganado un pleito millonario a la Comunidad de Madrid. ¿Quien paga la deuda?
Cuando el Frente Popular, constituido en enero de 1936, malbarató las elecciones del 16 de febrero, todavía consta que esa victoria se hizo cumpliendo la ley, ignorando las numerosas irregularidades en el proceso, en un contexto de fuerte polarización política donde se imponía el uso de las armas, lo que no tardó en crear las condiciones de un golpe de Estado que, al fracasar, desencadenaría la guerra civil. La historia siempre la escriben los vencedores.
El sistema republicano fue amenazado desde sus albores, desde la Revolución de Asturias, la sublevación, sofocada precisamente por Francisco Franco bajo mandato del gobierno, suscitada para evitar la exclusión del Partido Socialista del gobierno, en el contexto de una huelga general revolucionaria con el concurso de la CNT, entre el 5 y 18 de octubre de 1934. Entre 1500 y 2000 muertos, entre 15000 y 30000 detenidos. El vapor «Turquesa» llevaba un alijo de armas por encargo del socialista Indalecio Prieto, el mismo que desde México el 1 de mayo de 1942 en su exilio declara ser «culpable ante mi conciencia, ante el Partido Socialista y ante España entera, de mi participación de aquel movimiento revolucionario. Lo declaro, como culpa, como pecado, no como gloria. Estoy exento de responsabilidad en la génesis de aquel movimiento, pero la tengo plena en su preparación y desarrollo». «La revolución de octubre es el origen inmediato de la Guerra Civil» publica Raymond Carr en Estudios sobre la República y la Guerra Civil, en 1973, p. 25.
Siempre es el mismo, el Partido Socialista y sus huestes ensobradas, quienes amenazan el marco del sistema politico, como puso de manifiesto la creación de los GAL por Felipe González, una guerra con 27 asesinatos a sus espaldas, forjada como el instrumento mas convincente para acabar con la cooperación de Francia en la protección de los precursores de los bilduetarras. Y ahora pactan, como verdugos y asesinos, y como asesinos y verdugos. Los GAL que hicieron que el artífice de traer el Guernica a España, Javier Tusell, firmara, con muchos otros, contra la continuidad de Felipe González. Bien sabe Albiac de lo que hablaba.
Sanchez, envuelto en una suerte de bandera palestina, siente el mismo desprecio que muestra un criminal de guerra cuando envia a una muerte inútil a sus ciudadanos, cuando los utiliza como rehenes, cuando burla su sacrificio, como un instrumento de su sostenimiento en el poder, el chantaje político permanente. Como esa misma mentira contumaz de subir las pensiones para que suban los ingresos del Estado. Estamos ante la misma crisis que llevó a la quiebra económica de las «subprime», la lógica de envolver en un paquete único, negocios o cuestiones disímiles, ayudas públicas, pensiones, impuestos, o retribuciones a los socios enemigos de la nación, la ley omnibus, un trágala. La obligación del contrato que vincula al gobierno y a los ciudadanos es un asunto ajeno al partido en el poder.
Y si no, arriesgate a que rompan la baraja. La monarquía amenazada del pusilánime que procura solo por su familia, viene a ser defendida por quienes en realidad la detestan como expresión de una desigualdad originaria que solo se justificaría si cumpliera una función superior a ser percha de moda, o emoción colectiva de súbditos predemocráticos, que sueñan con la nobleza del oropel y la medalla. La misma Constitución amenazada, origen de todos nuestros males, defendida por cuantos conocen su intrínseca perversidad ante el ataque del Partido Socialista, de su canalla al mando. No viviremos tranquilos hasta que sus lacayos desaparezcan bajo la protección del delincuente Jefe de Estado de la República Dominicana donde guardan su tesoro.
