Constatando determinados hechos, nadie en su sano juicio puede excluir que estemos más cerca de una dictadura que de una democracia. En la dictadura de Pedro Sánchez Pérez-Castejón, naturalmente.
¿No es sospechoso que Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y obsesión enfermiza de Sánchez, haya sido objeto de seguimiento y su vehículo registrado en su interior, del que no se llevaron ni las tarjetas de crédito ni el dinero en efectivo que guardaba, y que dos de sus abogados hayan denunciado ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el allanamiento de sus domicilios y la sustracción, en el caso de la letrada Guadalupe Sánchez, de un ordenador portátil y una tableta, ambos utilizados para asuntos profesionales y requisados días después por la guardia civil tras detener y el juez decretar libertad condicional, a tres marroquíes (dos mujeres y un hombre) a los que habían seguido desde Alicante, donde residen, cuando embarcaban en Algeciras con destino a Marruecos? ¿Es casualidad que a Carlos Neira, abogado fiscalista de González Amador, le registraran su casa en Navidades, pero no se llevaran nada porque no tenía ningún dispositivo informático en su interior? ¿Los delincuentes habituales se desplazan con un vehículo con antenas en el techo como el que vio, describió y dibujó a la Guardia Civil González Amador que estaba cerca de su domicilio?
El último sucedido en el entorno de la pareja de Ayuso y que los investigadores no descartan que tenga relación ocurrió el pasado fin de semana: personas sin identificar accedieron al domicilio del arquitecto que realizó la reforma del piso en el que viven González Amador y Ayuso. Tampoco se apoderaron de nada porque no había ordenadores.
¿Es causalidad que en los dos lugares en donde había cámaras los ladrones fueran tres individuos con guantes y capuchas, como grabaron los dispositivos de seguridad? ¿Los tres marroquíes detenidos por la Guardia Civil en Algeciras son los autores de las intrusiones? ¿Tienen también algo que ver con lo que Sánchez no ha dicho a los españoles de sus cuitas inconfesas con Marruecos?
Hay que ser muy tonto para no colegir que todos estos hechos están relacionados con distintos ministerios y desde la propia Moncloa porque para el autócrata el Estado de Derecho no existe y él es el único que decide en España el qué, el cómo, el cuándo y el para qué. Sólo se le oponen los jueces, gracias a ellos, a la Providencia y a la UE, pero de obstaculizar su labor ya se ocupa la Fiscalía General del Estado y de anular sus sentencias el Tribunal Constitucional, convertido en sala de casación del Supremo por decisión de Sánchez y de sus correveidiles en esa instancia política de interpretación de la Carta Magna.
Como hay que ser muy despistado o muy servil de Pedro Sánchez para no deducir que su apropiación de Telefónica está relacionada con las causas judiciales que afectan a “su” Fiscal General del Estado, en la que el juez ha pedido a la compañía el registro de llamadas de y hacia Álvaro García Ortiz, y la de Begoña Gómez, por la inversión de Telefónica (e Indra, también del Gobierno, y Google) en el software de la Universidad Complutense, del que, presuntamente, se apropió de forma indebida la esposa de Sánchez Pérez-Castejón.
¿Estamos en una dictadura con Estado policial al servicio del dictador?
