Más de 300 trabajadores de la plantilla de la comunidad autónoma están en la cuerda floja

La supresión de la paga extra de Navidad a los funcionarios, personal laboral, eventual y altos cargos de los Servicios Generales de nuestra comunidad autónoma, parece ser la antesala de un descomunal ERE. La oposición tiene más que una fundada sospecha de los planes que oculta de momento el Govern, aunque el conseller de Administraciones Públicas, Simón Gornés, se escuda por ahora en un auditoría técnica que sigue su cauce, afirmando así que «todavía no hay nada decidido».
Las medidas que contempla el Plan de Equilibrio Económico del Govern son, sin embargo, contundentes, a decir de fuentes del partido consultadas por este digital. Las directrices impuestas por el Gobierno no dejan resquicio alguno en las decisiones que, al parecer, ya están tomadas, y que van a afectar a más de 300 empleados de la Administración. Todos ellos pueden acabar en la calle. Las cartas están sobre la mesa o, quizás, ya echadas.

«PONER UN POCO DE ORDEN»

Gornés ha hecho hincapié en estas últimas horas en que la auditoría «no se hace con el objetivo de echar a nadie, sino de racionalizar y poner un poco de orden en la administración pública». Este responsable sostiene que, en tanto no se conozcan las conclusiones del estudio encargado no se contará con una «información objetiva y palpable» que permita tomar decisiones. Todo ello sucederá antes de que finalice el año.
La diputada socialista Pilar Costa, así como el del PSM-IV-ExM i Més per Menorca, Nel Martí, le preguntaron ayer directamente al conseller sobre esta cuestión, en la comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament. Las evasivas no han calmado, desde luego, los temores.