Redada de la Guardia Civil contra los ‘malandrines’ sindicales de los ERE

A medida que se van conociendo nuevos datos de la segunda fase de la operación policial «Heracles» se confirma la dimensión del operativo.

Según la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, se han realizado este 8 de octubre de 2013 un total de ocho detenciones, mientras se han imputado a 45 personas y se han efectuado registros en ocho provincias españolas, cinco de ellas andaluzas.

Así, los agentes de la Guardia Civil han irrumpido en domicilios ubicados en Sevilla, Córdoba, Jaén, Cádiz y Málaga, Madrid, Barcelona y Segovia, además de el restaurante sevillano de Río Grande y la Diputación de Sevilla, donde ha sido detenido en su puesto de trabajo el director del Área de Empleo e Innovación, Enrique Rodríguez Contreras.

La segunda fase de la operación Heracles también ha motivado la detención de Ángel Quesada, director de un complejo hotelero de la localidad malagueña de Torremolinos, que además, es vicepresidente de la patronal hotelera de la Costa del Sol (AEHCOS) en la zona de Torremolinos.

Su arresto se ha producido al término del registro llevado a cabo en el hotel Don Pedro.

Florido (CCOO) critica los registros

El exsecretario general de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines (Fiteqa) de CCOO de Andalucía, Juan Antonio Florido, ha criticado los registros que se están practicando en su domicilio particular, tras lo que ha asegurado no tener constancia de su imputación en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares que investiga la juez de Sevilla Mercedes Alaya.

En declaraciones a Europa Press, Juan Antonio Florido ha asegurado que está fuera de Sevilla y reconoce que sabe «por sus abogados» que su domicilio está siendo registrado dentro de la segunda fase de la denominada operación ‘Heracles’ que desarrollan desde primera hora de este martes agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Florido se ha mostrado «muy sorprendido» por «las formas» y reconoce «no entender» dicho registro, aunque también asegura que no tiene «nada que temer», toda vez que apunta que no ha hecho «nada ilícito ni nada que ver con la trama de los ERE».

«No me importa que registren mi domicilio, lo pueden hacer cuantas veces quieran».

«No entiendo el registrado porque ni siquiera tengo comunicación oficial ni constancia ni he recibido notificación de mi imputación en el caso ERE», ha asegurado el sindicalista, quien asegura que se enteró «por la prensa» de su imputación por parte de la juez Alaya en un auto anterior.