Puigdemont: acusado de desobediencia, prevaricación y malversación

La Fiscalía Superior de Cataluña ha presentado este 8 de septiembre de 2017 dos querellas a propósito del referéndum de independencia previsto para el próximo 1 de octubre: una, contra los miembros de la Mesa del Parlament; la otra, contra el presidente Carles Puigdemont, el vicepresidente Oriol Junqueras y los 12 consejeros de su Gobierno por aprobar el decreto de convocatoria del 1 de octubre. Las querellas les señalan por un delito continuado de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, anunció el jueves la interposición de las dos querellas.

Este viernes, la Fiscalía Superior de Cataluña las ha presentado ya ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que deberá decidir si las admite a trámite e investiga los hechos.

En la querella contra Puigdemont y el Govern, la fiscalía solicita a los magistrados, además, que adopten una serie de medidas cautelares: que cese la actividad de las páginas web vinculadas al referéndum y que se envíe un oficio a todos los medios de comunicación, públicos o privados, con sede en Cataluña, y se les aperciba de que no deben «insertar publicidad institucional o propaganda sobre el referéndum».

La fiscalía va más allá y solicita también que se mande un apercibimiento a todos los alcaldes de Cataluña, que han recibido una carta de Puigdemont y del vicepresidente Oriol Junqueras en la que les piden su apoyo para organizar el referéndum.

El ministerio público, en cambio, pide a los jueces que les den instrucciones para «impedir cualquier recurso personal o material, incluyendo locales», que ayude a sacar adelante la votación.

También solicita que se exija el pago de una fianza (e incluso el embargo) de bienes de los consejeros para «asegurar sus responsabilidades pecuniarias» por la organización del referéndum.

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