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El balance de la Fiscalía General del Estado estalla como un jarro de agua fría: en 2024 se dispararon las pruebas para dilucidar la edad de los llamados menas, alcanzando las 7.562 diligencias, 140 más que el año anterior y el doble que en 2022. El resultado estremece: casi la mitad no eran en realidad menores.
El drama se libra sobre todo en el mar. Cerca de 6.000 jóvenes llegaron a España en pateras y otras embarcaciones precarias en 2024, un salto vertiginoso respecto a años anteriores.
Las escenas se repiten: desembarcos apresurados, rescates de madrugada y centros saturados que no dan abasto. La Fiscalía corrobora un hecho preocupante: más de 5.200 eran varones, y el número de niñas se ha triplicado en un solo año, alimentando la alarma sobre un fenómeno en alza y sin freno.
En tierra firme, Ceuta registró una avalancha con 2.768 menores irregulares, mientras que en Melilla entraron 147. Y el mapa de procedencias no deja dudas: Marruecos lidera con holgura (1.834), seguido de Mali, Argelia y Senegal. El dato más demoledor: solo ocho menores fueron repatriados en todo el año.
La radiografía final golpea en seco: 16.041 menas bajo custodia del Estado al cierre de 2024, frente a los 12.878 de un año antes. Un récord absoluto que retrata la magnitud de la crisis. La inmensa mayoría proceden del Magreb y África subsahariana, pero apenas un puñado llega desde países en guerra. Un torpedo en la línea de flotación del discurso oficial, que insiste en retratarlos como “niños huyendo de conflictos”.
Mientras tanto, el coste económico abruma: 4.400 euros mensuales de media por cada joven, cifras que en algunos centros escalan hasta los 9.813 euros al mes. El cálculo es letal: 846,9 millones de euros al año consumidos por un sistema desbordado.
La situación en los archipiélagos es especialmente crítica. En Baleares, las llegadas se duplicaron con creces en un año, y en Canarias los expedientes superaron los dos mil, destapando un sistema judicial y asistencial que apenas contiene la avalancha. “La creación de centros es constante y prácticamente inmediata”, reconoce la Fiscalía, “pero en muchos casos se superan las posibilidades”.
Los números no solo ponen en jaque al Estado: dibujan la crónica negra de una brecha social y política cada vez más insostenible. Entre menores verdaderos, adultos camuflados, fugas de centros y repatriaciones residuales, el fenómeno de los menas se ha convertido en un terremoto silencioso que ya sacude presupuestos, desgasta instituciones y erosiona la credibilidad del discurso oficial.
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