Buscando la comunicación social en Chile

Entre las principales reformas impulsadas por la administración de Gabriel Boric hay una que, en contrario de otras, se desplaza con un riguroso silencio de parte de los incumbentes. Se trata de la comunicación social, dominada desde el término de la dictadura por consorcios privados defensores de una particular y extrema libertad de expresión –y de concentración, cabría agregar-, la que descargan sin rubor cuando sienten amenazados sus intereses, como lo demostraron con motivo del pasado plebiscito constituyente.

Sin embargo, por primera vez en todo este largo período -32 años- un gobierno ha atacado directamente el problema, incluyéndolo en su programa y planteándolo ya al ámbito académico y la sociedad civil en general. Fue así que, en enero pasado, una mesa de trabajo encabezada por tres planteles de educación superior públicos, Universidad de Chile, Universidad de La Serena y Universidad de La Frontera, y sus respectivas escuelas de Periodismo, presentó un informe con una serie de recomendaciones acerca de diversos ámbitos que componen la comunicación social en Chile, apuntando precisamente, como dice el título, a “Más amplitud, más voces, más democracia. Aportes para las comunicaciones del Chile que viene”.

Periodistas de medios alternativos, independientes y comunitarios de distinto formato, e incluso Premios Nacionales; académicos de diversas universidades, dirigentes gremiales de la industria, organizaciones no gubernamentales de mujeres, migrantes y otros representantes de la sociedad civil discutieron durante cuatro meses sobre derecho y acceso a la información, democracia y sistema de medios, profesionales del periodismo y la comunicación, ética en los medios, redes sociales, democratización tecnológica, interculturalidad, perspectiva de género y educación.

Se preguntaron, por ejemplo: ¿Cuáles serían las condiciones necesarias para crear una nueva institucionalidad o cambiar la institucionalidad estatal relacionada con medios de comunicación en Chile? ¿Cuáles deben ser las características de financiamiento y creación de medios de comunicación públicos en Chile? ¿Cómo podría el Estado apoyar la creación de nuevos medios de comunicación? ¿De qué forma debería materializarse un apoyo desde el Estado a los medios comunitarios?

La parte central del documento contiene una serie de recomendaciones sobre los respectivos tópicos debatidos, tales como la creación de medios de responsabilidad pública, mayor acceso de los medios comunitarios, nuevas concesiones de radio y televisión, regulación de la publicidad estatal, revisión del canal de televisión del Estado, un nuevo código de ética periodística, un plan nacional de educación mediática y digital, incorporación de la interculturalidad y un protocolo sobre género, entre otras.

Aquí, una síntesis personal, editada y subtitulada:

Medios de responsabilidad pública

-Fomentar medios de comunicación con responsabilidad pública, cuya propiedad esté radicada en el Estado con control de la ciudadanía a través de diferentes formas de representación y mixturas en la composición de su titularidad, participación pública y ciudadana. Así sería la sociedad civil -debidamente representada- quien podría garantizar la diversidad de voces, mitigando formas de patrimonialismo, clientelismo y atomización del campo de lo social.

-Implementar un sistema de veeduría permanente con organismos externos, que permita el cumplimiento de los estándares internacionales, tanto de acceso a la información como de libertad de expresión.

Mayor acceso de medios comunitarios

-Adecuar a estándares internacionales de Libertad de Expresión las leyes que rigen el funcionamiento de la Radio Comunitaria y TV Comunitaria (Ley 20.433 y Ley 20.750) (sic), ampliando el acceso de los medios comunitarios a recursos que permitan su sostenibilidad, ampliación de su cobertura, así como el derecho a hacer transmisiones en conjunto entre medios comunitarios.

-Incorporar criterios de evaluación social, pertinencia cultural y aporte comunitario de los postulantes al proceso de adjudicación de concesiones de radio y TV comunitaria. Las frecuencias para uso comunitario deben ser entregadas en función de los beneficios a las comunidades locales.

-Derogar el artículo 36B de Ley General de Telecomunicaciones 18.168, que tipifica como delito de transmisión sin licencia con aplicación de penas de prisión, contraviniendo las recomendaciones realizadas de manera clara por la RELE de la CIDH (Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos).

Nuevas concesiones de TV y radio

-Optimizar uso del espectro radioeléctrico, incorporando nuevas concesiones de TV y Radio. El diseño de optimización debe contemplar mecanismos de resguardo para que empresas y modelos lucrativos no usen dicha categoría.

-Modificar el uso del espectro radioeléctrico (en radio, televisión, telefonía y banda ancha móvil) (sic) que favorezca el pluralismo y diversidad de medios, complementado con medidas sobre el uso de internet que a la fecha posee menos regulación que el espectro radioeléctrico.

Regulación de la publicidad estatal

-Definir una instancia que transparente el gasto total que el Estado realiza en avisaje, campañas y contratos con agencias de publicidad.

-Regular la publicidad estatal de modo de que se asegure el cumplimiento de los objetivos relativos a las políticas públicas y a la efectividad del mensaje, estableciendo criterios más amplios que solo la medición de audiencias, se impida la discrecionalidad y se establezcan normas auditables.

-Definir un porcentaje máximo de recursos estatales a gastar en un medio de comunicación, asociación o empresa que tenga varios medios de comunicación. Se trata de asegurar la participación de todos los medios de comunicación en la repartición de los recursos estatales.

-Dividir los gastos del avisaje y las campañas en: a) medios de comunicación de carácter comunitario; b) medios de comunicación que tienen facturación menor a cinco millones de pesos mensuales; y c) medios de comunicación de mayor facturación.

Revisar TVN

-Revisar modelo de financiamiento de Televisión Nacional de Chile para otorgar una mayor participación del Estado y financiar e implementar la ley n° 19.132, de Televisión Nacional de Chile, en lo que respecta al artículo 2: “Su objeto es establecer, operar y explotar servicios de televisión y de producción, emisión y transmisión de contenidos audiovisuales y de radiodifusión, cualquiera sea su formato, plataforma audiovisual o medio”.

-Ampliar el directorio en TVN de modo que asegure saber temático, la presencia del Estado y la sociedad civil.

-Crear un sistema de financiamiento mixto que asegure el funcionamiento básico de los medios de comunicación públicos.

Conectividad nacional

-Crear una mesa de trabajo intersectorial, orientada a la discusión de posibilidades legales, financieras y administrativas, para el mejoramiento del acceso a conectividad en todo el territorio nacional, a través de la inversión centrada en el beneficio de las personas.

Dicha instancia promoverá, al menos, los siguientes estándares:
● Equidad en la implementación de los avances tecnológicos, basada en datos provenientes de trabajo interministerial para el mapeo de zonas de baja conectividad, datos censales sobre conectividad efectiva, entre otros, que permitan la implementación de servicios de conexión adecuada en espacios públicos de acuerdo a las características regionales.
● Que los avances en materia de infraestructura tecnológica estén centrados en el bienestar humano y no estén solo regidos por el mercado, es decir, que no estén supeditados a la cantidad de clientes potenciales que amplíen la brecha entre los espacios rurales y urbanos, e incluso dentro del propio radio urbano donde la conectividad disminuye en zonas tradicionalmente marginadas.

Nuevo código de ética

-Constituir un comité que elabore de manera transparente y transversal un código de ética para la labor periodística y las condiciones de publicación y/o emisión de la información que emane del trabajo profesional. Esta instancia a lo menos debiese considerar la participación del Colegio de Periodistas, el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación Social, el Consejo Nacional de Televisión, una universidad estatal y otra privada.

-Este código de ética debe, mínimamente, considerar:
● Las noticias deben construirse asegurando el principio de veracidad.
● Normas de publicación y/o emisión que aseguren la diferenciación entre la información y la opinión.
● Respeto a la labor periodística y aceptación de códigos éticos individuales por sobre los asumidos por el medio de comunicación.
● Transparencia de la propiedad material de los medios de comunicación y sus vínculos económicos.
● Comportamiento periodístico que asegure y proteja la veracidad de las informaciones emanadas a través de RRSS e internet.
● Delimitar el concepto de libertad de expresión.

Protección a periodistas

-Construir un protocolo de trabajo en terreno que resguarde los mínimos necesarios para asegurar la protección de las y los periodistas en el trabajo que realizan en contextos de convulsión social.

-Entregar credenciales reconocidas por el Estado a las y los periodistas y profesionales de la comunicación de medios comunitarios que faciliten y protejan el trabajo que realizan.

-Construir en conjunto –periodistas y carabineros- un protocolo que asegure una relación respetuosa y colaborativa de las fuerzas de orden y seguridad pública.

-Reconocer como observadores de derechos humanos a las y los periodistas que participen de la cobertura de manifestaciones sociales.

Plan nacional de educación mediática

-Realizar un plan nacional de educación mediática coordinado por el MSGG (Ministerio Secretaría General de Gobierno) que abarque todos los niveles educativos desde la educación parvularia a la universitaria, tal como lo expresa la Unesco, planteando un trabajo con las y los docentes, las y los escolares, las y los comunicadores y las audiencias en general.

-Integrar en las bases curriculares de la educación básica y media aspectos vinculados al uso responsable de las redes sociales e internet.

-Crear un marco regulatorio que se focalice en controlar la difusión de los discursos de odio.

Interculturalidad

-Incorporar como criterio de acreditación para las carreras de Periodismo y de Comunicaciones la interculturalidad en el contenido de sus programas de estudios de las escuelas de periodismo, incluyendo desde los formatos informativos a los de opinión.

-Considerar la interculturalidad en el proceso de distribución de señales de radio y televisión que realiza la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

Protocolo sobre género

-Desarrollar protocolos que rijan a los medios de comunicación que permitan prevenir, enfrentar y erradicar las situaciones de violencia de género que afecten a periodistas en el ejercicio de sus funciones, tanto en el espacio externo como en el mismo medio.

-Promover la paridad de género en directorios de medios de comunicación, así como la implementación de la Norma 3.262 sobre igualdad y conciliación en medios de comunicación.

J.F.S.

Diversas fuentes