¿La longevidad es solo para ricos?

Desde que las primeras civilizaciones habitaron las regiones de Mesopotamia hace unos 7000 años hay una cosa en la historia del hombre que ha sido invariable. Los ricos siempre han vivido bien. Las clases adineradas han sido las primeras en beneficiarse de los avances del hombre como especie. Por eso, ya en el siglo XXI y con las ventajas de la longevidad con calidad de vida sobre la mesa no es extraño que exista el temor de que esto esté reservado sólo para los más adinerados.

Esta es una de las preguntas que se plantea el filósofo John K. Davis en un artículo en El País sobre los aspectos éticos de la longevidad. Davis se plantea que

Es injusto que haya gente que viva más que los pobres porque dispone de mejores cuidados médicos. Todavía sería mucho más injusto que los ricos pudiesen vivir más décadas o siglos que los demás y dispusiesen de más tiempo para consolidar sus ventajas.

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En esta línea, mencionan algunas corrientes filosóficas que sostienen que la sociedad debería impedir la desigualdad prohibiendo la prolongación de la vida.

Es la igualdad por la negación: o todos tienen acceso a ella, o no lo tiene nadie.

Sin embargo, como señala el filósofo Richard J. Arneson, la «nivelación hacia abajo» (lograr la igualdad empeorando la situación de algunas personas sin que mejore la de nadie) es injusto.

Davis explica que, además, la mayoría de nosotros rechazamos la nivelación hacia abajo en otras situaciones. Por ejemplo, no hay suficientes órganos humanos para trasplantar, pero nadie piensa que la respuesta sea prohibir los trasplantes.

Además, es posible que prohibir o frenar el desarrollo de la prolongación de la vida solo sirviese para retrasar el momento en que la tecnología fuese lo bastante barata como para que todo el mundo accediese a ella.

Antes los televisores eran un juguete para ricos. Hoy en día los tienen hasta las familias pobres. Con el tiempo podría pasar lo mismo con el aumento de la esperanza de vida.

Para que haya justicia, concluye este pensador, la sociedad tiene que subvencionar el acceso a la prolongación de la vida en la medida en que pueda permitírselo, pero no prohibirla solo porque no es posible proporcionársela a todo el mundo.