Casi tres millones de españoles dependen ya de subsidios estatales para subsistir

Se estrella el ‘cohete económico’ de Pedro Sánchez.

España ha alcanzado una cifra alarmante que evidencia la fragilidad económica de un gran número de ciudadanos: cerca de tres millones de personas dependen en la actualidad de ayudas estatales para satisfacer sus necesidades más básicas. Esta estadística, que incluye a quienes reciben el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la Renta Mínima de Inserción (RMI), refleja un crecimiento notable de las ayudas sociales y pone al descubierto las dificultades estructurales del mercado laboral español, así como el incremento en la desigualdad en la distribución de la riqueza, algo que desmonta el discurso de ‘éxito económico’ que intenta vender el Gobierno Sánchez.

Los datos más recientes revelan que el IMV ha tenido un crecimiento constante durante 2025, pasando de 2,05 millones de beneficiarios al inicio del año a 2,44 millones al final del ejercicio. Al mismo tiempo, la RMI mantenía su apoyo a 532.070 personas en 2024, aunque esta cifra ha cambiado considerablemente: muchos beneficiarios han migrado hacia el IMV o perciben ambas ayudas simultáneamente. En concreto, 67.878 titulares de la RMI también están recibiendo el IMV, lo que implica que alrededor de 150.000 personas se benefician de ambas prestaciones. El coste total para financiar estas políticas asciende a 6.619 millones de euros anuales, una inversión que manifiesta tanto el fracaso del proyecto socialista como la magnitud del problema relacionado con la pobreza estructural, que en lugar de disminuir, aumenta.

La evolución de las prestaciones

Desde su creación en 2020, el camino del IMV ha sido ascendente. El aumento de 390.000 beneficiarios en solo un año fiscal demuestra que esta prestación se ha consolidado como una herramienta esencial dentro de la red de protección social española. El importe máximo que se puede recibir asciende a 1.595 euros mensuales, aunque la cantidad real varía según las características familiares y económicas del solicitante. Para 2026, el Gobierno ha aprobado un incremento adicional del 11,4% en el IMV, lo cual supondrá un aumento significativo en las cantidades que percibirán los beneficiarios.

Por otro lado, la RMI ha seguido un camino diferente. Aunque en 2024 contaba con 532.070 beneficiarios, esta cifra es mayor a los registros de 2003 (377.674 personas), lo que indica que el fenómeno de la pobreza estructural no es algo reciente. Sin embargo, el descenso observado desde 2022 no se debe a una mejora en las circunstancias económicas de los beneficiarios, sino a que muchos han optado por el IMV, que ofrece condiciones más favorables. En cuanto al coste asociado a la RMI, este fue de 1.572 millones de euros en 2024, una cifra que subraya su relevancia dentro del sistema autonómico de protección social.

Por todo esto, muchos analistas alertan que se está configurando una red clientelar por parte del Gobierno, que busca que la gente sea cada vez más dependiente del Estado, lo que después suele traducirse en apoyo electoral por miedo a perder estas ayudas.

El contexto de las políticas sociales

Este auge en las prestaciones ocurre dentro de un marco donde otras medidas sociales también han recibido refuerzo. Las pensiones contributivas, que benefician a más de 9,4 millones de personas, experimentarán una revalorización del 2,7% en 2026 conforme al Índice de Precios al Consumo. Las pensiones mínimas tendrán un incremento aún mayor del 7,07%, reconociendo así la vulnerabilidad específica de este grupo. Además, el Gobierno ha aprobado un aumento del 11,4% para las pensiones no contributivas, que benefician aproximadamente a 2,5 millones.

El salario mínimo interprofesional también ha sufrido ajustes; pasará de los 1.184 euros brutos mensuales en 2025 a los 1.221 euros en 2026 —un incremento del 3,1%— afectando así a más de dos millones de trabajadores. Aunque estos aumentos pueden parecer modestos desde una perspectiva porcentual, reflejan el esfuerzo estatal por mantener el poder adquisitivo entre los colectivos más vulnerables frente a fenómenos como la inflación y el encarecimiento generalizado del coste vital.

Las implicaciones económicas y sociales

La dependencia casi total de tres millones de personas respecto a subsidios estatales genera preguntas profundas acerca del funcionamiento del mercado laboral español y sobre si nuestra economía es capaz realmente de generar empleo digno y sostenible. Mientras el Gobierno subraya sus logros en materia social, los críticos argumentan que estas cifras ponen en tela de juicio su narrativa sobre una recuperación económica sólida. Si realmente funcionara bien nuestra economía —afirman— no veríamos un aumento constante en quienes requieren ayudas estatales para subsistir.

La inversión total destinada a estas prestaciones —que supera los 6.600 millones anuales solo entre IMV y RMI— representa una carga considerable para las finanzas públicas. Sin embargo, desde una óptica social se puede argumentar que estas inversiones son vitales para prevenir situaciones extremas como la exclusión social y la pobreza absoluta. El verdadero dilema radica en si debemos considerar estas medidas como soluciones permanentes o simplemente como instrumentos temporales hasta implementar políticas capaces realmente generar empleo estable y bien remunerado.

La realidad es clara, España enfrenta un desafío complejo: la vulnerabilidad económica seguirá siendo una característica inherente al tejido económico español sostener un sistema robusto de protección social mientras crea oportunidades laborales reales para permitir que millones salgan adelante sin depender exclusivamente del apoyo estatal. Las cifras reflejadas durante este año y lo previsto para el siguiente sugieren que aún queda mucho camino por recorrer antes alcanzar este objetivo; así pues, la vulnerabilidad económica seguirá siendo una característica inherente al tejido económico español durante un tiempo considerable.