Según Jimmy Carter, Estados Unidos se equivoca al oponerse al nuevo Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas como se formula actualmente. Calificando el remplazo ocurrido en esa desacreditada Comisión de victoria de «principios sobre política«, Carter afirmaba en un reciente artículo en The New York Times (5 de marzo del 2006) que «el borrador ante los miembros de Naciones Unidas representa una mejora muy significativa y sustancial sobre la comisión existente».
Escribe Joseph A. Klein, autor de Global Deception, que Carter ha ido tan lejos como para afirmar ante los líderes de otros estados miembros – que incluyen ‘baluartes’ de los derechos humanos tales como Cuba, Egipto o Pakistán – que Estados Unidos no debe salirse con la suya en el nuevo Consejo de Derechos Humanos.
Dejando a un lado si Carter ha interferido inapropiadamente como ciudadano particular en temas de diplomacia exterior reservados a los representantes completamente autorizados del gobierno de Estados Unidos, ha demostrado de nuevo la mentalidad errónea que dominó tanto su propia conducta en política exterior como Presidente.
La presente Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha estado tomada desde hace mucho por los mismos países que abusan en serie de los derechos humanos y cuya egregia conducta debía condenarse. No existen requisitos en absoluto para formar parte de la Comisión – o de las propias Naciones Unidas, a esos efectos.
El resultado ha sido un mundo de Alicia en el País de las Maravillas en el que dictaduras miembros de la Comisión pasadas y presentes como China, Libia, Cuba, Sudán o Zimbabue no han recibido más de una palmadita en la cadera por su bárbaro comportamientos al tiempo que ellos lograban concentrar los recursos de la ONU en atacar con virulencia a democracias reales como Estados Unidos o Israel.
Hasta Kofi Annán se hartó por fin de esta enorme vergüenza para la ya vacilante credibilidad de Naciones Unidas. A comienzos del 2005 recomendaba que se estableciese una nueva organización de derechos humanos con protocolos que prohibieran eficazmente la pertenencia a violadores de los derechos humanos.
El propósito era proteger el papel de derechos humanos de la ONU frente a la manipulación por parte de aquellos que se habían hecho bastante adeptos a jugar a su favor con el sistema. Sin embargo, tras muchos meses de negociaciones, lo que salió de la cadena de fabricación de borradores de resoluciones de la ONU no es mejor que lo que hay ahora.
Como era de esperar, Annán está dispuesto a quedarse con lo que sea. «Creo que no deberíamos dejar que lo mejor sea enemigo de lo bueno», declaraba a los periodistas el 27 de febrero del 2006, al tiempo que defendía los compromisos que rebajaban cualquier protección frente a otra toma de control por parte de los bárbaros a las puertas. Afortunadamente, nuestro embajador en la ONU John Bolton no es persuadido tan fácilmente.
Sabe que el mal es enemigo del bien, y que bajo los compromisos propuestos el mal se perpetuaría porque muchas de las medidas de protección necesarias para garantizar una organización de derechos humanos viable han sido eliminadas o rebajadas.
En consecuencia, Estados Unidos quiere o bien reabrir negociaciones con la esperanza de revisar el texto o, alternativamente, hacer que la Asamblea General posponga una decisión sobre el Consejo durante bastantes meses de modo que pueda considerarse conjuntamente con la aprobación final del presupuesto bienal de la ONU.
Esto no es un ejercicio de distracción, como han sugerido algunos de los defensores del nuevo Consejo de Derechos Humanos. Cualquier país – sin importar lo malo que su historial de derechos humanos pueda ser – sería apto para servir como miembro del nuevo Consejo de Derechos Humanos.
Carter, Annán, y diversos grupos de activistas de derechos humanos tales como Amnistía Internacional están absolutamente entusiasmados conque, por primera vez en la historia de los derechos humanos de la ONU, el historial de derechos de un país sea «tenido en cuenta» en la elección de un miembro del Consejo por parte de la Asamblea General. ¿Tenido en cuenta?
Eso es como decir que el historial criminal de condenas de un pederasta en serie debería ser tenido en cuenta – pero no tratado como absolutamente concluyente – a la hora de decidir si contratar o no a ese particular como niñera de tu hijo.
Cualquier país con un historial de abusos sistemáticos y severos de los derechos humanos debería ser descalificado de pertenecer automáticamente, y las pruebas de cualquier abuso del derecho humano nuevo o continuado por parte de cualquier país que acceda al Consejo deberían ser argumento para la eliminación automática.
No es probable que eso ocurra mientras la presente propuesta pida apenas una mayoría de la Asamblea General para elegir a un estado miembro para servir en el Consejo de Derechos Humanos, al tiempo que se necesita una votación de dos tercios de la Asamblea General para hacer que un país ofensor sea retirado.
Debería imperar el procedimiento de votación exactamente opuesto – aprobación de dos tercios para entrar en el Consejo y una votación por mayoría para retirar.
Como explicaba Mark Lagon (asistente en funciones del secretario de estado norteamericano en materia de organizaciones internacionales), Estados Unidos no está dispuesto a «cortar por lo sano con algo que simplemente es un cambio de nombre y de agenda».
Estados Unidos quiere «garantizar que los procedimientos para elegir miembros y para descartar a los regímenes más sedientos de sangre del mundo están establecidos de modo que pasemos página en la historia de la Comisión de Derechos Humanos — que ha hecho mucho bien, pero que ha perdido la credibilidad al convertirse en una entidad no sólo de bomberos, sino de pirómanos».
Como si los diluidos procedimientos de votación del Consejo de Derechos Humanos no fueran lo bastante malos, su composición anti-democrática es incluso peor. El principio motriz es lo que sus arquitectos llaman distribución geográfica equitativa. El resultado neto será distribuir asimétricamente los 47 asientos del nuevo Consejo como sigue:
• 13 escaños para África (que incluye como posibles candidatos a Sudán, Zimbabue, Ruanda, Uganda, y otros destacados violadores de los derechos humanos que han sido miembros de la presente Comisión de Derechos Humanos);
• 13 escaños para Asia y Oriente Medio (que incluye como posibles candidatos al parangón de violador de los derechos humanos, China, y es anfitrión de dictaduras represivas de Oriente Medio como Arabia Saudí, Irán o Siria, que han sido miembros de la presente Comisión de Derechos Humanos);
• 8 escaños para Latinoamérica (que incluye a los regímenes socialistas de Cuba y Venezuela);
• 6 escaños para Europa del Este; y
• 7 escaños para la agrupación combinada de países de Europa Occidental y lo que la ONU llama «Grupo de los Restantes». El «Grupo de los Restantes» incluye a Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.
En otras palabras, la agrupación de países que estarían menos representados en el nuevo Consejo (15%) también resulta que componen la mayor colección de democracias en ejercicio. Los países incluidos en las categorías de África, Asia y Oriente Medio dispondrían del 55% de los escaños del Consejo, mientras que apenas el 21% de tales países fueron calificados como «libres» en el 2005 según la Freedom House.
Evocador de la Rebelión en la granja de George Orwell, donde «todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros», las verdaderas democracias son consideradas en cierto sentido un orden por debajo de pertenecer a la institución disfuncional en la que se ha convertido Naciones Unidas.
Las autocracias violadoras en serie de los derechos humanos continuarán dominando el nuevo Consejo de Derechos Humanos, igual que han dominado la desacreditada Comisión de Derechos Humanos que se supone que va a reemplazar. Sudán – bajo sanciones del Consejo de Seguridad por sus grotescas violaciones de los derechos humanos – es miembro de la presente Comisión, y podría salir reelegido con facilidad para pertenecer al nuevo Consejo.
Mientras tanto, con la implacable oposición del poderoso bloque islámico de estados miembros, Israel no ha sido miembro de la Comisión desde 1970. Según estadísticas recogidas para el año 2005 por la organización de supervisión de la ONU, Eye on the UN, Israel fue objeto de más acciones negativas de derechos humanos de la ONU (tales como resoluciones críticas de la Asamblea General) que ningún otro país – un 50% más que la cifra dirigida contra Sudán, ¡y más de seis veces el número de las dirigidas contra Irán!
No es probable que esa parcialidad cambie bajo el nuevo régimen, porque los antiguos jugadores continuarán llevando la batuta.
Kofi Annán y el presidente de la Asamblea General que reunió la propuesta de compromiso, Jan Eliasson, de Suecia, han presionado para su aprobación inmediata por la Asamblea General.
Se han resistido a los llamamientos por parte de Estados Unidos a reabrir el debate del texto, aunque la fecha límite del 10 de marzo del 2006 para buscar la aprobación de la Asamblea General fue pospuesta una semana al menos.
Bolton admite que afronta una creciente batalla a la hora de persuadir a otros países de que la presente propuesta es seriamente deficiente. Con el fin de aplacar a Estados Unidos y ganar nuestro apoyo, algunos países han ofrecido expresamente proporcionar a Washington garantías marginales de que votarían para mantener a los estados miembros ofensores lejos del Consejo de Derechos Humanos.
Pero Bolton quiere tratar el problema directamente arreglando el texto de la resolución que establece el Consejo, y acierta al presionar. Este reempaquetado grotesco es peor que ninguna reforma en absoluto.
La ONU utiliza la etiqueta de «derechos humanos» para justificar virtualmente todo patrón de redistribución de la riqueza global e ingeniería social que atrapa. Mientras tanto, hasta la fecha, la Asamblea General ha sido incapaz de alcanzar un consenso acerca de cómo definir «terrorismo».
El nuevo Consejo pule precisamente la imagen de derechos humanos de la ONU sin hacer cambios sustanciales. De ese modo, cuando el próximo informe patrocinado por la ONU condenando a Israel o a Estados Unidos sea difundido bajo los auspicios del Consejo ‘reformado’, tendrá presuntamente más peso a los ojos del mundo que si es difundido por la desacreditada Comisión de Derechos Humanos que el Consejo reemplazará.
Al mismo tiempo, la Organización de la Conferencia Islámica («OIS») está decidida a utilizar el nuevo Consejo como medio de introducir insidiosamente los valores morales de la sharia (ley islámica religiosa) en el derecho internacional.
En palabras del Programa de Acción de Diez Años para Tratar los Desafíos que Afronta la Ummah Islámica en el siglo XXI de la OIS, aprobado en diciembre del 2005, los jefes de estado musulmanes «se esforzarán concertadamente para hacer que Naciones Unidas apruebe una resolución internacional para afrontar la islamofobia y pedirá a todos los estados que implementen leyes para afrontarla, incluyendo castigos disuasorios».
En otras palabras, intentan criminalizar el insulto al islam como parte del derecho internacional – una amenaza directa a los valores democráticos modernos de libertad de expresión, libertad de prensa y libertad religiosa. Su poder en la Asamblea General y en el nuevo Consejo les daría el gran peso de partida en sus empresas así, como la capacidad de evitar la responsabilidad por los criminales actos de terrorismo perpetrados en nombre del islam.
Se supone que el Consejo también realizará el seguimiento de los compromisos que presuntamente salgan de la multitud de conferencias y cumbres globales patrocinadas por la ONU. Pagadas del presupuesto de la ONU al que contribuimos con el 22% (mientras que China, por ejemplo, contribuye solamente con el 2%), estas conferencias y cumbres no elegidas democráticamente y no transparentes decretan regularmente pronunciamientos de altos vuelos que establecen en la práctica nuevas «normas internacionales» obligatorias, «derechos humanos universales» y «obligaciones universales».
Estos pronunciamientos varían a menudo de nuestros propios valores como nación soberana que se autogobierna. No obstante, la mayoría de los Jueces del Tribunal Supremo de hoy han mostrado una alarmante tendencia a incorporar estas quiméricas manifestaciones del ‘derecho internacional’ en sus interpretaciones de nuestra propia Constitución con el fin de hacer que nuestra Constitución acate el consenso de la opinión mundial.
Imagine lo susceptibles que serán estos Jueces del Tribunal Supremo a la sirena de llamada de un Consejo de Derechos Humanos reformado que reclama un nuevo mandato de legitimidad para definir los derechos humanos como les apetezca como parte del derecho internacional.
Estados Unidos debería continuar en sus trece e insistir en la verdadera reforma. Si perdemos esta batalla y el nuevo Consejo es aprobado por la Asamblea General a pesar de nuestras protestas, deberíamos monitorizar cuidadosamente el historial del Consejo durante los próximos meses.
Si vemos cualquier evidencia de ‘más de lo mismo’, deberíamos retirar inmediatamente toda financiación con la que contribuimos a esta farsa y a todas las conferencias, foros, investigaciones, informes, etc. derivadas hasta que se pongan en marcha cambios significativos.
