¿Quién pagará la millonaria defensa de Nicolás Maduro?

La disputa no gira solo en torno a los cargos de narcotráfico, sino al dinero: ¿quién debe financiar la defensa de Nicolás Maduro en Estados Unidos? Esa pregunta se ha convertido en el nuevo campo de batalla entre Washington y el exmandatario venezolano, justo cuando avanza su proceso en un tribunal federal de Manhattan.

Maduro y su esposa, Cilia Flores —también detenida y acusada— aseguran que es el Estado venezolano quien debe asumir los gastos legales. Alegan que así lo establecen las leyes de su país y sostienen no disponer de recursos propios para afrontar una defensa que podría costar millones de dólares.

Sin embargo, el gobierno estadounidense cierra esa puerta. Argumenta que las sanciones impuestas a Venezuela impiden utilizar fondos públicos para ese fin, y que ambos acusados solo podrían pagar a sus abogados con dinero personal. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que regula estas restricciones, incluso llegó a autorizar temporalmente ese uso de fondos, pero revocó el permiso en cuestión de horas, calificándolo después como un “error administrativo”.

El abogado de Maduro, Barry Pollack, ha elevado la presión al tribunal al pedir que se anule el caso. Sostiene que las limitaciones impuestas por Washington vulneran el derecho constitucional de su cliente a elegir libremente su defensa. Incluso ha advertido que podría abandonar la representación si no se resuelve el bloqueo financiero.

Los fiscales, por su parte, rechazan esa interpretación y aseguran que no existe ninguna interferencia en los derechos del acusado. Insisten en que Maduro y Flores pueden contratar abogados si utilizan recursos propios y subrayan que no tienen derecho a recurrir a fondos de un Estado sancionado.

Expertos legales consideran poco probable que el juez Alvin Hellerstein desestime el caso por este motivo. Señalan que, aunque el conflicto es inusual, la ley no contempla que un acusado pueda financiar su defensa con dinero de terceros bajo sanciones. Aun así, reconocen que el litigio abre un escenario complejo y con escasos precedentes.

El caso recuerda en parte al del panameño Manuel Noriega, quien logró acceder a fondos congelados tras una dura negociación judicial en los años 90. Pero la situación actual introduce un elemento nuevo: Maduro sigue siendo reconocido como presidente por el aparato político venezolano, lo que añade una dimensión inédita al conflicto.

Juristas internacionales advierten que, aunque Venezuela podría reembolsar los gastos fuera del alcance de EE.UU., cualquier pago a abogados dentro del sistema judicial estadounidense debe cumplir estrictamente con las sanciones vigentes. Esto convierte el proceso en un laberinto legal donde la política y el derecho chocan constantemente.

Mientras tanto, el tribunal de Nueva York se prepara para abordar no solo los cargos penales, sino también una pregunta clave que podría marcar el rumbo del juicio: quién paga la factura de una defensa que ya se perfila como histórica.