El Salvador endurece su ley: cadena perpetua a menores por homicidio, violación y terrorismo

La Asamblea Legislativa de El Salvador dio un paso drástico en su estrategia contra la criminalidad al aprobar la cadena perpetua para menores de edad implicados en delitos como homicidio, violación o terrorismo, en el marco de la ofensiva antipandillas liderada por el presidente Nayib Bukele.

La modificación a la Ley Penal Juvenil incorpora esta pena máxima dentro de un régimen excepcional, eliminando los procedimientos diferenciados que antes protegían a los menores en casos graves. Sin embargo, la normativa contempla revisiones periódicas de las condenas para evaluar la posibilidad de una eventual libertad bajo control, dependiendo del nivel de rehabilitación y del riesgo que represente el recluso.

El Congreso, dominado por el oficialismo, ratificó además una reforma constitucional que limita la aplicación de la cadena perpetua exclusivamente a los delitos más graves vinculados a estructuras criminales. La medida obtuvo un amplio respaldo con 58 votos a favor de los 60 diputados.

Desde la presidencia legislativa, Ernesto Castro defendió la decisión asegurando que se trata de una garantía para las familias salvadoreñas, al impedir que criminales peligrosos vuelvan a las calles. En contraste, voces opositoras como la del diputado Francisco Lira advirtieron que la política de seguridad también ha afectado a ciudadanos sin vínculos delictivos, algunos de los cuales continúan detenidos sin un proceso justo.

En paralelo, se reformó el Código Penal para centralizar en tribunales especializados el juzgamiento de casos que puedan derivar en cadena perpetua, tanto para adultos como para menores. Estos juzgados también tendrán la facultad de revisar las condenas: en el caso de menores, tras cumplir 25 años de prisión, y en adultos, después de entre 30 y 40 años.

Hasta ahora, la legislación salvadoreña contemplaba un máximo de 60 años de cárcel, con opciones de reducción por buena conducta o trabajo comunitario, beneficios que quedan desplazados en la nueva normativa.

La jornada legislativa también incluyó la extensión por 30 días más del régimen de excepción, vigente desde hace cuatro años y que permite detenciones sin orden judicial. Según cifras oficiales, más de 91.000 presuntos pandilleros han sido arrestados, aunque alrededor de 8.000 fueron liberados al demostrarse su inocencia. Organizaciones de derechos humanos sostienen que aún hay miles de personas detenidas sin pruebas concluyentes.