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La carrera hacia la presidencia de Perú se ve sacudida por un nuevo escándalo judicial. El Ministerio Público ha solicitado una condena de cinco años y cuatro meses de prisión contra Roberto Sánchez, aspirante presidencial por la izquierda y cercano al exmandatario Pedro Castillo, actualmente en prisión.
La acusación gira en torno a presuntas irregularidades en la información financiera de su partido, Juntos por el Perú. Según la Fiscalía, Sánchez habría consignado datos falsos ante la Organización Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante los comicios de 2018, declarando ingresos inexistentes pese a que, de acuerdo con la investigación, la agrupación recibió más de 200.000 soles en aportes.
Estos fondos, sostiene la acusación, habrían sido canalizados a una cuenta bancaria vinculada a William Sánchez Palomino, hermano del candidato y exresponsable electoral del partido, lo que ha levantado sospechas sobre un posible desvío de recursos.
Desde la defensa, el abogado Carlos García Asenjo rechaza las imputaciones y cuestiona la falta de precisión de la Fiscalía sobre el supuesto uso indebido del dinero. Además, insiste en que la responsabilidad de reportar las finanzas partidarias recae en el tesorero, no en su cliente.
El caso estalla en plena recta final electoral. Sánchez logró avanzar a la segunda vuelta tras imponerse por un estrecho margen a Rafael López Aliaga, en un proceso marcado por denuncias de irregularidades.
El próximo 7 de junio se enfrentará en las urnas a Keiko Fujimori, en una contienda que ahora queda bajo la sombra de la polémica judicial.
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