El Pentágono amenaza con llevar la guerra contra los cárteles al territorio latinoamericano

Estados Unidos estudia ampliar su campaña contra el narcotráfico con operaciones dentro de territorio latinoamericano. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó en Panamá que Washington prepara una estrategia terrestre contra los cárteles, después de haber lanzado ataques contra presuntas embarcaciones utilizadas para transportar drogas en aguas internacionales.

La nueva fase de la ofensiva estaría coordinada con una alianza integrada por 19 países y podría comenzar, según el jefe del Pentágono, mediante acciones conjuntas con Ecuador y Colombia. Hegseth sostuvo que el objetivo es reproducir en tierra el modelo aplicado en el Caribe y el Pacífico oriental.

“Será el mismo efecto en tierra”, declaró el funcionario ante periodistas durante una visita a una zona selvática panameña cuyo emplazamiento no fue revelado. El secretario se encontraba en el país con motivo de unos ejercicios militares en los que participan alrededor de una veintena de naciones.

Una apertura regional

La denominada Coalición Anticárteles de las Américas reúne, entre otros países, a Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras y Perú. México, pese a albergar algunos de los grupos criminales más poderosos de la región, no forma parte de esta alianza.

Hegseth afirmó que cualquier organización que trafique drogas o represente una amenaza para ciudadanos estadounidenses o países aliados podrá convertirse en blanco de las operaciones. Para reforzar su advertencia, comparó a los cárteles con el Estado Islámico y Al Qaeda.

El funcionario mencionó también a los grupos armados que aún operan en Colombia y aseguró que Washington los considera “objetivos legítimos”. Su mensaje abarcó desde las redes dedicadas al tráfico de cocaína hasta las estructuras vinculadas al fentanilo en México.

Al menos 215 muertos

La Administración de Donald Trump inició en septiembre una campaña de bombardeos contra presuntas lanchas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental. Las operaciones han causado, hasta el momento, al menos 215 muertes, según el balance citado en la información.

Diversos juristas y organizaciones defensoras de los derechos humanos han cuestionado la legalidad de estos ataques y han advertido de que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.

Hegseth rechazó las críticas y defendió una política de máxima contundencia. “No vamos a pasarlos por un proceso judicial donde sabemos que serán liberados”, afirmó. “Vamos a destruir estas redes con todas las capacidades del Gobierno estadounidense”.

El secretario insistió en que su advertencia no es retórica: “Lo decimos en serio”. Con esa declaración, Washington abre la puerta a una escalada de sus operaciones antidrogas, cuyo alcance y marco jurídico aún no han sido detallados.