El 21 de diciembre de 2025, unidades de la Guardia Costera de Estados Unidos persiguieron un nuevo buque petrolero operando en las inmediaciones de aguas venezolanas. Fue el tercer incidente en menos de dos semanas, una secuencia que confirma un viraje claro: Washington ha abandonado la pasividad sancionatoria y ha optado por la aplicación física y operativa del bloqueo.
No se trata de episodios aislados. Es una decisión estratégica.
Según fuentes estadounidenses, los buques interceptados forman parte de la llamada “flota oscura” de Venezuela: tanqueros que navegan con transpondedores apagados, documentación falsificada y estructuras empresariales opacas diseñadas para lavar crudo sancionado en los mercados internacionales.
20 de diciembre: la incautación del Centuries
Un día antes, el 20 de diciembre, las autoridades estadounidenses incautaron el buque Centuries, de bandera panameña, acusado de transportar petróleo venezolano en violación directa de las sanciones internacionales.
El régimen de Caracas respondió con su retórica habitual, denunciando “piratería”. Sin embargo, evitó explicar por qué un Estado supuestamente soberano depende de redes clandestinas, empresas pantalla y rutas ilícitas para vender su principal recurso.
10 de diciembre: el precedente del Skipper
La escalada comenzó el 10 de diciembre, cuando EE. UU. confiscó el buque Skipper, previamente sancionado por facilitar exportaciones ilegales de crudo venezolano.
Ese fue el punto de inflexión: Estados Unidos dejó de tolerar la evasión y comenzó a suprimirla activamente. Desde entonces, la pauta es inequívoca: el riesgo ya no es financiero, es operativo.
La doctrina Trump: cortar ingresos, no negociar con impunidad
El presidente Donald Trump ha ordenado lo que en la práctica constituye un bloqueo naval selectivo contra el comercio petrolero venezolano, presentado como una alternativa a la guerra convencional pero con efectos potencialmente devastadores para el régimen.
La Casa Blanca sostiene que los ingresos petroleros de Maduro no financian bienestar social, sino represión interna, redes de narcotráfico y supervivencia política. Cortar ese flujo es visto ahora como una necesidad de seguridad hemisférica, no como un gesto diplomático.
La crudeza del lenguaje presidencial coincide con una lógica estratégica clara: los regímenes autoritarios colapsan antes por asfixia financiera que por condenas retóricas.
Un mensaje directo a Moscú
La ofensiva incluye un mensaje implícito —pero inequívoco— a Rusia. La Cancillería rusa ha protestado por lo que califica como “militarización” de las sanciones. Sin embargo, su margen de maniobra es limitado.
Con la guerra en Ucrania empantanada, costosa y políticamente desgastante, Moscú carece de capacidad real para proteger a aliados periféricos como Maduro. El Caribe no es el Donbás, y la influencia rusa en la región es hoy más simbólica que efectiva.
Para Europa, el mensaje es contundente: Estados Unidos actuará incluso en solitario cuando la inacción multilateral favorezca a regímenes criminales.
Venezuela, expuesta como lo que es: un Estado criminalizado
Las interdicciones navales refuerzan una evaluación compartida por servicios de inteligencia occidentales: Venezuela ha dejado de operar como un Estado convencional y funciona como una estructura híbrida, donde petróleo, narcotráfico y represión forman un mismo entramado.
La ofensiva naval no es castigo; es contención estratégica.
Un punto de quiebre con impacto regional
El Caribe vuelve a ser un teatro estratégico. Al interceptar físicamente buques petroleros, Washington ha elevado el costo de hacer negocios con el chavismo a niveles insostenibles, no solo para Caracas, sino para intermediarios, aseguradoras y países terceros.
El mensaje para Europa, Asia y América Latina es inequívoco:
comerciar con el petróleo venezolano ya implica un riesgo directo y tangible.
Maduro podrá hablar de imperialismo. Moscú podrá emitir comunicados.
Pero la realidad es simple: la era de la evasión impune de sanciones ha terminado.
Y esta vez, no se aplica con discursos, sino con barcos.
