Los delirantes argumentos del sandinista Ortega para proscribir partidos, candidatos y periodistas en Nicaragua

Lo más probable es que el somnoliento Joe Biden no haga nada, al estilo del malhadado Jimmy Carter, pero EEUU es plenamente consciente de la tragedia que se abate sobre Nicaragua.

El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, ha avisado este viernes de que las detenciones de periodistas y acciones contra opositores son “otro alarmante paso contra la democracia” en el país.

En concreto, Price se ha referido a las “acciones” contra la candidata presidencial opositora Cristiana Chamorro Barrios, a quien el régimen de Daniel Ortega acusa de lavado de dinero, y la Fundación Violeta Barrios, así como al allanamiento de medios de comunicación como ‘El Confidencial’ y detenciones de periodistas que cubrían el suceso.

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“Las elecciones libres y justas se ven socavadas cuando los medios independientes están bajo asedio y los líderes de la oposición no pueden postularse”.

La Policía de Nicaragua allanó este jueves las oficinas de figuras críticas con el Gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional de Ortega, así como el medio de comunicación ‘El Confidencial’ y otras sedes de diferentes medios de comunicación, llegando a detener a algunos profesionales.

Asimismo, los agentes intervinieron la sede de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia (FVBCH), dirigida hasta enero por Cristiana Chamorro Barrios.

También entraron a la oficina de su hermano, Carlos Fernando Chamorro, director de ‘El Confidencial’ y dos programas de televisión. El cámara de televisión Leonel Gutiérrez habría sido detenido, aunque posteriormente liberado, y equipos de televisión confiscados.

Todo lo anterior no es más que una muestra de la ofensiva para decapitar a la oposición, que pretende enfrentarlo en las elecciones del próximo noviembre, del tirano Daniel Ortega y de su esposa la vicepresidenta Murillo.

En menos de 24 horas el tribunal electoral, que es un instrumento del dictador al estilo de lo que ocurre en la Venezuela chavista, eliminó dos partidos opositores y este jueves inició un proceso legal que podría llevar a inhibir, y hasta encarcelar, a Cristiana Chamorro Barrios, la opositora que más alto puntea en las encuestas.

El lunes pasado nueve hombres y dos mujeres acusaron ante el Consejo Supremo Electoral (CSE) al Partido de Restauración Nacional (PRD) —la única formación legal que le quedaba a la opositora Coalición Nacional para participar en las elecciones— de estar en alianza con grupos que contradicen sus principios religiosos. Al día siguiente, en menos de 24 horas, el tribunal electoral eliminó la personería jurídica del PRD y basó su sentencia, entre otras cosas, en que “el reverendo Saturnino Hodgson Cerrato (presidente del partido) se opone a todos los principios cristianos al aliarse en el presente proceso electoral con personas que promueven antivalores que no se corresponden con los principios evangélicos”.

El PRD es un partido de reciente formación, de origen cristiano evangélico, y los “antivalores” que menciona la sentencia del tribunal electoral son “la provocación de muerte desde el seno materno mediante el aborto, la homosexualidad, el lesbianismo y la injusticia”.

“Es una arbitrariedad hasta absurda”, dice Miguel Mora, precandidato del PRD.

“Es un partido político, no es una iglesia, y un partido político tiene sus estatutos y puede hacer alianzas de hecho y de derecho si así lo amerita. Es tan absurdo que yo no veo cómo lo puedan sustentar jurídicamente”.

Este partido era la única opción legal que le quedaba al bloque opositor denominado Coalición Nacional, que agrupa a varias organizaciones de la sociedad civil, algunas de ellas nacidas de las protestas del 2018.

El grupo que impugnó al PRD se identificó como “pastores evangélicos”, no pertenecen a ese partido y son personas ligadas al gobernante Frente Sandinista.

“Ni los conocemos, ni han sido miembros del PRD, ni tienen nada que ver con el PRD”.

Al mismo tiempo, el tribunal electoral anuló la personaría jurídica del Partido Conservador, aduciendo que este partido manifestó su intención de no participar en las elecciones convocadas para noviembre próximo ante la falta de garantías de libertad y transparencia. La ley electoral nicaragüense contempla que el partido político que no participe en un proceso electoral pierde su personería legal. Alfredo César, presidente del Partido Conservador considera que el fallo del Consejo Supremo Electoral es una aberración jurídica porque está sentenciando algo que no ha ocurrido.

“Están juzgando una intención y no un hecho”.

Trampas electorales

• 1- Árbitros electorales leales: El 4 de mayo pasado la Asamblea Nacional, de amplia mayoría sandinista, eligió un nuevo Consejo Supremo Electoral dado que todos los magistrados anteriores (siete propietarios y tres suplentes) mantenían sus cargos con tiempos vencidos. En lugar de avanzar en la despartidización del máximo órgano electoral, como han pedido diversas misiones de observación electoral, o darle alguna pluralidad a su composición, como exigen algunos sectores de oposición, los diputados eligieron a siete militantes sandinistas, propuestos por el Frente Sandinista, y otros tres que, aunque fueron propuestos por partidos distintos, son reconocidos simpatizantes del régimen, de tal forma que la composición del tribunal electoral quedó “diez de diez” a favor de Ortega.
• 2- Partidos políticos limitados: Los diversos movimientos políticos de oposición surgidos tras la rebelión de abril 2018 no pudieron organizarse en un partido político propio para disputar el poder, dado los mecanismos de control que el régimen tiene sobre la aprobación y eliminación de partidos políticos. “Nicaragua es uno de los países de América Latina que tiene la mayor cantidad de requisitos para formar un partido político. Es restrictivo para el nacimiento de nuevas fuerzas políticas”, apunta José Antonio Peraza, experto electoral e integrante de la opositora Coalición Nacional. “No hay posibilidad que participen las organizaciones de la sociedad civil. El sistema está hecho única y exclusivamente para los partidos políticos. El artículo 80 de la Ley Electoral limita la formación de alianzas y establece que debe haber un partido nodriza bajo el cual deben ir todos los demás. Eso es grave”. Ante esta situación, la oposición se agrupó alrededor de dos partidos tradicionales, el Partido de Restauración Democrática (PRD) de perfil religioso evangélico y Ciudadanos por la Libertad (CxL), de corte liberal. Las diferencias entre estos dos partidos impidieron que la oposición se inscribiera unida en una alianza.
• 3- Amenaza de inhibiciones: Sobre los opositores pende una especie de “espada de Damocles” pues en los últimos meses el régimen de Ortega se cuidó de aprobar una serie de leyes que impedirían las candidaturas de opositores por razones que van desde recibir financiamiento externo hasta participar en protestas bajo el cargo de “traición a la patria”. “El Congreso aprobó el 21 de diciembre de 2020 la Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, iniciativa que penaliza con el impedimento para optar a cargos públicos de elección popular a quienes sean declarados como traidores a la patria”, expuso Luis Almagro en la reunión del Consejo Permanente de la OEA del miércoles pasado. “Podrán ser penalizadas como tales de acuerdo a la citada ley aquellas personas que alteren el orden constitucional; quienes propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones; quienes demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos; quienes realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía y autodeterminación; quienes inciten a la injerencia extranjera en asuntos internos; todos los que lesionen los intereses supremos de la nación; quienes fomenten o insten a actos terroristas, entre otros”, agregó.
• 4- Observación electoral controlada: Las nuevas reformas a la ley electoral introducen el término “acompañamiento electoral” en lugar de “observación electoral”, con lo que busca quitarle colmillos a la fiscalización nacional y extranjera.
• 5- Control policial de la actividad política: Las reformas electorales aprobadas por el régimen otorgan a la Policía Nacional la facultad de autorizar o impedir manifestaciones políticas, lo que, a criterio de la oposición, legalizó el estado policial que existe en Nicaragua desde abril 2018. Actualmente la Policía impide cualquier manifestación política pública e incluso ha llegado a interrumpir reuniones en casas u hoteles y restringe la movilización de las caras más visibles de la oposición a través de cercos a sus casas de habitación o con asedio y persecución policial cuando se movilizan. “Legalizaron la acción de la Policía de ser la rectora de cuáles manifestaciones se pueden dar y cuáles manifestaciones no se pueden dar”, explica el analista político Edgard Parrales. “Incluso le da autoridad a la Policía la facultad para decidir sobre reuniones internas. Dan un control total a la Policía, siendo que el jefe máximo de la Policía, por ley, es Daniel Ortega, quien a su vez sería el candidato del Frente Sandinista”. La reciente reforma electoral otorga a la Policía el control y autorización de las actividades políticas y electorales.
• 6- Trampas en calendario electoral: El mismo 6 de mayo en que fue juramentado el nuevo tribunal electoral se hizo publico el calendario electoral que estableció, entre otras fechas el 12 de mayo como límite para la inscripción de alianzas y hasta el 2 de agosto para la inscripción de candidatos. La trampa, según la oposición, está en acortar el tiempo de las alianzas con el propósito de que las fuerzas opositoras no se unieran, tal como efectivamente sucedió.

Oposición dividida

Ante este juego de dados cargados, hay un convencimiento casi generalizado de que solo la oposición unida podría derrotar a Daniel Ortega en las elecciones del próximo 7 de noviembre, al ofrecer un solo bloque que agrupe todo el descontento y estimule la votación masiva.

La última encuesta de Cid de Cid Gallup, realizada en enero pasado, señala que el 62 por ciento de los ciudadanos no se identifican con partido político alguno y otorga al Frente Sandinista un 25 por ciento de simpatías. Los grupos opositores organizados consiguen niveles de aprobación por debajo del 4 por ciento.

Si la unidad es la estrategia para derrotar a Ortega, la oposición organizada hizo justamente lo contrario, selló su división en dos bloques, Coalición Nacional y Alianza Ciudadana, el juego político que más le conviene al régimen. Este miércoles, al filo del plazo que impuso el Consejo Supremo Electoral, se inscribió la alianza encabezada por Ciudadanos por la Libertad (CxL), dejando por fuera a las organizaciones que se agruparon en la llamada Coalición Nacional, a la que solo le quedaría como opción participar en la casilla del Partido de Restauración Democrática (PRD).