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La pieza 5 de la causa conocida como ‘Tándem’ vuelve reabrirse, y con ella los problemas para Corinna Larsen.
Manuel García Castellón, juez de la Audiencia Nacional, ha decidido esclarecer si la empresaria se hizo con los servicios del comisario Villarejo –en prisión provisional desde noviembre de 2017–, ahora ambos tendrán que dar la cara como imputados el próximo 8 de septiembre de 2020.
La investigación trata de los presuntos encargos de Corinna a Villarejo, todos desvelados como parte de las conversaciones mantenidas entre ambos y que fueron grabadas por el comisario. Precisamente en una de ellas fue en la que la alemana desveló los supuestos negocios opacos del Rey Juan Carlos en los que, según afirmaba, fue utilizada como testaferro.
Pero no son los únicos imputados, el juez también imputó Rafael Redondo, exsocio de José Manuel Villarejo en el Grupo Cenyt y al expresidente de telefónica Juan Villalonga.
‘Carol’ -por el nombre que utilizaba Villarejo para referirse a la empresaria alemana– fue archivada provisionalmente el 7 de septiembre de 2018 por el anterior instructor de la macrocausa, Diego de Egea, quien no veía indicios para continuar investigando ni al comisario jubilado ni a su socio y aseguraba que no había «datos» ni «documentaciones» que prueben las afirmaciones que hizo la empresaria alemana sobre el Rey emérito sobre supuesto cobro de comisiones.
En el auto de este lunes, García Castellón explica que después del sobreseimiento provisional, el juzgado ha recibido diversos oficios policiales en los que se ha analizado el material intervenido en los domicilios de los investigados en esta pieza y la solicitud de cooperación judicial remitida por la Fiscalía suiza en relación con estos hechos, por los que el Ministerio Público de aquel país interesaba la colaboración de la Audiencia Nacional por la conexión entre ambas investigaciones.
En estos momentos García Castellón considera que debe esclarecerse si el encargo llegó a materializarse y si se abonó cantidad por ello, lo que en tal caso podría constituir delitos de cohecho activo y pasivo en los que habrían intervenido los investigados por los delitos cometidos en España.
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