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Casa Real contraataca a Moncloa: el Rey Felipe anticipa la imputación penal de Pablo Iglesias

Zarzuela se defiende de los ataques señalando los presuntos delitos del instigador: el vicepresidente del Gobierno

David Lozano 29 Jul 2020 - 15:42 CET
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Lo venimos contando en primicia en Periodista Digital, el ataque contra Casa Real se está orquestando desde Moncloa. Las discrepancias entre la Monarquía y el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias son cada día más evidentes. Desde Podemos están presionando para desprestigiar la imagen de la familia real y forzar a un referéndum entre monarquía y república.

Una ‘cruzada’ que, de cara al público, no estaría apoyando al PSOE, ya que cuenta con su propio ‘plan B’: un ataque por dos frentes distintos.

Pablo Iglesias ya ha recibido la advertencia de Moncloa. “Puedes atacar a Juan Carlos, pero olvida a Felipe VI”, dicen fuentes del partido morado.

Y es que del actual Rey se ‘encarga’ Sánchez. Luis María Anson ‘desveló’ el gran plan del PSOE para destruir a Casa Real: “Plantear una crisis constituyente y presentar a la nación una nueva Constitución”.

En un artículo titulado ‘Crisis Constituyente’, el periodista adelanta que uno de los objetivos es acabar con la Monarquía, lo que situaría a Pedro Sánchez en la historia como el primer presidente de la III República.

Pero Casa Real no ha cruzado de brazos. Además de las ‘reuniones de Estado’ que a espaldas de Moncloa se están celebrando en Zarzuela, desde la Casa del Rey se airea el oscuro futuro judicial que le espera el vicepresidente segundo del Gobierno: bordea la imputación por el «caso Dina Bousselham», la exasesora de Podemos que denunció el robo de su móvil en 2015 y cuya tarjeta SIM tuvo en su poder Iglesias durante seis meses antes de entregársela inutilizable.

Además de la investigación del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, Fiscalía Anticorrupción tiene una denuncia contra Iglesias por seis delitos, que también se dirige contra la propia Bousselham, su abogada, Marta Flor –también fue de Pablo Iglesias– y uno de los fiscales Anticorrupción del caso, Ignacio Stampa, que supuestamente habría facilitado a la letrada información reservada. Fiscalía también investiga si la relación de Stampa con la abogada pudo condicionar su actuación procesal.

Zarzuela recuerda: el juez achaca penalmente al líder de Podemos un delito de daños informáticos y otro de apoderamiento de datos reservados de carácter personal. El primero castiga con penas de seis meses a tres años de cárcel. El segundo prevé penas que pueden alcanzar los cuatro años de prisión, además de multa.

Casa Real explica a influyentes personalidades con calado en la opinión pública que el vicepresidente de Sánchez borró la tarjeta y podría haber incurrido en un delito de daños informáticos o de falsedad documental –un dispositivo aportado al juzgado «aunque no sea escrito es técnicamente un documento»,– en concurso medial (cuando es necesario perpetrar un delito para cometer otro) con el que sería el delito principal, que consideran que podría tratarse, según «la intención real» con la que se lleva a cabo esa conducta, bien de una simulación de delito o denuncia falsa, bien de un delito de obstrucción a la justicia o estafa procesal.

El tribunal puede imponer una pena superior a la que comporta el delito más grave.

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