El naufragio del Ministerio de Igualdad en manos de la Banda de la Tarta y las perroflautas del PSOE

Un desastre con patas.

En los últimos siete años, España ha sido testigo de una expansión de políticas de igualdad sin precedentes y de la gestión más nefasta que uno puede imaginar.

La duda es si sólo es ineptitud o encima coincide con mala intención.

Porque no es posible hacerlo peor ni queriendo.

Al frente, el Ministerio de Igualdad —bajo la dirección de Irene Montero y su equipo friki guay, conocido como la “banda de la Tarta”— ha gestionado una inversión pública que ronda los 3.160 millones de euros.

En teoría, el objetivo era ambicioso: eliminar la violencia de género, proteger a las víctimas y posicionar al país como un referente mundial en derechos femeninos.

Sin embargo, los datos recientes han puesto en tela de juicio la efectividad de estas políticas. El balance se asemeja más a un catálogo de fracasos que a un relato triunfante.

Entre las iniciativas más destacadas se encuentra la implementación de pulseras telemáticas para agresores, presentadas como una solución innovadora para garantizar la seguridad de las víctimas.

Pero estas promesas se han traducido en un sonoro fracaso. A pesar del considerable desembolso económico, informes recientes indican que estas pulseras han fallado en numerosos casos críticos, sin lograr prevenir agresiones ni ofrecer la protección prometida.

La frustración entre las asociaciones de víctimas y la ciudadanía es palpable: la sensación de inseguridad no solo persiste, sino que se ha intensificado.

El efecto bumerán de la Ley del ‘solo sí es sí’

Una norma que ha dominado el debate político y judicial en los últimos tiempos es la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida popularmente como ley del “solo sí es sí”. Promulgada en 2022 como un símbolo del feminismo institucional, esta legislación fusionó los delitos de abuso y agresión sexual bajo un único tipo penal y redujo las penas mínimas. Al fusionar tipos penales diferentes con diferente gradación de penas se produjo el resultado de que las conductas más graves vieron rebajado el castigo en años de cárcel. De ahí la liberación de más de 140 violadores que vieron eliminada su condena y salieron a la calle y también la rebaja en años de cárcel a más de 1.400 delincuentes sexuales.

La justificación para tal cambio legislativo no pudo ser más pueril: «colocar el consentimiento en el centro». Una estúpida falacia como pocas se han visto en política. Y es que en un juicio por violación o agresión sexual es necesario superar la presunción de inocencia del acusado. Nunca se ha cuestionado si ha habido consentimiento o no por parte de la víctima puesto que ya se presupone que en este tipo de delitos no hay tal aceptación por parte de la persona dañada.

Pero Irene Montero y su corte prefirieron tergiversar con ideología cutre los procedimientos judiciales y a lo que son simples preguntas de jueces o fiscales para acreditar la oposición de la víctima a tener relaciones sexuales, lo llamaron cuestionamiento de la víctima. En su paranoia, las feministas radicales ‘monteriles’ llegan a afirmar que el simple testimonio de una mujer en caso de violación es probatorio bajo la máxima «hermana yo si te creo». Sin embargo, toda persona puede mentir, por lo que para probar la comisión del delito no basta con un testimonio sin pruebas que lo respalden. Esa es la base de la presunción de inocencia que rige en cualquier estado de derecho. Y esa base incluye también a los delitos por violación.

Casos mediáticos como el relacionado con “La Manada” han vuelto a ocupar titulares: dos condenados han visto reducidas sus penas de 15 a 14 años gracias a la nueva normativa penal introducida por esta ley. Esto ha generado una fuerte indignación social y un acalorado debate sobre la (in)capacidad del Estado para proteger a las víctimas.

Un 90% más de violaciones: ¿avances o retrocesos?

Uno de los datos más alarmantes es el incremento del 90% en las violaciones denunciadas durante el tiempo que han estado vigentes estas políticas. A pesar del arsenal legislativo y los ingentes recursos invertidos, los delitos sexuales no solo no han disminuido; por el contrario, han experimentado un aumento sin precedentes en la historia reciente de España. Aumento de violaciones que coincide con el incremento de población extranjera en España que hemos sufrido en estos años.

Los datos del Ministerio del Interior no dejan lugar a dudas. En 2023, el porcentaje de extranjeros acusados o investigados por violación o agresión sexual se situaba en un 37,3% del total, cuando la población extranjera en nuestro país apenas alcanza el 15%. Además, esta cifra ha ido aumentando de forma paulatina desde 2017, del que datan los primeros registros. Otro dato demoledor es que los inmigrantes de origen africano, siendo el 2% de la población cometen el 20% de las violaciones en nuestro país.

Entre la ideología y la gestión: la herencia de la “banda de la Tarta”

No solo desde la oposición se critica el legado del Ministerio de Igualdad y sus aliados —los llamados “perroflautas del PSOE”— por su enfoque ideológico y su escasa capacidad para gestionar eficazmente. Desde dentro mismo del Gobierno también surgen voces cuestionando tanto la eficacia real de las iniciativas emprendidas como la falta de evaluaciones rigurosas sobre los resultados obtenidos. La ley del “solo sí es sí” provocó tensiones dentro de la coalición gubernamental e impulsó una reforma destinada a endurecer nuevamente las penas apenas un año después.

Mientras tanto, el flujo constante de fondos públicos ha alimentado una red compuesta por asociaciones, campañas y estructuras paralelas cuyo impacto real resulta difícil medir. Se prometieron recursos para casas refugio, asistencia psicológica y programas destinados a reintegrar socialmente a las víctimas; sin embargo, predomina una sensación generalizada: parece que burocracia y propaganda han pesado más que acciones efectivas.

El presunto interés del Gobierno por garantizar la seguridad de las mujeres no se traduce en políticas consecuentes con tales fines. Así, las asociaciones profesionales de la Guardia Civil denunciaron tiempo atrás que en la Benemérita sólo tienen 1 agente para proteger a 60 mujeres amenazadas. Sin embargo, el dinero en el Ministerio de Igualdad nunca ha faltado para financiar todo tipo de despropósitos ideológicos

El humor como refugio ante el desastre

En los pasillos del Congreso no faltan quienes se permiten ironizar sobre lo que llaman “la banda de la Tarta”, recordando aquellos desayunos multitudinarios y sesiones destinadas al “empoderamiento” que poco han cambiado para quienes realmente sufren. Algunos bromean indicando que deberían haber probado primero las pulseras telemáticas en sede ministerial antes que confiarlas a agresores potenciales debido a su dudosa fiabilidad. Otros apuntan con acidez que los fondos invertidos habrían alcanzado para repartir tartas —y no precisamente metafóricas— entre toda España.

Curiosidades y datos para no perder la perspectiva

• El presupuesto asignado al Ministerio de Igualdad durante este periodo asciende a 3.160 millones de euros, superando incluso el PIB anual correspondiente a varias provincias españolas.
• Las penas rebajadas y excarcelaciones resultantes por aplicación directa del “solo sí es sí” han sobrepasado cualquier previsión inicial, forzando así una reforma urgente.
• La conocida “banda de la Tarta” debe su apodo a una famosa imagen viral donde aparece Montero celebrando con una tarta durante momentos críticos legislativos.
• Pese al torrente crítico recibido, algunas asociaciones defienden todavía que el aumento en denuncias representa un avance social; no obstante, sigue vigente el debate acerca de si estas políticas públicas son realmente efectivas.

Surge entonces una pregunta inquietante: ¿logrará la próxima legislatura convertir esos millones invertidos en resultados palpables o continuaremos sumando leyes polémicas junto con tartas fallidas?