La ‘indepe’ Laura Borràs es sentenciada a cuatro años de cárcel por adjudicar contratos a dedo

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha sentenciado a la presidenta suspendida del Parlamento Catalán, Laura Borràs, por fraccionar contratos cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILC) entre 2013 y 2017.

La también presidenta de Junts per Cat (JxCat) ha sido condenada a cuatro años de cárcel por el caso de corrupción. Sin embargo, de acuerdo a El Món, la sentencia recoge la petición de indulto para disminuir la pena a dos años y a inhabilitación.

Todo pese a que la Fiscalía solicitaba seis años de cárcel, 21 de inhabilitación política y una multa de 144.000 euros para Borràs por presuntamente haber cometido los delitos de prevaricación y falsedad documental. La de JxCat se negó a reconocer haber incurrido en los delitos para obtener una rebaja en la condena.

La causa le encontró culpable de fraccionar contratos para adjudicarlos sin licitación al informático Isaías Herrero cuando se encontraba al frente de ILC. Pese a ello, en el auto emitido por la Sala Civil y Penal del TSJC se pide que la independentista no entre en prisión, ya que estima que que la pena es excesiva.

Según El Món, la resolución refleja el voto de la magistrada María Jesús Manzano, que aboga por la inhabilitación pero se opone a la entrada a prisión.

El informático

Por su parte, el otro implicado en la causa, el informático Isaías Herrero, sí confesó haber participado en el caso de corrupción.

En un principio, la Fiscalía solicitaba seis años de cárcel pero después del pacto, la pena fue disminuida a dos años de cárcel y cinco años y cuatro meses de inhabilitación para desempeñar cualquier cargo público.

Herrero confesó cómo se tejió la malversación al indicar que siendo Borràs la máxima responsable de la ILC le dijeron que le «pagarían mediante contratos de obra y servicio que no podían sobrepasar los 18.000 euros, pero como el trabajo encomendado superaba esta cifra había que dividirlo en diversos contratos».

El informático también declaró que estos se trataban de contratos de trabajo encubierto.