Sánchez: «Me puedo entender con Podemos para aprobar un IMV, no para que jueces estén a sueldo de Iglesias»

Es ‘palabra de Pedro Sánchez‘.

Al presidente del Gobierno de España le sucede tres cuartas partes de lo que le pasa y le aqueja a su socio de Unidas Podemos, una hemeroteca que es tan insalvable como un muro.

El inquilino de La Moncloa, que se ha puesto como objetivo cambiar a su gusto (y el de Pablo Iglesias) el gobierno de jueces y fiscales, olvida sus palabras en el año 2016, cuando entonces aspiraba a alcanzar el poder tras la renuncia de Mariano Rajoy a una investidura después de que los resultados de las elecciones de diciembre de 2015 dejaran un panorama imposible para la conformación de Gobierno.

Por aquel entonces, el hoy presidente del Gobierno socialcomunista aseguraba sin ningún tipo de rubor que él no iba a estar haciendo chalaneo con los podemitas para estar eligiendo magistrados que fueran de su gusto.

Es más, añadía que, a lo sumo, estaba dispuesto a alcanzar acuerdos para negociar y sacar adelante el ingreso mínimo vital, pero no para tocar el CGPJ:

Me puedo entender con Podemos para aprobar un Ingreso Mínimo Vital pero no para que jueces y fiscales estén a sueldo de Iglesias y Monedero.

En programas como ‘laSexta Noche‘ o ‘El Programa de Ana Rosa‘ (Telecinco) afirmaba tajantemente que él no estaba por la labor de meterse en la elección o la renovación del Consejo General del Poder Judicial y hasta llegaba a proponer que los mismos fuesen elegidos por los ciudadanos:

Estoy dispuesto a recortar el poder de decisión del Partido Socialista en la renovación de todos esos órganos. Estoy dispuesto a que el Partido Socialista no sea quien proponga a los miembros del gobierno del Consejo General del Poder Judicial porque yo soy de los que cree que estas comodidades del bipartidismo a quien han hecho peor ha sido al Partido Socialista. Y por tanto creo que tiene que ser una comisión de expertos quien filtre a aquellas personas que se consideren capaces de gobernar a los jueces. Tienen que ser los expertos y no los partidos políticos. A mí tampoco me importaría que la Fiscalía General del Estado fuese elegida directamente por los ciudadanos.

Ahora, tal y como reza el editorial de El Mundo de este 14 de octubre de 2020, Sánchez busca el atajo para orillar al CGPJ, al Consejo Fiscal y al Consejo de Estado, aun a sabiendas de que se va topar de bruces con la inconstitucionalidad de su acción:

La infame iniciativa mediante proposición de ley no solo imprime más velocidad a la tramitación legislativa –podría estar aprobada en dos meses–, sino que sortea la obligatoriedad de contar con los preceptivos informes de los órganos consultivos: Consejo General del Poder Judicial, Consejo Fiscal y Consejo de Estado. Los orillan porque saben que su dictamen sería de inconstitucionalidad. La pretensión de usar la mayoría Frankenstein para quitar y poner a los jueces que han de juzgar a los aforados –con la imputación de Iglesias planeando sobre la escena– viola el artículo 122 de la Constitución, que exige mayoría reforzada de tres quintos, como también la sentencia del Tribunal Constitucional de 1986, que avaló la reforma de 1985.