Bolaños viaja al Vaticano para negociar la expulsión de los monjes del Valle de los Caídos

Félix Bolaños viaja hasta Roma para negociar la expulsión de los monjes del Valle de los Caídos.

Según publica ‘El Confidencial’, el ministro de Presidencia encabeza la delegación española que participa en el octavo consistorio convocado por Bergoglio. Se trata de un importante evento donde el Papa creará una veintena de nuevos cardenales, entre ellos, el español Fernando Vérgez, legionario de Cristo y actual ‘alcalde’ del Vaticano.

Si bien se trata del primer acto oficial de Bolaños como sucesor de la exvicepresidenta Carmen Calvo al frente de las relaciones con la Iglesia, la mayor relevancia está en su gran meta: evitar una importante crisis con la Iglesia Católica mientras se asalta al Valle de los Caídos.

Es solo uno de los grandes temas pendientes. El citado medio recuerda que, además, están sobre la mesa asuntos referentes a la fiscalidad. El Gobierno quiere que la Iglesia pague el impuesto de bienes inmuebles (IBI) y el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO). Desde la Moncloa, se busca un golpe de efecto con el anuncio de que se obliga a la Conferencia Episcopal a pagar las tasas y se acaba con este “privilegio”.

Las negociaciones, según fuentes vaticanas, van por otros derroteros, dado que los obispos no pondrán trabas a esta propuesta, ya que los grandes edificios seguirán exentos y solamente el Estado recaudará de las viviendas y plazas de garaje que alquile o posea la Iglesia. La ley de mecenazgo exime a organizaciones como Cáritas de estas tasas y los colegios, como el resto de fundaciones, tampoco pagarían.

En este sentido, las miradas y tensiones vendrán a cuenta de la polémica Ley de Memoria Democrática. Entre los compromisos del PSOE está la resignificación del Valle de los Caídos y el debate pasa por qué hacer con los monjes que residen allí. La norma aprobada no contempla nada sobre este asunto, que tendrá que abordarse con el arzobispado de Madrid, como ya ocurrió en su día cuando se habló de que los restos de Franco fueran enterrados en la catedral de la Almudena.

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A medida que se acerque la cita electoral de las municipales y autonómicas de mayo de 2023, el Gobierno, como ya hizo con la exhumación del dictador, pondrá el tema sobre la mesa en busca del voto de la izquierda.

Misión cuesta arriba

El plan de exhumaciones que Pedro Sánchez prevé acometer en el Valle de los Caídos, una vez se apruebe definitivamente la llamada Ley de «Memoria Democrática», puede verse frustrado.

Muchas familias -en concreto, 258- ya han manifestado su oposición a que se toquen los restos de sus allegados y avanzan acciones legales en el caso de que el Gobierno los extraiga de las tumbas, los remueva, manipule o someta a pruebas de ADN. La Asociación Para la Defensa del Valle de los Caídos -que representa a estos familiares- confirma que llegarán a «todas las instancias judiciales necesarias» para que se reconozca su derecho de proteger a los allí enterrados.

El principal problema con que se encontrará Sánchez es el propio estado de las tumbas. Un informe forense encargado en 2011 por el Gobierno de Rodríguez Zapatero ya admitió que los restos óseos están esparcidos y mezclados, lo que hace que la inmensa mayoría de las identificaciones sean extremadamente complejas. El propio Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces vicepresidente primero, reconoció que sería «casi imposible» extraer algunos cuerpos.

Los exámenes realizados determinaron que los osarios -que contienen más de 33.000 cadáveres- se encuentran muy deteriorados por derrumbamientos, filtraciones de agua y humedad, además de que los huesos se encuentran entremezclados unos con otros, en mal estado y, en muchos casos, sin posibilidad de separarlos.