Nuevo revés para el que fuera la mano derecha del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez.
El Tribunal Supremo ha resuelto retirar el pasaporte, imponer la prohibición de abandonar el país y presentarse cada 15 días en los juzgados a José Luis Ábalos a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción después de la segunda declaración del exministro de Transporte ante el magistrado Leopoldo Puente.
Solicitud de Anticorrupción
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al Tribunal Supremo que establezca la prohibición del país, que retire el pasaporte y la obligación de presentarse cada 15 días en los juzgados al exministro de Transporte, José Luis Ábalos.
Estas medidas pedidas por Anticorrupción han sido impuestas a Víctor de Aldama y a Koldo García, los otros dos rostros visibles de la presunta trama de corrupción socialista conocida como el caso Koldo.
Ahora corresponde al magistrado que instruye el caso, Leopoldo Puente, decidir sobre la propuesta del Ministerio Público, realizada luego de la segunda declaración en el máximo Tribunal de quien también fuera secretario de organización del PSOE y mano derecha de Pedro Sánchez en su primera Legislatura.
Segunda declaración ante el Supremo
Ábalos declaró hoy por segunda vez en la sede del Tribunal Supremo. Lo ha hecho en calidad de investigado y sin inmunidad parlamentaria en el conocido como ‘caso Koldo’, una presunta trama de corrupción socialista que inició por supuestas irregularidades en la adquisición de mascarillas durante la pandemia pero cuyos negocios se expanden a diversos negocios y salpican a gran parte del Ejecutivo sanchista.
El exministro llegó al Palacio de las Salesas a las 09:33 en taxi, acompañado de sus abogados. En la la calle de Marqués de la Ensenada de Madrid se encontraban una gran cantidad de medios de comunicación pero quien fuera el segundo de Sánchez prefirió no hacer declaraciones ni a la entrada ni a la salida.
El pasado 12 de diciembre, Ábalos acudió de forma voluntaria ante el magistrado Puente y negó haber recibido pagos ni favores por parte de Aldama, ni haber facilitado ni adjudicado contratos públicos para la compra de material sanitario en plena pandemia y ni de obra pública.
