Intentan crear terror, enchironando al ciudadano que llamó 'garrapata' y 'chepas' a líder de Podemos

Frontera declara hoy ante el juez, al que Iglesias, Montero y Delgado han pedido que lo meta en la cárcel

"A los señores marqueses de Galapagar ya no les gusta el jarabe democrático"

Frontera declara hoy ante el juez, al que Iglesias, Montero y Delgado han pedido que lo meta en la cárcel
Miguel Frontera, Irene Montero y Pablo Iglesias. PD

Es una vergüenza y ni siquiera disimulan. En la jugada están Pablo Iglesias, su esposa Irene Montero y Dolores Delgado, la fiscal y ex ministra que se burlaba de su colega Grande-Marlaska ante Villarejo y otros comisarios, tildando al ahora ministro del Interior de ‘maricón’.

En su empeño por meter en la cárcel a Miguel Ángel Frontera, que de manera recurrente se manifiesta ante su chalet de Galapagar, la pareja ministerial ha declarado vía telemática ante el juez. Y piden cárcel para este ciudadano español por varios supuestos delitos, entre ellos el de revelación de secretos, con penas de 1 a 4 años.

Este martes, el hombre que hizo sonar el himno de España ante el casoplón de Galapagar, deberá defenderse de acusaciones que darían risa, sino supiéramos de antemano que desde el Gobierno PSOE-Podemos se presiona sin disimulo a jueces y fiscales.

Según revela Carlos Cuesta en OKdiario este 29 de diciembre de 2020, el vicepresidente y su consorte ministra han descrito al juez en tono dramático el ‘miedo’ que les produce las concentración de manifestantes con banderas españolas y cacerolas en los alrededores de su chalet.

Cuesta entender tanta ‘ansiedad’ y ‘terror’ si se tiene en cuenta que el chalet de Iglesias y Montero esta ‘blindado’ por 20 agentes del Cuerpo Nacional de Policía.

En concreto de la Unidad de Control de Protección -la UCP-. Todo el contingente se distribuye para cubrir los distintos turnos y garantizar una protección plena del perímetro de seguridad de Iglesias.

El plantel abarca la vigilancia estática del casoplón y de la parcela de Galapagar.

E incluye la eliminación de la ya famosa garita en la que se había obligado a estar a la Guardia Civil en el exterior.

La protección pasaba, de ese modo, a estar dispuesta en el interior de la parcela de Pablo Iglesias e Irene Montero. Y allí, también disponen los agentes de capacidad para grabar imágenes.

El control de la seguridad en las inmediaciones continúa en manos de la Guardia Civil, con lo que, de facto, la protección a Iglesias cuenta con dos cuerpos: uno interior y otro exterior.

Se conoce que Pablo Iglesias, cuando instaba a aplicar «jarabe democrático» a los ministros del Gobierno de Mariano Rajoy, pensaba que las familias de estos no se verían afectadas psicológicamente.

O mejor, que si resultaban afectadas era el merecido castigo por ser de derechas.

Es de una hipocresía insultante la querella presentada contra el ciudadano Frontera, no porque Pablo Iglesias e Irene Montero no tengan derecho a ejercer las acciones legales que consideren oportunas, sino porque todos sus argumentos -que si se sienten intimidados, que si las protestas afectan a la familia, que si han llegado a sentir miedo- no los tuvieron en cuenta cuando, por ejemplo, animaron a realizar un «escrache» ante el domicilio privado de la por entonces vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

Cabe recordar que la querella interpuesta por Pablo Iglesias contra el vecino Frontera contempla hasta seis delitos: acoso, descubrimiento y revelación de secretos, desobediencia a la autoridad, alteración del orden público y delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. Estos dos últimos fueron archivados por el juez.

La causa contra Miguel Frontera se instruye en el Juzgado de primera Instancia e Instrucción número 1 de Collado Villalba (Madrid).

A esta causa se ha sumado otra diligencia que se incoaron por iniciativa de la Fiscalía de Madrid, que tiene como máxima responsable a Dolores Delgado, que actuó de oficio contra este ciudadano al que denunció por un supuesto delito de injurias por llevar una pancarta que decía.

«Pablo Iglesias, hijo de terrorista». No sorprende la rápida reacción reacción del Ministerio Público-¿de quién depende la Fiscalía? Del Gobierno.

Pues eso-, pero cuando los acosados eran gente del PP, la Fiscalía no mostró la misma rapidez de reflejos.

Iglesias y Montero, los que consideraban que un «escrache» era un rasgo de justicia democrática del pueblo, quieren meter en la cárcel a un ciudadano que está aplicando a la pareja gubernamental su propia medicina. Eso sí: Miguel Frontera no es de izquierdas, luego carece de derechos.

Te puede interesar

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Lo más leído