Se ha armado mucho revuelo con la fórmula del (des) Gobierno de Pedro Sánchez Pérez-Castejón para apropiarse definitivamente de RTVE, pero no es nada nuevo en el panorama de las radios y televisiones públicas españolas. Todas son hijas y están en mano de diversas dictaduras.
La televisión pública en España es la historia de varias apropiaciones del poder político de turno, empezando por el de Franco cuando creó Televisión Española (TVE – 28 de octubre de 1956) y la hizo depender, como ya ocurría con Radio Nacional de España (RNE – 19 de enero de 1937), del ministerio de Información y Turismo, encargado de la censura y control a los medios de comunicación públicos y privados. Años más tarde, el 24 de junio de 1976, se creó el organismo público RTVE, que agrupó a TVE y a RNE, bajo la supervisión del Ministerio de Hacienda a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), tenedora del 100% de las acciones de RTVE.
De ayer a hoy, los mismos perros pero con distintos collares porque cuando murió el dictador, asumió la jefatura del Estado el Rey Juan Carlos I, se inició la Transición, se elaboró la Constitución, se votó y entró en vigor, se suprimió la llamada Prensa del Movimiento (50 diarios locales, matutinos y vespertinos, una agencia de prensa, 43 emisoras de radio y 12 revistas), pero no se hizo lo mismo con RTVE, alegando, con razón, que los países democráticos sí tenían radio y televisión públicas. Lo que ocurría es que en éstos no mandaba el Gobierno sino un Consejo de Administración independiente formado por asociaciones profesionales y organismos públicos solventes, y, en el caso de la entonces prestigiosísima BBC, presidido por la Casa Real (Royal Charter). En España, por intereses de parte y presiones de los nacionalistas vascos y catalanes, con Javier Arzallus Antía y Jordi Pujol i Soley a la cabeza, que también querían radio y televisión públicas en sus respectivas autonomías para manipularlas a su antojo y pagarlas con dinero del contribuyente, se adscribieron al ejecutivo de turno e, ítem, se permitió que cualquier administración, fuese municipal, provincial o feudal, también las tuviese, incluidos periódicos y agencias de prensa. Además, cada comunidad autónoma es competente para adjudicar por concurso las frecuencias hertzianas de su espacio radioeléctrico. Todo un manojo de poderes para perpetuar tan descarada manipulación, mandar, adoctrinar y colocar a paniaguados y conmilitones. La apoteosis cesarista en su máximo esplendor.
El resultado es que desde entonces las Comunidades Autónomas, menos Cantabria, Rioja, Navarra y Castilla y León, y muchos ayuntamientos, tienen radio y televisión públicas que manejan a su antojo y empobrecen al contribuyente. Y para más inri, en ningún país democrático o dictatorial hay televisiones y radios públicas que fomentan y adoctrinan en el independentismo, como ocurre en Cataluña, algo menos en el País Vasco, y ha ocurrido (y volverá a ocurrir) en algunas etapas con la valenciana y la balear. Algo inaudito y vitriólico para la unidad de España que hemos asumido como corderitos.
A estas alturas no hay partido político de Gobierno que, con o sin mayoría absoluta y el apoyo del principal de la oposición, plantee una ley orgánica que diga que los poderes Legislativo y Ejecutivo no pueden tener medios de comunicación y que las actuales televisiones y radios públicas se regirán en cada territorio por un Consejo de Administración integrado por asociaciones profesionales del lugar (Asociación de la Prensa, Academia de Televisión, Asociación Española de Radio Comercial, Asociación de Revistas de Información, Reales Academias,…) y bajo la presidencia no ejecutiva de la Corona. Ni hay redaños, ni quieren prescindir de su instrumento allí donde lo tienen, ni lo aceptarían los malnacidos secesionistas.
Así que ahora, con el nuevo paso de Sánchez en RTVE, no pongan cara de asombro, unos (PP); hagan cínicas declaraciones, otros (Óscar López Águeda), y callen los taimados (PNV, HB Bildu, ERC, Junts per cat). Si de verdad queremos medios públicos de comunicación independientes y al servicio del ciudadano (aunque ya no sean necesarios para programar lo que no emiten los privados en estos tiempos de redes sociales, satélites, internet y otras zarandajas, por mucho que creen puestos de trabajo), solo se conseguirá con una ley que aleje a los poderes Legislativo y Ejecutivo de su control y sumisión. Lo demás, incluida la Unión Europea, son pamplinas, pan para hoy y hambre para mañana.
