Por optimista que se sea cuesta no caer en el pesimismo al constatar que la cosa pública tiende a empeorar. Como escribió Plauto: “Nada es más miserable que la mente de un hombre consciente de su culpa”. Y añado, y que echa la culpa a los demás jugando al victimismo: “trastorno paranoide de la personalidad, en el que el sujeto adopta el papel de víctima a fin de culpar a otros de conductas propias y enarbolar la compasión de terceros como defensa a supuestos ataques”. ¿Le suena?
En los últimos días hemos contemplado una sucesión de acontecimientos en el Congreso de los Diputados que reflejan con nitidez la pauta que está aplicando Pedro Sánchez Pérez-Castejón para garantizar su supervivencia política y su protección jurídica en el postsanchismo, si es que llega.
Para lo primero continúa cediendo a las exigencias de los parlamentarios que le sostienen en el Congreso: independentistas, filo terroristas, comunistas y populistas. Ora al PNV, ora a Euskal Herria Bildu, ora a Junts per Catalunya, ora a ERC, ora al BNG, ora a Podemos, ora a Sumar. No importa que algunas cesiones sigan desgarrando España, borrando sus símbolos en territorios patrios y orillando a todos los que no votan al número 1 ni a sus sostenedores, aunque sean más de la mitad de los españoles. Trincheras y más trincheras, muros y más muros para dividir y separar en lugar de derribar barreras, coser, unir y conllevar.
Para lo segundo, garantizar su protección jurídica, la de su mujer y la de su hermano, si algún día llega el postsanchismo, Sánchez continua su estrategia de impunidad a largo plazo mediante la apropiación y ocupación de instituciones del Estado que actúen en su momento como oposición a un Ejecutivo de distinto signo o a investigaciones judiciales de su persona y su familia por responsabilidades de toda índole. Hasta el momento y gracias a la intervención de la Unión Europea (UE) solo ha fracasado en el secuestro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), organismo clave para asignar jueces y presidir el Tribunal Supremo, con su Sala Segunda como clave de arco que resuelve definitivamente los recursos de casación y revisión sobre cuestiones criminales, además de ser el órgano constitucionalmente competente –por más que se empecine el Presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido Tourón, en ser él la Casación- para enjuiciar a los diputados, senadores y miembros del Gobierno de España. Y por ello es la única sala mencionada específicamente por la Constitución Española (CE) de 1978, que le atribuye competencias exclusivas en esta materia (arts. 71 y 102 CE).
Aunque solo fuese por impedir que el Poder Judicial haya caído en sus manos y siga siendo independiente, los españoles de bien debemos estar agradecidos a la UE… y a la Presidenta y miembros del actual CGPJ, pese a que el Parlamento Europeo valide a la radical, ineficaz y escondida Teresa Ribera Rodríguez como vicepresidenta para la Transición Limpia, Justa y Competitiva (no me dirá usted que el nombrecito no tiene guasa) de la nueva Comisión Europea.
