¿Tiene claro por qué son una ruina las televisiones públicas españolas?

El análisis, que comienza con una larga reflexión sobre el papel del Estado, lo hace este 26 de noviembre de 2013 Fernando Méndez Ibisate en ‘El Economista’.

Tras hacer una rapido repaso sobre derechos y hablar un poco de Sanidad y Educación, profesor de la Universidad Complutense de Madrid Méndez Ibisate, aclara que todo esto viene a colación de la provisión pública, despojando dinero ajeno y como fórmula redistributiva, de información, entretenimiento o cultura, que eso es lo que hacen -cuando lo hacen- las televisiones:

Aquí, todavía, sigue pareciéndonos un atentado a la libertad de información que existan medios de comunicación públicos en prensa (tipo Pravda o Arriba), pero no en la radio o televisión.

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Toda unidad productiva o empresa que se rija por criterios políticos o de poder y no estrictamente económicos será la ruina para una sociedad porque su rentabilidad será política y atenderá a los intereses de los grupos privados que la controlan (políticos y sindicatos), pero nunca tendrá una rentabilidad económica que vierta o retorne sus réditos a la sociedad, como hacen las empresas privadas.

Millones de euros dilapidados

El resultado son millones de euros dilapidados año a año, tanto de fondos transferidos y subvenciones como de deudas acumuladas que, periódicamente, quedan endosadas o absorbidas por los gobiernos autonómicos o por los Presupuestos Generales del Estado, como los más de 7.500 millones de deuda acumulada en RTVE que asumió el Gobierno de Rodríguez Zapatero en su reforma, los más de 1.000 millones de euros en concepto de costes de prejubilación establecidos en el acuerdo del plan de ajuste aprobado por aquel Gobierno o los 572 millones extra otorgados por su aceptación.

Sólo en 2013, se calcula que las televisiones públicas recibirán 1.200 millones, de los que RTVE se lleva 292. Mientras tanto, en los presupuestos de esos entes, cuando los hacen públicos, computan como ingresos las subvenciones directas que obtienen de los diversos organismos públicos para así ocultar una deuda real o un desastre de explotación más abultado del que consignan.

Además, en el caso autonómico, están los pagos o transferencias con dinero público que se realizan a esos entes en concepto de «otros ingresos» y que se corresponden con publicidad institucional u otros servicios que las administraciones públicas «compran», tales como convenios concretos (el metro, un museo, una consejería determinada…), patrocinios de ciertos programas e incluso coproducciones y derechos sobre una serie o un documental. Ventas que, de facto, maquillan las cuentas reales, la viabilidad y los costes e ineficiencias de las teles.

Los gritos corporativistas, interesados y sin el mínimo respeto por el contribuyente proferidos contra el cierre de RTVV o las denuncias sobre continuas presiones políticas en la labor de los trabajadores se tornan en argumentos a favor del cierre de estos nichos de paniaguados y grupos de presión (en absoluto digo que todos sus trabajadores lo sean) al calor del poder.

Tampoco se sostienen argumentos culturales o de defensa del idioma, entre otras cosas porque cultura e idiomas existen mucho antes de que los poderes públicos o sus medios de propaganda apareciesen y los ciudadanos, los individuos y la iniciativa privada no sólo son su origen, sustento y apoyo sino que bien pueden proveer de canales o programas que se ocupen de tales intereses de las gentes.