Cada año, el Índice de Mujeres, Paz y Seguridad (WPS Index) del Instituto Georgetown para la Mujer, la Paz y la Seguridad —elaborado junto al Peace Research Institute Oslo, con 181 países analizados a través de 13 indicadores de inclusión, justicia y seguridad— ofrece la fotografía más rigurosa disponible sobre dónde es objetivamente peor nacer mujer.
La edición 2025/26 confirma que el progreso global está estancado y que la brecha entre los mejores y los peores países no deja de ampliarse: Dinamarca, en primer lugar, triplica la puntuación de Afganistán, en el último puesto.
1. Afganistán
El país peor valorado del planeta para las mujeres, y no por poco margen. Desde el regreso de los talibanes al poder en 2021, las mujeres afganas tienen vetado el acceso a la educación secundaria y universitaria, a la mayoría de los empleos, a los parques y gimnasios, y necesitan la compañía de un tutor masculino para desplazarse largas distancias. Organismos internacionales han calificado esta situación como «apartheid de género».
2. Yemen
Una década de guerra civil ha destruido buena parte del sistema sanitario y educativo del país. Yemen tiene una de las tasas de matrimonio infantil más altas del mundo y de mortalidad materna, agravada por la falta de acceso a atención médica básica en amplias zonas del territorio.
3. República Centroafricana
Años de conflicto armado entre el Gobierno y grupos rebeldes han convertido la violencia sexual en un arma de guerra habitual. La impunidad es prácticamente total: los mecanismos de justicia formal apenas funcionan fuera de la capital, Bangui.
4. Siria
Más de una década de guerra ha dejado a millones de mujeres desplazadas, viudas o cabeza de familia sin apoyo institucional. El colapso del Estado de derecho en amplias zonas del país ha disparado los matrimonios precoces como estrategia de supervivencia económica de muchas familias.
5. Sudán
El conflicto entre el Ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido, activo desde 2023, ha provocado una de las mayores crisis de desplazamiento del mundo. Naciones Unidas ha documentado violaciones sistemáticas cometidas por ambos bandos como táctica de guerra, en un país donde la impunidad es la norma.
6. Haití
El control de amplias zonas de Puerto Príncipe por parte de bandas armadas ha disparado los secuestros y las violaciones como forma de castigo o control territorial, en un país sin apenas Estado funcional que pueda perseguir estos delitos ni proteger a las víctimas.
7. República Democrática del Congo
Descrita durante años por Naciones Unidas como «la capital mundial de la violación», el este del país sigue siendo escenario de violencia sexual masiva vinculada a los conflictos armados por el control de sus recursos minerales, con decenas de grupos armados operando con impunidad.
8. Burundi
Uno de los países más pobres del mundo, con niveles muy bajos de participación política y económica femenina y un sistema judicial que ofrece escasas garantías reales frente a la violencia doméstica y sexual.
9. Sudán del Sur
El país más joven del mundo arrastra desde su independencia en 2011 conflictos internos recurrentes. La violencia sexual vinculada al conflicto y el matrimonio infantil —a menudo a cambio de dote de ganado— siguen siendo prácticas extendidas en amplias zonas rurales.
10. Myanmar
La guerra civil desatada tras el golpe militar de 2021 ha golpeado con especial dureza a las mujeres, tanto entre la población birmana desplazada como, de forma extrema, entre la minoría rohinyá, víctima de una violencia sexual masiva documentada por investigadores de Naciones Unidas.
El caso de India: por qué sigue siendo una referencia obligada, aunque ya no encabece la lista
Ningún repaso a la violencia contra las mujeres puede obviar el caso de India, aunque los datos más rigurosos disponibles hoy ya no la sitúen entre los diez peores países del mundo: en el WPS Index 2025/26 ocupa el puesto 131 de 181, con una puntuación de 0,607 sobre 1. Es una posición mediocre, no la peor del planeta como llegó a sugerir en su día una encuesta de expertos de la Fundación Thomson Reuters, pero el historial que la sitúa ahí sigue siendo suficientemente grave como para merecer un capítulo aparte.
El caso que marcó un antes y un después fue la violación en grupo, el 16 de diciembre de 2012, de una joven de 23 años en un autobús de Nueva Delhi, que murió días después en un hospital de Singapur a causa de las heridas. Aquel crimen desató protestas masivas en toda India y obligó al Gobierno a endurecer las leyes contra la violencia sexual, pero más de una década después el problema de fondo sigue sin resolverse: según los últimos datos disponibles de la Oficina Nacional de Registros Criminales (NCRB), en 2022 se registraron 445.256 delitos contra mujeres en el país —una media de 1.220 al día—, frente a los 359.849 de 2017. De ellos, más de 31.000 fueron violaciones, y la tasa de condenas por este delito se mantiene estancada entre el 27% y el 28% desde hace años.
A esas cifras se suma un problema estructural más profundo y menos visible: la preferencia por los hijos varones, que sigue alimentando abortos selectivos por sexo e infanticidios femeninos, y que el economista Amartya Sen, premio Nobel de Economía, describió ya hace años con la fórmula de «mujeres desaparecidas»: más de 100 millones de mujeres que faltan en el mundo por discriminación sistemática, un fenómeno del que India representa una parte muy significativa. Estudios posteriores, como el de los economistas Siwan Anderson y Debraj Ray, han calculado que en India mueren cada año más de dos millones de mujeres por causas vinculadas a esa discriminación —desde la negligencia en la infancia hasta las llamadas «muertes por quemaduras» asociadas a disputas por la dote matrimonial—, muchas más de las que fallecen por complicaciones durante el parto.
Lo más inquietante, según los propios registros policiales indios, es que en la inmensa mayoría de las agresiones sexuales la víctima conocía a su agresor: vecinos, familiares o allegados, no desconocidos, protagonizan la mayoría de los casos. Y el problema no se limita a la calle: en los últimos años, decenas de candidatos de distintos partidos políticos indios se han presentado a elecciones estatales pese a tener causas abiertas por delitos de violación, lo que alimenta entre buena parte de la ciudadanía la sensación de que las promesas de mano dura contra la violencia machista chocan, una y otra vez, con la propia clase política que las pronuncia.
