La lucha por la democracia en Venezuela ha encontrado nuevos aliados en más de treinta expresidentes de Hispanoamérica y tres exjefes de Gobierno españoles, quienes han decidido elevar su voz en un acto sin precedentes: la presentación de una denuncia formal ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, acusando al régimen de Nicolás Maduro de crímenes de lesa humanidad.
Este acto, liderado por el expresidente colombiano Andrés Pastrana, no solo señala a Maduro como el autor intelectual de las violaciones sistemáticas de derechos humanos, sino que apunta directamente al Ejército venezolano como instrumento de represión y terror.
¿Por qué este paso ahora? Porque el mundo ya no puede ignorar lo que sucede en Venezuela. La comunidad internacional ha permitido durante demasiado tiempo que la dictadura militar de Maduro continúe consolidándose bajo un disfraz de legitimidad. La denuncia presentada, que cuenta con el respaldo de exmandatarios como Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy, es un grito de auxilio en nombre de un pueblo que ha sido silenciado, torturado y reprimido durante años.
Es imposible mirar hacia otro lado cuando el mismo Maduro, un presidente que además ostenta un rango militar activo, lidera un aparato represivo que trasciende las competencias constitucionales de cualquier gobierno democrático.
La «Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana», aprobada bajo el manto de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, le confiere poderes absolutos sobre las operaciones militares del país, dejando claro que el destino de Venezuela está en manos de un hombre que ha convertido a su nación en un Estado militarizado.
Lo que antes podía ser visto como una crisis interna ahora toma un cariz mucho más sombrío: un régimen que utiliza el «terrorismo de Estado», según lo definido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para sofocar cualquier atisbo de resistencia. La represión interna no es solo una cuestión de fuerza bruta; es una maquinaria diseñada y operada por el alto mando militar bajo las órdenes de Maduro y sus más cercanos colaboradores, entre ellos, Diosdado Cabello.
Es importante destacar la ausencia de José Luis Rodríguez Zapatero en esta denuncia. Su rechazo a sumarse a la causa, deja entrever las divisiones ideológicas y políticas en torno al manejo de la crisis venezolana. Sin embargo, la decisión de más de 30 líderes internacionales de unirse en este esfuerzo refleja la gravedad de la situación y la urgencia de actuar antes de que la situación se deteriore aún más.
El mensaje es claro: Venezuela no está sola. La presión internacional está aumentando, y con ella la esperanza de que la CPI logre lo que hasta ahora ha sido imposible: la rendición de cuentas. Pero más allá de las acciones judiciales, lo que se necesita es una respuesta firme y decidida de la comunidad internacional. La dictadura de Maduro no caerá con simples denuncias, sino con un esfuerzo coordinado que no deje espacio a la impunidad.
El pueblo venezolano ha sufrido demasiado tiempo bajo un régimen que se sostiene por la fuerza y el miedo. Este movimiento de expresidentes es un acto de solidaridad y justicia, una señal de que el mundo no ha olvidado a Venezuela. La pregunta es: ¿Será suficiente para cambiar el curso de la historia? Solo el tiempo lo dirá, pero la esperanza está más viva que nunca.
