Este episodio, que dejó al menos seis muertos y decenas de heridos, subraya la urgencia de una acción internacional decidida para proteger a los civiles y garantizar el respeto al derecho humanitario.
Los rebeldes hutíes, en su comunicado, han condenado este ataque calificándolo de «flagrante agresión» y han prometido una respuesta inmediata. Sin embargo, no debemos perder de vista el hecho de que los hutíes también han sido responsables de graves violaciones a los derechos humanos y de perpetuar un conflicto que afecta a millones de yemeníes. Aunque su condena pueda tener fundamento en este caso particular, no puede servir para legitimar sus propias acciones beligerantes.
La comunidad internacional, incluida la ONU, enfrenta aquí un desafío de gran magnitud. El aeropuerto de Saná, una instalación vital para el ingreso de ayuda humanitaria y la evacuación de pacientes graves, debe ser protegido como una infraestructura esencial para la supervivencia de la población civil. Su uso como objetivo militar no solo viola principios básicos del derecho internacional, sino que también pone en peligro las pocas vías de escape que le quedan a Yemen.
Es fundamental que el silencio ante estas agresiones no sea interpretado como indiferencia. Israel debe rendir cuentas por los ataques contra infraestructuras civiles, al igual que los hutíes y otras partes involucradas en el conflicto deben responder por sus propios crímenes de guerra. La promesa de venganza por parte de los hutíes no hará más que perpetuar el sufrimiento, incrementando un ciclo de violencia que parece no tener fin.
La solución a la crisis en Yemen no puede llegar de las armas ni de la retórica incendiaria, sino de una acción diplomática seria y decidida. La ONU y los gobiernos con influencia deben actuar con urgencia para garantizar la protección de los civiles y promover una resolución pacífica del conflicto. Yemen necesita esperanza, no más destrucción.
