Pedro Sánchez ha decidido, definitivamente, que a él lo que le importa es seguir disfrutando del Palacio de La Moncloa, del Falcon y de los inmuebles del Estado para pasar sus vacaciones. El precio a pagar es alto, no solo en cuanto a gasto económico y desgaste de la credibilidad de un presidente del Gobierno en funciones al que este 29 de noviembre de 2019 le ponen, y con razón, de vuelta y media por borrar todas las líneas rojas que en su momento aseguró que nunca trapasaría.
Así, por ejemplo, en La Razón le afean esa imagen de su ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, y de su portavoz, Adriana Lastra, con uno de los cerebros del ‘procés’, Josep María Jové, el de la Moleskine:
Una vez que ha quedado claro, al menos para el bloque de la izquierda, que la llave de la investidura del candidato socialista está exclusivamente en manos de ERC, puede afirmarse sin temor a error que Pedro Sánchez ya ha renunciado a las líneas rojas que él mismo había trazado durante la campaña electoral. Que, ayer, en la mesa de negociación, un ministro de un Gobierno español, por muy en funciones que se encuentre, admitiera como interlocutor a Josep María Jové, que no fue sólo uno de los máximos impulsores del golpe separatista en Cataluña, sino que está imputado por el TSJC por los supuestos delitos de malversación de fondos públicos, desobediencia grave y revelación de secretos, es la mejor argumentación de lo que decimos.
El diario ABC recupera una frase del presidente Sánchez cuatro días antes de las elecciones del 28-A. Fue concretamente un 24 de abril de 2019:
No quiero que descanse la estabilidad ni la gobernabilidad de este país en manos de las fuerzas independentistas.
Obviamente, visto lo visto, ahora parece que el ‘okupa’ de La Moncloa no solo duerme a pierna suelta con Podemos, sino que manda a los suyos a retratarse con lo más granado del golpismo. De hecho, recuerda este rotativo, dentro del Tribunal de Cuentas se percibe que el PSOE está siendo presionado por ERC para que se les rebaje la cuantía de las multas a los separatistas que rondaría los siete millones de euros.
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