La Fiscalía de Sánchez permite que los golpistas den mítines mientras la mujer de Bárcenas está en prisión

Es de vergüenza ajena y propia, pero la España de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Arnaldo Otegi y compinches es así.

El pasado 11 de noviembre de 2020, publicábamos en Periodista Digital que Fiscalía pide menos cárcel para un yihadista del 17A -donde los miserables islámicos asesinaron a 16 personas y dejaron heridas a 164- que la pena que han puesto a la mujer de Luis Bárcenas, ex tesorero del PP.

Este 9 de febrero de 2021 llevamos en portada la noticia de que el periodista Javier Negre se topó con Arnaldo Otegi en el hall de un hotel de Barcelona -donde el de Bildu hace campaña junto al golpista Junqueras-, por lo que aprovechó para preguntar al aliado de Sánchez e Iglesias si finalmente condena el terrorismo de ETA y que la respuesta fue un sonoro ‘¡NO!.

Hoy nos enteramos de que el Gobierno PSOE-Podemos, que seguirá sancionando con extremo rigor a cualquiera que ponga en solfa el sectarismo feminista u ose discutir su versión de la Guerra del 36, modificará la ley para que no sea castigado insultar al Rey de España o hacer apología del terrorismo, si se hace cantando o desde un panfleto de izquierdas.

Resulta muy revelador que los golpistas catalanes condenados por sedición sigan en la calle haciendo campaña, cuando pesan sobre ellos condenas de cárcel firmes.

Ocurre, debido a la inacción de la Fiscalía. Dolores Delgado, la exministra socialista delo ‘Marslaska maricón’, no ha recurrido su escandalosa puesta en libertad.

La situación es la siguiente: la Generalitat tardó cinco días en notificar al Ministerio Público el segundo permiso concedido a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turell, Joaquim Forn, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez y Dolors Bassa, pero cuando tuvo a bien hacerlo es la Fiscalía -qué casualidad- la que todavía no ha presentado recurso para tratar de que los condenados regresen a la cárcel.

Y eso pese a que la propia fiscal Delgado anunció que el recurso sería inmediato.

Hay que recordar que la primera vez que les fue otorgado el primer grado la Fiscalía tardó sólo 48 horas en reaccionar.

Ahora, pese a que existe un pronunciamiento del Tribunal Supremo en el que se asegura que su puesta en libertad es arbitraria y contraria a la ley, el Ministerio Público sigue de brazos cruzados.

No hay que ser muy perspicaz para concluir que si la Fiscalía no ha presentado recurso es porque Sánchez –«¿De quién depende la Fiscalía. Del Gobierno. Pues eso?»– ha decidido que no interesa políticamente.

Lo de la Junta de Tratamiento Penitenciario de Cataluña, otorgando un tercer grado en contra de una resolución del Tribunal Supremo, roza la prevaricación, pero lo de la Fiscalía de Sánchez dejando que pase el tiempo y la campaña electoral catalana, es un escándalo.

Permitir que los golpistas hagan campaña es no sólo una indecencia, sino la prueba del nueve de la connivencia de intereses del Gobierno socialcomunista con los sediciosos.

Y como el Gobierno es quien dicta la estrategia a seguir a la Fiscalía, el silencio del organismo de Dolores Delgado ante la tropelía de la puesta en libertad de Junqueras y cuadrilla no es más que la demostración palmaria de que quien manda en el Ministerio Público es Sánchez.

Él es el responsable de que los golpistas estén haciendo campaña y no en la cárcel.