De vergüenza, pero España es así. La Audiencia Nacional inició este 10 de noviembre de 2020 el juicio por los atentados terroristas del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils.
Ante la negativa de los tres fanáticos islámicos sentados en el banquillo a responder a las preguntas de los fiscales Ana Noé y Miguel Ángel Carballo, éstos solicitaron al tribunal que se expusieran en la sala tanto las imágenes como los vídeos que habían grabado los autores de la masacre burlándose de sus futuras víctimas.
En las grabaciones se puede ver a los yihadistas preparando explosivos y colocándose cinturones bomba.
En el audio, de forma clara, se escucha a los fanáticos musulmanes afirmar durante la grabación:
«Alá nos ha elegido entre millones de hombres para haceros llorar sangre».
Y cumplieron su amenaza. El 17 de agosto, lo que miserables que aparecen en la imágenes montando chalecos bomba y otros artefactos letales perpetraron un atentado bestial en La Rambla de Barcelona.
Fue aquel uno de los episodios más brutales y sanguinarios que se han vivido nunca en la Ciudad Condal. Quizás sólo a la altura del atentado de Hipercor, a manos de ETA, en la década de los ochenta.
El balance fueron 16 muertos y 164 heridos. No mataron más los miserables porque a unos les explosionaron en las manos parte de los que prepararaban y a otros los interceptó con éxito la policía cuando se apretaan a repetir su fechoría en la playa de Cambrils.
De aquella tropa sectaria quedan vivos tres facinerosos: Mohamed Houli Chemlal, superviviente de la explosión en el chalé de Alcanar (Tarragona); Driss Oukabir, a cuyo nombre se alquiló la furgoneta utilizada en la carnicería de Las Ramblas; y Said Ben Iazza, quien prestó su documentación y su furgoneta isotérmica para comprar y transportar precursores explosivos.
La fiscalía pide 41 años de prisión para Mohamed Houli Chemlal; 36 para Driss Oukabir, y sólo ocho para Ben Said Ben Iazza.
En otras palabras, que si la Audiencia Nacional hace caso a la fiscalía, participar en una masacre como la de La Rambla puede salirle a un terrorista islámico mucho más barato que ser la esposa del tesorero del PP y estar enterada de que este tenía cuentas corrientes chungas. Como suena.
Rosalía Iglesias, la mujer del extesorero del PP Luis Bárcenas, ingreso a la 17:15 horas del pasado 8 de noviembre en la cárcel de mujeres de Alcalá (Madrid) para cumplir los cerca de 13 años de cárcel que le ha impuesto el Tribunal Supremo tras revisar la sentencia del caso Gürtel que dictó la Audiencia Nacional en 2018.
La amenaza de uno de los islamistas del atentado de las Ramblas en el juicio: «Os vais a arrepentir de haber nacido» https://t.co/kHHHELZKt6
— JuanAntonio_FS ??? (@JuanAntonio_FS) November 10, 2020
EL IMAN DE RIPOLL
Conocido como el imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, cerebro de los atentados de Barcelona y Cambrills, era un viejo conocido de la Guardia Civil y el CNI.
En los cuatro años que permaneció en prisión por tráfico de drogas, entre 2010 y 2014, fue visitado hasta en cuatro ocasiones por cuatro agentes de ambos centros.
Su mujer tan solo fue a verle en ese tiempo dos veces.
Las autoridades no detectaron su proceso de radicalización, y mucho menos que, tan solo tres años más tarde y estando ya en libertad, iba a formar una célula terrorista con un grupo de jóvenes residentes en Ripoll, Gerona.
La explosión de la casa de Alcanar, Tarragona, que acabó con la vida del imán, cambió los planes de los terroristas y lo desbarató todo.
Su objetivo inicial era atentar en lugares emblemáticos con esos explosivos que elaboraban en el lugar. La Torre Eiffel de París, la Sagrada Familia o el Camp Nou estaban en su mira.
Habían grabado vídeos mofándose de los hombres, mujeres y niños a los que pensaban asesinar.
En ellos mostraban sus cinturones explosivos, pero la explosión de Alcanar les dejó sin ellos. Así, improvisaron y cambiaron las bombas por cinturones simulados, cuchillos y hachas. Sabían que era cuestión de muy poco tiempo para que las autoridades diesen con ellos.
Por eso, optaron por atentar en Barcelona y horas después en Cambrils, hasta que todos ellos fueron abatidos.
INDIGNANTE FISCALIA
La diferencia entre la posición del ministerio público y la de las acusaciones particulares (más de una docena) y las populares, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y 11-M Afectados del Terrorismo es clamorosa.
Entre otras razones, porque la fiscal considera menor la responsabilidad de los tres acusados.
La fiscalía defiende el auto de procesamiento del juez Fernando Andreu, mantenido por su sucesor en el Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, y ratificado por la Sala de lo Penal.
Entiende que los atropellos de La Rambla y Cambrils se improvisaron, después de que los planes originales se fueran al traste con la explosión del chalé de Alcanar.
Como los autores materiales fueron abatidos por los Mossos, la fiscal entiende que ahora juzgados no pueden responder por los asesinatos y heridos que aquellos produjeron.
Por eso lAna Noé sólo pide 41 años de prisión para el miembro de la célula yihadista que sobrevivió a la explosión de Alcanar, 36 para el fanático que alquiló la furgoneta que se utilizó para el atropello de las Ramblas y ocho para Ben Said Ben Iazza, como simple colaborador.
Los dos primeros deberán responder por los delitos de integración en organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y estragos en grado de tentativa, por explosivo de Alcanar y su explosión.
La AVT pide que se condene a los dos miembros de la célula por «asesinato terrorista» https://t.co/tNSvd423q6 pic.twitter.com/F31r9I0fqD
— Europa Press TV (@europapress_tv) November 10, 2020
Asesinatos y heridos
Las acusaciones populares discrepan en que ese cambio de planes exima a los acusados de responsabilidad por las muertes. Entienden que los dos primeros deben responder por los asesinatos y heridos de los atropellos. La única muerte que no les atribuyen es la de Pau Pérez, porque solo podría hacerlo el autor del atropello de La Rambla que quería su coche para huir.
Por eso, la AVT y la del 11-M piden para Houli y Driss, además de las 15 prisiones permanentes, 15 años más de cárcel por cada uno de los 150 asesinatos intentados, lo que asciende a 2.250 años de cárcel. A eso hay que sumar 12 más por integración, 15 por los explosivos, 20 por los estragos y 30 por dos lesiones de Alcanar.
Para el tercer acusado, Said Ben Iazza, como colaborador de la célula, solicita 10 años de cárcel y 15 más por un delito de depósito de explosivos, lo que hace un total de 25 años de cárcel.
Para Barcelona no quiero una alcaldesa que ampara a los politicos islamistas , que vulneran la libertad y la democracia pic.twitter.com/AqYFcI9pHQ
— Hanan Serrouhk (@Hanan71443742) January 24, 2019
Acusaciones contradictorias
El problema es que al no ser ese el criterio del juez los acusados no fueron procesados por las muertes. Pese a ello las acusaciones sostienen que como el auto de procesamiento incluye los atropellos, su pretensión de condena es plenamente factible, al no modificar el relato de hechos del auto que delimitó la acusación; tampoco el que hace el ministerio público en su escrito de acusación.
La Audiencia aclarará si es posible la condena por hechos por los que no se se procesó
La fiscalía, por su parte, entiende que esa precisamente la función de ese tipo de auto, como garantía del derecho de defensa, es delimitar la acusación. De hecho, fuentes fiscales consideran cuando menos cuestionable que se haya permitido que víctimas de los atropellos ejerzan la acusación particular, cuando los acusados no responderán por ellos.
En la vista tampoco faltarán las teorías conspiranoicas. Alguna acusación particular sostiene que detrás del 17-A estuvo el CNI solo porque el Centro Nacional de Inteligencia contactó en prisión años antes con el líder de la célula de Ripoll, el imán Abdelbaki Es Satty, que murió en Alcanar.
