El socialista Sánchez llama ‘algoritmo’ a lo que es pura censura en redes sociales

En plena era digital, donde las redes sociales se han convertido en el principal foro de debate público, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido dar un paso más en su estrategia de control informativo. Con el pretexto de combatir la desinformación, el Ejecutivo socialista está impulsando lo que denomina «algoritmos» para detectar y limitar la propagación de contenidos que considera falsos, aunque muchos analistas advierten que se trata de un eufemismo para implementar mecanismos de censura.

El pasado 21 de mayo, los partidos del Gobierno -PSOE y Sumar- registraron dos proposiciones no de ley con un objetivo claro: imponer algoritmos que detecten y limiten la propagación de contenidos que ellos califican como falsos, prestando especial atención a la juventud. La justificación oficial es «continuar desarrollando mecanismos regulatorios, en colaboración con nuestros socios de la Unión Europea, para garantizar que las plataformas digitales cumplan con sus obligaciones de verificación de información».

La censura disfrazada de protección

El Gobierno socialista argumenta que «las personas adolescentes y jóvenes adultas son más propensas a creer y compartir información falsa, en gran medida debido a la falta de formación en verificación de noticias y al impacto de los algoritmos, que priorizan el contenido emocional o sensacionalista». Según el PSOE, este fenómeno afecta tanto a la percepción de hechos políticos y sociales como a la confianza en las instituciones democráticas, y ha contribuido a una creciente polarización social.

Sin embargo, la realidad que se esconde tras esta retórica es preocupante: con la excusa de proteger a los jóvenes de la desinformación, el Gobierno pretende redirigir el tráfico hacia medios afines, obstaculizando el acceso a medios críticos. Los llamados «algoritmos» se convierten así en una forma de censura encubierta, limitando la pluralidad informativa y el debate democrático.

Pedro Sánchez ya adelantó estas intenciones en enero de 2025 durante su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos, donde propuso tres medidas para regular las redes sociales, entre ellas «abrir la caja negra de los algoritmos» para comprobar si estos cumplen «los requisitos legales y morales» de la UE. En aquella ocasión, el presidente afirmó que «los magnates de las redes sociales deben responder si sus algoritmos envenenan nuestra sociedad».

El fin del anonimato y la transparencia algorítmica

Otra de las medidas estrella del plan de Sánchez es acabar con el anonimato en las redes sociales. Durante la presentación del Observatorio de Derechos Digitales en febrero de 2025, el presidente defendió terminar con el anonimato que, según sus palabras, «envenena las redes sociales y no puede ser una excusa para la impunidad».

«De la misma forma que no es posible conducir un coche sin matrícula o subirse a un avión sin identificarse, no podemos consentir que quienes acosan a otros ciudadanos, propagan mentiras o esparcen el odio, lo hagan además impunemente», sentenciaba el presidente.

El jefe del Ejecutivo también ha anunciado que «vamos a reforzar, desde el punto de vista material y personal, las capacidades del Centro para la Transparencia Algorítmica de la Comisión Europea», localizado en Sevilla. Además, el Gobierno aprobará en las próximas semanas la designación de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) como Coordinador de Servicios Digitales, dotándola de recursos para ejercer la supervisión de la actividad de las plataformas digitales.

La ‘Brunete Pedrete’ mediática y los periodistas afines

En este contexto de control informativo, cobra especial relevancia lo que algunos críticos han denominado la ‘Brunete Pedrete’ mediática, en referencia a aquellos periodistas y medios de comunicación que mantienen una línea editorial favorable al Gobierno y que, según denuncian voces críticas, reciben trato preferencial y recursos públicos.

El fenómeno de los «periodistas masajistas» subvencionados desde La Moncloa no es nuevo en el panorama mediático español, pero se ha intensificado en los últimos años. Estos profesionales, lejos de ejercer la función crítica y fiscalizadora que debería caracterizar al periodismo, actúan como altavoces de los mensajes gubernamentales, contribuyendo a la polarización del debate público y al deterioro de la credibilidad de la profesión.

La estrategia parece clara: mientras se limita el acceso a medios críticos mediante los llamados «algoritmos», se favorece a aquellos que reproducen el relato oficial. Esta dinámica no solo empobrece el debate democrático, sino que contribuye a la desconfianza ciudadana hacia los medios de comunicación.

Reforma del Reglamento: amordazando a los periodistas disidentes

El control sobre la información no se limita al ámbito digital. El pasado 13 de mayo, el Congreso de los Diputados decidió acelerar la reforma de su reglamento para empezar a sancionar e incluso retirar la acreditación a aquellos profesionales del periodismo que protagonicen determinados «comportamientos fuera del decoro de la institución».

Esta reforma, iniciada el 21 de marzo a través de una proposición de ley registrada por todos los grupos parlamentarios excepto PP y Vox, busca impedir actitudes de «manipulación o desestabilización» del normal transcurso de la actividad periodística en las ruedas de prensa o en el resto de las instalaciones del Parlamento.

La decisión se tomó el mismo día en que se produjo un nuevo episodio de tensión en la sala de ruedas de prensa del Congreso, cuando un periodista acreditado se enfrentó a la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez. Según fuentes parlamentarias, la reforma podría estar lista en un mes y medio.

Los críticos advierten que esta medida supone un grave atentado contra la libertad de prensa, al permitir que sean los propios políticos quienes decidan qué periodistas pueden acceder al Congreso en función de si sus preguntas o actitudes resultan incómodas o no.

Un modelo europeo bajo sospecha

Sánchez ha enmarcado todas estas iniciativas dentro de lo que denomina un «modelo europeo» frente a la «desregulación absoluta de la tecnocasta». «Frente a los que promueven la desregulación absoluta de la tecnocasta y pretenden hacer de la tecnología una herramienta para la censura, creo que Europa debe impulsar un modelo propio que impulse el crecimiento económico y respete los derechos digitales», subrayó el presidente durante la presentación del Observatorio de Derechos Digitales.

Sin embargo, este supuesto modelo europeo está generando preocupación entre defensores de la libertad de expresión y expertos en derechos digitales, que advierten sobre los riesgos de otorgar a los gobiernos la potestad de decidir qué información es veraz y cuál no lo es.

La vigilancia digital: un fenómeno global

El control de la información en el entorno digital no es un fenómeno exclusivo de España. Como señalaba el periodista de investigación Antonio Salas en su libro «Los hombres que susurran a las máquinas», «Internet es una gigantesca máquina de espionaje al servicio del poder. Debemos luchar contra esta tendencia y convertirla en un motor de transparencia para el público, no solo para los poderosos».

En la misma línea, Edward Snowden, el famoso denunciante de las prácticas de vigilancia masiva de la NSA, advertía: «Aunque no esté haciendo usted nada malo, le están vigilando y le están grabando. Y la capacidad de almacenamiento de estos sistemas se incrementa año tras año y añade ceros a la derecha a un ritmo constante, hasta el punto en que, sin haber hecho necesariamente nada malo, bastará con que le resulte sospechoso a alguien, incluso por error, y podrán utilizar este sistema para retroceder en el tiempo y escrutar todas y cada una de las decisiones que hayamos tomado».

La batalla por el control de la narrativa

Lo que está en juego en esta batalla no es solo el control de la información, sino el control de la narrativa política y social. En un contexto de creciente polarización, el Gobierno de Sánchez parece decidido a utilizar todos los mecanismos a su alcance para influir en la percepción pública de la realidad.

El uso de eufemismos como «algoritmos para detectar la desinformación» o «mecanismos regulatorios para garantizar la verificación de información» no puede ocultar la verdadera naturaleza de estas iniciativas: limitar la difusión de contenidos críticos con el Gobierno y favorecer aquellos que refuerzan su relato.

La tecnología como herramienta de control

La tecnología, que debería ser un instrumento para la democratización de la información y el conocimiento, corre el riesgo de convertirse en una poderosa herramienta de control social y político. Los algoritmos, diseñados supuestamente para filtrar contenidos falsos, pueden acabar convirtiéndose en mecanismos de censura al servicio de intereses políticos.

Como señala Pedro Sánchez, «hemos dejado inexplicablemente que los productos y los servicios digitales salgan al mercado sin controlar sus riesgos y sin saber cuáles son los potenciales daños». Sin embargo, la solución no puede ser otorgar a los gobiernos el poder de decidir qué información puede circular libremente y cuál debe ser limitada.

La respuesta ciudadana

Ante este escenario, la respuesta ciudadana es fundamental. La alfabetización digital, el pensamiento crítico y el acceso a fuentes diversas de información son las mejores herramientas para combatir la desinformación sin caer en la tentación de la censura.

Los ciudadanos deben ser conscientes de los riesgos que implica ceder el control de la información a los poderes políticos, y exigir transparencia y rendición de cuentas tanto a las plataformas digitales como a los gobiernos que pretenden regularlas.

El futuro de la libertad de expresión en la era digital

El debate sobre la regulación de las redes sociales y la lucha contra la desinformación continuará en los próximos años, y España parece haberse convertido en uno de sus principales campos de batalla. La forma en que se resuelva este debate determinará en gran medida el futuro de la libertad de expresión en la era digital.

¿Prevalecerá la visión de un internet libre y plural, donde los ciudadanos puedan acceder a información diversa y formar sus propias opiniones? ¿O asistiremos a la consolidación de un modelo de control informativo donde los gobiernos, en colaboración con las grandes plataformas digitales, determinen qué información puede circular y cuál debe ser limitada?

La respuesta a estas preguntas definirá no solo el futuro de internet, sino también el de nuestras democracias.

Datos curiosos sobre el control digital

El término «algoritmo» procede del nombre del matemático persa Al-Juarismi, que vivió en el siglo IX, y se ha convertido en uno de los conceptos más utilizados -y a menudo malinterpretados- en el debate sobre la regulación de las redes sociales.

Según un estudio de la Universidad de Oxford, España es uno de los países europeos donde más ha crecido la preocupación por la desinformación en los últimos años, con un 67% de los ciudadanos que considera que las noticias falsas representan un problema grave para la democracia.

El Centro para la Transparencia Algorítmica de la Comisión Europea, ubicado en Sevilla y que el Gobierno de Sánchez pretende reforzar, fue creado en 2023 como parte de la estrategia europea para regular las grandes plataformas digitales.

Los delitos digitales ya representan un quinto de todos los delitos penales en España, una de cada cuatro jóvenes recibe solicitudes no deseadas de contenido sexual y los delitos de odio online crecieron un 32% en el último año, según datos oficiales citados por el propio Pedro Sánchez para justificar la necesidad de mayor regulación.

El debate sobre el fin del anonimato en las redes sociales no es exclusivo de España. Países como Alemania, Francia y Reino Unido han planteado iniciativas similares, aunque con diferentes enfoques y grados de restricción.