¡Ladrones!
Con sello de ‘protección oficial’.
Porque sin Pedro Sánchez y su tolerancia, connivencia y complicidad, nada hubiera sido posible.
El escenario se asemeja a una trama sacada de una serie política, pero los guionistas no podrían haber imaginado algo tan elaborado.
Tres personajes con conexiones poderosas, edificios históricos de Correos en localizaciones emblemáticas y una puerta trasera hacia la financiación pública.
En el trasfondo, la SEPI, Sepides, empresas rescatadas y un chat de WhatsApp cuyo nombre en euskera es “Hirurok”, que los une.
Lo que ha revelado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no es meramente un episodio más de corrupción, sino un inquietante retrato sobre cómo ciertos sectores del poder político han interpretado las empresas públicas: no como herramientas al servicio del ciudadano, sino como una llave discreta para abrir puertas hacia negocios privados con el respaldo del Estado.
🔴 El repaso que le mete @vitoquiles a Leire Díez, “la fontanera del PSOE”, cuando sale del calabozo es para enmarcarlo: la corrupta pierde los papeles y le suelta un manotazo al periodista
Dos minutos y 11 segundos de música para los oídos: SÓLO RETUITEA pic.twitter.com/QkrJH6xdnt
— Doctor Tricornio (@Doct_Tricornio) December 13, 2025
El “grupo Hirurok”: de WhatsApp a la Audiencia Nacional
El núcleo de esta trama gira en torno a tres nombres:
- Leire Díez, apodada la “fontanera del PSOE”, exdirectiva en entidades públicas como Enusa y posteriormente directora de Relaciones Institucionales de Correos.
- Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, figura clave del Gobierno en el conglomerado público, que aún mantiene un notable peso e influencia tras su salida del cargo.
- Antxon Alonso, empresario vasco, socio de Santos Cerdán en la constructora Servinabar y también implicado en el caso Koldo.
La UCO y el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña sostienen que estos tres individuos habrían conformado un grupo organizado conocido como “Hirurok”, identificado a través de un chat de WhatsApp hallado en los dispositivos confiscados a Alonso. Este espacio digital, lejos de ser un grupo amistoso, habría sido utilizado para coordinar estrategias, movimientos y distribución de comisiones vinculadas a contratos y ayudas públicas.
El auto del magistrado junto con los informes elaborados por la Guardia Civil indican al menos cinco operativas bajo sospecha, que suman un total aproximado de 132,9–133 millones de euros en contratos y rescates públicos adjudicados entre 2021 y 2023, justo después del periodo pandémico. En una única operación, el juez estima que las comisiones que habría percibido el grupo Hirurok ascienden a 400.000 euros.
Los investigadores describen el mecanismo como una fórmula sencilla pero devastadora para la credibilidad institucional: se trataba de orientar expedientes dentro de la administración “en beneficio propio o ajeno” aprovechando sus respectivos cargos, relaciones y capacidad de influencia.
Cerdán y Leire extorsionaban en nombre del Gobierno Sánchez a empresas del Ibex, que citaban al piso de Diego de León https://t.co/zavXhjSYTb
— Periodista Digital (@periodistadigit) December 13, 2025
Edificios históricos de Correos como materia prima del negocio
Una pieza clave que ha elevado el perfil político del caso es el uso de edificios históricos de Correos como moneda de cambio. Según las indagaciones y fuentes cercanas al caso, tanto Leire Díez, como Antxon Alonso y Vicente Fernández ofrecían a empresarios inmuebles singulares pertenecientes a Correos en localidades como Madrid, País Vasco y Andalucía, principalmente para proyectos hoteleros.
El esquema seguía varios pasos interconectados:
- Identificación de edificios emblemáticos o bien situados en el patrimonio inmobiliario de Correos.
- Presentación a empresarios interesados mediante visitas y contactos facilitados por Díez, quien era la cara visible dentro del organismo.
- Promesa de financiación pública para adquirir y reformar dichos inmuebles, gestionada por medio de la sociedad estatal Sepides, vinculada directamente a la SEPI.
- Oferta adicional para que empresas como Servinabar se encargaran de las obras necesarias.
- Cobro de comisiones por facilitar los trámites administrativos y políticos relacionados con estas operaciones.
La UCO ha realizado registros en lugares como la Dirección General de Patrimonio del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, en esta línea investigativa sobre los inmuebles pertenecientes a Correos. El interés por estos edificios no resulta sorprendente: son activos valiosos que pueden transformarse en hoteles o complejos comerciales muy rentables si se gestionan adecuadamente. Sin embargo, lo verdaderamente relevante aquí es la sospecha sobre cómo se utilizaba esa llave pública para favorecer intereses privados.
Paralelamente, durante el mandato de Díez en Correos se vendieron propiedades en ciudades como Almería, Castellón, Valencia o Barcelona, aunque no todas están bajo sospecha ni se puede afirmar que formen parte directa del caso; sin embargo, esto pone en evidencia el volumen patrimonial involucrado.
De Tubos Reunidos a Forestalia: 132 millones bajo la lupa
Los edificios históricos son solo una parte del entramado. La trama desvelada por la UCO abarca diversas empresas y contratos públicos:
- El rescate financiero a Tubos Reunidos, compañía vasca dedicada a tubos metálicos: más de 112 millones de euros otorgados como ayudas públicas por parte de SEPI bajo el argumento del carácter crítico y estratégico tras la pandemia.
- Ayuda proporcionada por Sepides a Arapellet SL (grupo Forestalia): se destinaron unos 17,3 millones en financiación estatal para un proyecto industrial; operación investigada por la Guardia Civil debido al pago sospechoso de una comisión cercana a los 200.000 euros hacia dicha trama.
- Contratos otorgados por Mercasa y otras filiales vinculadas a SEPI: adjudicaciones bajo investigación incluyendo uno relacionado con Mercasa y otro asociado al Parque Empresarial Principado de Asturias.
- Pagos realizados por Enusa a despachos conectados al entorno cercano a Leire Díez cuando ella ocupaba un puesto destacado dentro esta empresa pública.
Los informes indican que una sociedad conocida inicialmente como Mediaciones Martínez SL, renombrada posteriormente como Promociones Inmobiliarias Ku-Ma SL, habría sido utilizada como una especie de pantalla para canalizar parte significativa las comisiones obtenidas. Esta empresa llegó incluso a desembolsar unos 148.000 euros hacia Servinabar durante 2022 y 2023, siguiendo un patrón que los investigadores vinculan con las operativas ahora sometidas al escrutinio judicial.
El juez Piña destaca que los contratos amañados sumarían alrededor de 132 millones, llevándose a cabo mediante una “contratación y facturación mendaz”; además, se estima que este grupo habría cobrado al menos 400.000 euros solo en una operación entre las cinco actualmente bajo investigación.
El método: discreción, influencias y puertas giratorias
La UCO señala que Hirurok operaba “con total discreción”, implementando medidas estrictas para proteger sus comunicaciones e interacciones. La utilización sociedades interpuestas, chats cifrados e incluso reuniones clandestinas en lujosos apartamentos forman parte del relato judicial.
Existen ciertos elementos que forman un patrón reconocible presente en otras tramas:
- Encubiertas puertas giratorias:
- Fernández asumió el cargo director comercial en Servinabar tras dejar su puesto al frente SEPI; esta empresa está ligada tanto contratos públicos como al círculo cercano a Santos Cerdán.
- Por su parte, Díez pasó anteriormente por Enusa antes recalar directamente en Correos ocupando un rol clave dentro relaciones institucionales.
- Una red política confiable:
- Fernández ha sido descrito como cercano al entorno político liderado por María Jesús Montero, ministra responsable sobre Hacienda; desde donde depende también SEPI.
- Alonso comparte vínculos con Santos Cerdán exsecretario organización PSOE quien también está siendo investigado debido al caso Koldo.
- Capacidad para ejercer presión reputacional:
- Leire Díez ha sido mencionada anteriormente por posibles intentos boicotear causas penales relacionadas con personas cercanas Pedro Sánchez; además presuntamente amenazando empresas del Ibex 35 utilizando audios obtenidos mediante Villarejo presentándose así misma como emisaria oficial desde Ferraz.
Sepides como llave financiera y el papel fundamental SEPI
El papel desempeñado por Sepides resulta esencial para entender cómo esta trama logró seducir tanto a empresarios interesados tanto por los edificios históricos pertenecientes Correos así como proyectos industriales.; según documentación testimonios recabados Guardia Civil:
- Se ofertaba inmueble singular (ya sea Correos u otros activos públicos).
- Proyectos hoteleros o logísticos “llave en mano”.
- Posibilidad financiación pública parcial facilitada directamente Sepides.
- Gestión acompañada tramitaciones permisos contratos.
A su vez SEPI actuaba como paraguas institucional; Fernández presentaba su anterior cargo dentro holding público ofreciendo garantía acceso viabilidad ante potenciales beneficiarios operaciones realizadas . La combinación contactos políticos experiencia técnica control palancas financieras formaban cóctel irresistible quienes buscaban atajos administración.
La derivada Ábalos y el eco del caso Koldo
Como si este panorama no fuera ya lo suficientemente comprometido para el PSOE, vuelve aparecer Ábalos.
El exministro Transportes admitie ante el periodista Eduardo Inda haber recomendado personalmente Leire Díez al presidente Enusa para ser nombrada directora Comunicación empresa pública.
Esta confesión enlaza dos dimensiones:
La promoción política de Díez dentro del ecosistema de empresas estatales.
La utilización posterior de esos puestos para tejer una red que actualmente está bajo investigación judicial.
A ello se suma que Antxon Alonso ya estaba siendo investigado en el foco del caso Koldo debido a adjudicaciones de obra pública relacionadas con Servinabar; en Navarra su nombre figura en la documentación remitida al Supremo sobre ingresos procedentes de esa empresa.
El resultado final es un escenario donde múltiples casos convergen en el mismo entorno de relaciones personales, empresariales y políticas, con epicentro en el antiguo aparato de la Organización del PSOE.
Más allá de la gravedad penal, el caso deja algunos detalles explicativos sobre su calado en la opinión pública:
- El nombre del grupo de WhatsApp, “Hirurok” (“los tres juntos”), terminó convertido en la marca oficiosa de la trama.
- Parte de las comisiones supuestamente sirvieron, según la UCO, para inversiones inmobiliarias en Marbella y Jaca, destinos clásicos cuando el ladrillo se mezcla con la política.
- La mediación de Martínez SL, clave para canalizar fondos, cambió su domicilio a la calle Serrano 76 de Madrid y se rebautizó como Promociones Inmobiliarias Ku-Ma tras los pagos de Servinabar; un intento de lavado de cara que finalmente culminó en el sumario.
- El juez Antonio Piña ha dejado en libertad provisional a los tres implicados; sin embargo, con una advertencia explícita: esperan nuevas imputaciones por nuevas operaciones investigadas, lo cual indica que el mapa aún no está completo.
En esta única causa han cruzado Correos, SEPI, Sepides, Enusa, Mercasa, Forestalia y Tubos Reunidos; WhatsApp en euskera, un exministro recomendando “fontanera” y un puñado de edificios históricos convertidos en fichas de un tablero opaco.
Para quienes creían que la corrupción era cosa del pasado, Hirurok ha llegado para recordar que en España las tramas cambian de nombre, pero nunca de imaginación.
