La proliferación de normas y legislación regional amenaza la unidad de mercado
Las declaraciones realizadas esta semana por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, defendiendo la oportunidad de devolver al Estado las competencias de sanidad, educación y justicia, las dudas de las agencias de calificación y organismos internacionales sobre la capacidad de las autonomías para cumplir con los objetivos de déficit y el renovado azote de los mercados contra España han vuelto a situar en primera línea de actualidad el modelo autonómico.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dejado claro que su reforma no está en la agenda, aunque las ineficiencias, duplicidades y excesos del actual sistema, en el que casi todo se multiplica por 17, cuesten millones.
Aguirre cifró en 48.000 millones de euros el ahorro derivado de la recentralización de competencias, una cantidad que desde las filas de su propio partido se ha calificado de «exagerada», según la consejera de Hacienda de Castilla y León, pero nadie duda de que los excesos del sistema autonómico generan una factura inasumible en tiempos de crisis, cuando las arcas autonómicas están secas y los Gobiernos regionales, obligados a recortar el déficit desde el 2,9% del PIB al 1,5%.
«Nos hemos pasado [con el Estado autonómico] y creo que la mayor parte del país lo sabe, pero dar marcha atrás es muy difícil y hay que hacerlo sin romper las expectativas de nadie, y eso es muy complicado», asegura Joaquín Trigo, director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), quien ilustra la hipertrofia del sistema con un dato:
«Si sumamos las páginas del BOE de todas las comunidades autónomas más el del Estado, pasan del millón».
En total, 18 legisladores que generan leyes sin descanso y que, según Trigo, ponen en riesgo la unidad de mercado.
«Tenemos el doble de ayuntamientos que Alemania cuando nuestra población es la mitad, y el doble de autonomías que Länder existen en Alemania. Eso no es lógico».
En opinión de Luis Caramés, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Santiago, las palabras de la presidenta madrileña constatan que:
«El modelo de la tarta de los quesos o el café para todos de Adolfo Suárez y su ministro Clavero Arévalo tenía mucho de artificial y más allá de Cataluña, País Vasco y Galicia, existen territorios que han alimentado también identidades que, en ciertos casos se mezclan con las rentas de situación de la clase política».
El informe ‘El coste del Estado autonómico‘, elaborado por el grupo de Administración Pública de UPyD y publicado por la Fundación Progreso y Democracia, destaca que España es el Estado «con mayor porcentaje de descentralización en el gasto en manos de entes territoriales», 10 puntos por encima de los Länder alemanes y 20 puntos más que los austriacos.
Concluye que el modelo de descentralización español «se ha desarrollado fundamentalmente por impulsos (casi espasmos) electorales-sectoriales sin un modelo general racional siquiera como referencia teórica».
El peso del Estado se ha ido reduciendo paulatinamente en favor de las autonomías y ayuntamientos. En 1984 la Administración central (Estado y Seguridad Social) representaba el 72,6% del total de gasto. En 2009 suponía el 49,7%.
En el mismo periodo, el trozo del pastel para las autonomías ha pasado del 14,4 al 36,4%, según los economistas José Luis Álvarez y Juan Carlos Molero.
El aumento del gasto autonómico, vinculado a la asunción de nuevas competencias con una elevada carga presupuestaria, como la sanidad o la educación, ha disparado el personal al servicio de las autonomías, pero lo ha hecho hasta niveles que superan con creces lo que les correspondería por su peso en el gasto.
Según el estudio de UPyD, las autonomías acaparan el 50,6% del personal público, cuando gestionan cerca del 36% del Presupuesto.
Si se suma a los ayuntamientos, que concentran el 23,8% de la plantilla pública y gastan cerca del 15% del total, el resultado es que autonomías y entidades locales gastan la mitad del presupuesto, pero acaparan casi al 75% de todo el personal público.
Esta expansión del personal responde en muchos casos, según Trigo, al «efecto emulación» que caracteriza a las autonomías y que, en la práctica, supone multiplicar por 17 casi cualquier organismo, desde el Defensor del Pueblo a las televisiones.
Embajadas por el mundo
Un ejemplo es la proliferación de oficinas de representación de las comunidades autónomas en el extranjero. El secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, afirmó recientemente que España «no se puede permitir tener 120 oficinas comerciales en el exterior de comunidades autónomas además de las 100 del Estado«, o que en una ciudad como Sao Paulo «haya 11 oficinas comerciales de autonomías, además de la del Estado».
De Nueva Delhi a Dubái, pasando por Tianjin, Caracas, Nueva York y las grandes ciudades europeas, las autonomías han desarrollado una amplia red de representación exterior, aunque algunas empiezan a dar marcha atrás para ahorrar costes, como la Comunidad Valenciana, que ha decidido integrar sus 13 oficinas en la red del Estado.
Y es que gastar más no significa ser más eficiente.
Según el mencionado informe ‘El coste del Estado autonómico’, las regiones más derrochadoras (que combinan más personal público y menos incremento del PIB) son Andalucía, Castilla y León y Castilla-La Mancha, mientras que las más eficientes son Asturias, Madrid, Baleares y Canarias.
