Esta a solo unas semanas de sentarse en el banquillo de los acusados.
Pero es que, tal y como ha podido constatar ABC, la primera edil de la Ciudad Condal ha recurrido a otras artimañas para seguir regando con dinero a colectivos amigos.
Así las cosas, amén de las ayudas directas que se han concedido graciosamente hasta la fecha y que son motivo de las indagaciones judiciales, se está poniendo el foco sobre el dinero concedido a través de concursos públicos para una serie de proyectos concretos.
De ahí que haya chirriado que la convocatoria de subvenciones del consistorio barcelonés para intervenciones para la ‘justicia global y la cooperación internacional’ de 2021 acordase financiar con 7,07 millones 112 proyectos anuales y plurianuales de los 225 que presentaron candidatura.
De esta cuantía, 5,07 millones salieron del presupuesto pasado y otros dos millones corresponden a partidas de las cuentas de 2022 con las que se tiene que dar continuidad a las iniciativas que superan el año de trabajo.
Entre los 5,07 millones de 2021 para la cooperación internacional se encuentran 323.091,83 euros destinados a siete programas vinculados a Ingenieros sin Fronteras y el Observatorio DESC, dos de las entidades por las que precisamente se está investigando a Colau.
La primera recibió como cooperación internacional 160.000 euros (80.000 por proyecto) por ‘Promover el desarrollo sostenible a través de las mujeres de Inhambane (Mozambique)’ y ‘Empoderando el tejido asociativo para mejorar la calidad de vida en Maputo’.
El DESC, muy vinculada a Colau, también se hizo con una ayuda para el proyecto plurianual ‘Políticas más coherentes: repensemos la movilidad con justicia global’ (con 39.945,37 euros para 2021).
La cooperativa Opciones de Consumo Responsable y su propuesta ‘Coherencia de políticas: la contratación pública en contexto de emergencia’ se llevó 36.197,96 euros y la asociación FETS (Financiamiento Ético y Solidario) consiguió un pastizal para tres proyectos: ‘Destapando vínculos del sector financiero con paraísos fiscales y empresas’ (26.976 euros), ‘Tejiendo la red estatal de educación y finanzas éticas’ (39.997 euros) e ‘Implicando a los y las jóvenes en las finanzas éticas en las universidades y CF’ (19.975 euros).
