Ada Colau confesó a Joaquín Prat que seguirá encadenada al cargo pese a estar imputada.
Tras desatar la ira de Risto Mejide por mentirle a la cara, la alcaldesa de Barcelona echó balones fuera al ser preguntada por qué no dimitía como establece el código ético de su propio partido.
“Ese código ético al que hace referencia, es un código voluntario….”, comenzó la política de extrema izquierda su intervención en ‘Cuatro al Día’ de este 20 de enero. Además, se ha agarrado a la ‘letra pequeña’ de la normativa para evitar soltar el poder.
“Ese código ético dice expresamente que son casos de corrupción y prevaricación con ánimo de lucro”.
“Otra cosa es que digan que hay presuntas irregularidades, que yo niego rotundamente, en subvenciones que se dan normalmente en el ayuntamiento sin ánimo de lucro. Cuando no hay ánimo de lucro, evidentemente, este código no se aplica”, sentenció Colau.
Curiosamente, Joaquín Prat no le preguntó por qué la alcaldesa de Barcelona también faltó a sus propias palabras. En concreto, a las que dijo durante una entrevista en ‘Salvados’ emitida en 2014, donde engañó a Jordi Évole al defender que si un político era imputado, este debía poner su cargo a disposición de la ciudadanía en una especie de «referéndum revocatorio».
En el programa, donde conversaba con Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expresidente de Extremadura, Colau afirmó rotundamente: “Si me imputasen por corrupción, mi dimisión la sometería a referéndum”.
Sin embargo, todo se trataba de una gran mentira que difundió utilizando a Évole y a laSexta.
Así quedó demostrado este 19 de enero, después de que fuera imputada por estar investigada por varios delitos como los de prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, fraude en la contratación y malversación de caudales públicos.
Según el auto de admisión de la querella, la alcaldesa firmó de forma «arbitraria, discrecional y recurrente» subvenciones y financiaciones a entidades afines.
Colau, que tendrá que declarar el 4 de marzo ante el Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona en calidad de investigada, fue denunciada por la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática por presuntamente haber cometido diversos delitos en la concesión de subvenciones y financiar a entidades próximas al grupo político de los Comunes entre los años 2015 y 2021.
