Victoria Rosell confiesa forzada que acusó sin pruebas a jueces de dejar impunes casos de pederastia

El asunto tiene miga.

Especialmente porque la protagonista de las afirmaciones, de las que ahora se retracta, es nada más y nada menos que la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.

Sin duda, la información que este 25 de abril de 2022 lleva en exclusiva El Debate deja bien a las claras que a Victoria Rosell se le calentó el pico más de la cuenta en el programa radiofónico de Pablo Iglesias, La Base, y ahora toca recoger carrete.

El caso es que la política podemita dejó caer ante el fundador del partido morado, sin aportar prueba alguna, que había jueces que, presuntamente, habían dejado sin castigar casos de pederastia.

Así fue lo que literalmente dijo el 15 de febrero de 2022:

En casos de pederastia hemos visto a preparadores o a padres magistrados decirles a hijas juezas de pueblo: ‘con el cura no’, ‘con el obispo no’, ‘con la Iglesia no’. Quizá de ahí venga parte de la impunidad de este país. Quiero decir, que hay veces que el sistema precisamente de comunicación de prejuicios y de sesgos ideológicos es mucho más sutil, pero no por eso no debemos romperlo con una mejor democratización del acceso.

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Esas palabras provocaron una encendida réplica de tres de las cuatro asociaciones de magistrados, a excepción de Jueces para la Democracia, la más afín al Gobierno Sánchez. Según las mismas, la gravedad de esas acusaciones no podía quedar sin respuesta:

Está admitiendo que ha tenido conocimiento de conductas que podrían llegar a ser constitutivas de graves delitos, sin que haya aclarado si procedió a denunciarlas por la vía correspondiente.

La propia delegada del Gobierno contra la Violencia de Género alega que sus manifestaciones no se hicieron como responsable de ese puesto, sino que fueron expresadas a título personal:

Las declaraciones a las que se hace alusión en la solicitud fueron emitidas en el curso de una tertulia en un medio de comunicación al que Dña. María Victoria Rosell no acudió en su condición de delegada del Gobierno contra la violencia de género. Su participación lo era en su condición de magistrada de carrera, que ha sido víctima de graves delitos de corrupción judicial, tal y como ha quedado probado por sentencia firme del Tribunal Supremo. En dicha tertulia puso de manifiesto su opinión personal acerca alguna de las deficiencias que presenta el sistema de acceso a la carrera judicial.

Dichas declaraciones quedan amparadas por el derecho fundamental a la libertad de expresión que se reconoce en el artículo 20.1.a) de la Constitución Española que establece que se reconoce y protege el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

Finalmente, viene a reconocer el escrito de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género que no obra en el departamento la información solicitada por El Debate sobre esa acusación radiofónica contra determinados magistrados:

En virtud de lo anterior, no obra en poder de esta Delegación del Gobierno la información solicitada en la solicitud.