Cuando los hombres más cultos, inteligentes y mejor preparados dispusieron que su voto valiera tanto como el de los más incultos, torpes e inmaduros, realizaron un ejercicio de generosidad política sin precedente. Sólo por eso, “un hombre, un voto”, debe ser un principio sagrado e inviolable en democracia. Y el que lo vulnere, sea anatema.
Pero el derecho al voto sólo es parte de la democracia. Además existe:
a) La división de poderes.
b) La autonomía de los órganos estatales que deben ser presididos por personas independientes y competentes en su materia (TVE, Banco de España, Tribunal de Cuentas, etc.).
c) La igualdad ante la ley.
d) La igualdad y el respeto de los derechos fundamentales.
La falta de cualquiera de estos elementos convierte automáticamente la democracia en otra cosa. Y en eso estamos, en una mediocracia que es el peor de los sistemas, pues bajo la apariencia de democracia se puede camuflar cualquier otro sistema político sin declararlo como tal, (autocracia, totalitarismo, dictadura, etc.), y eso ya constituye el primer gran fraude.
Claro, que nuestra Constitución adolece de una definición de democracia y para los socialistas reside en la libertad, la igualdad y la solidaridad que, aunque sean objetivos loables, no dejan de ser tres conceptos jurídicamente indeterminados de imposible aplicación. Pero es que para los comunistas la democracia es otra cosa y consiste en gobernar por y para el pueblo –según dicen–, pero sin el pueblo –según hacen–, por un gobierno que se encarama al poder a perpetuidad sin haber sido elegido y ya sabemos lo que es eso. Así es que en el arco parlamentario español todos son “demócratas”, pero cada uno a su manera y nosotros pagamos las consecuencias. Sorprendentemente, en un país desarrollado como es España, no hay unas reglas de juego políticas a las que atenerse y por eso en nuestro Parlamento cabe cualquier cosa y de cualquier manera. (Partidos anti demócratas o juramentos vergonzosos en el Congreso, por ejemplo). Craso error de nuestra Constitución que seguimos pagando después de 47 años, y seguiremos haciéndolo, política y económicamente.
Pero volviendo a lo nuestro enumero seguida y brevemente lo que a mi juicio constituyen los fallos de la Ley electoral española, pues no creo que se requieran mayores explicaciones:
1º.- No se cumple el axioma fundamental de un hombre, un voto.- La ley D’Hont entra en el juego de la ponderación de los votos, desvirtuando y adulterando el resultado electoral según el sagrado principio enunciado del voto.
2º.- No se respeta la circunscripción electoral ni la proporcionalidad.- Si en las elecciones municipales la circunscripción es el municipio, en las elecciones autonómicas, (a excepción de las uniprovinciales), y en las nacionales no se respeta la circunscripción correspondiente, pues radica en las provincias y no el ente territorial ad hoc. Además, tampoco se guarda la debida proporcionalidad de diputados provinciales. Estos dos hechos también distorsionan el voto, la representación y la real voluntad de los españoles, pues si en Teruel un diputado necesita 19.000 votos, en Madrid, por ejemplo, necesitaría 96.000. De ahí también las dudas que surgen a los electores a la hora de votar pensando en que tales distorsiones harán inútil su voto, torciendo, por ende, la verdadera voluntad de los electores.
3.- Participación de partidos regionales en elecciones nacionales.- Para eso están las Autonomías y las elecciones autonómicas. No es propio, ni debería aceptarse que partidos regionales, sin presencia en el resto del territorio español, participen en elecciones de ámbito nacional, como tampoco pueden los partidos municipales presentarse a las generales o a las autonómicas. Esta anomalía provoca que en las elecciones generales haya partidos regionales que tengan más diputados que otros partidos de ámbito nacional con mayor número de votantes en su haber. Si los partidos autonómicos quieren tener, además, presencia en el Parlamento nacional, deberán hacer el esfuerzo de presentarse también en las demás provincias. De otro modo se les está regalando unos escaños y una representación en un ámbito parlamentario que no les corresponde y cuyos efectos perversos son bien conocidos. Y además nos ahorraríamos el bochornoso espectáculo de los traductores.
4º- La ley electoral establece listas cerradas.- De esta manera se consolida la partitocracia que es la enemiga de la democracia. La política deja de tener vocación de servicio público para convertirse en un poderoso juego de intereses polarizados en grandes centros de poder, -los partidos,- más atentos a sus propios fines que a los intereses de los ciudadanos, antaño el pueblo soberano y hogaño los tontos útiles que pagamos la fiesta. Las prebendas y privilegios de los mandatarios hacen de la política su medio de vida enfangados en la corrupción, malversación y latrocinio generalizado. Urge establecer el sistema de listas abiertas para regenerar la democracia. Así resurgirían los políticos vocacionales con espíritu de servicio dispuestos a entrar y salir de la política sin mayor ambición personal. En otro caso sobra por lo menos la mitad de los corifeos, diputados y senadores paniaguados obligados por la disciplina de voto y no por su propia conciencia y los intereses de sus electores, que nos cuestan una pasta.
5º.- La ley electoral no establece un quorum mínimo.- Podrá parecer una cuestión menor, incluso innecesaria, pero quizás no tanto. Cuando en diciembre de 1980 se celebró en Galicia el referéndum para acceder a la autonomía por la vía rápida del artículo 151 de la Constitución votó sólo el 28% de los gallegos, de los cuales el 73% de los votantes lo hicieron afirmativamente. Es decir, que el 20% de los gallegos decidió por el resto. Cuando le preguntaron a Pío Cabanillas cómo explicaba tan alta abstención, respondió: -¿Y cómo quiere usted que un gallego diga lo que piensa? Ocurrencia aparte, que tiene su gracia, una abstención que supere el 50% de participación debería tener consecuencias políticas. Personalmente, creo que el estatuto de autonomía gallega no debería haberse aprobado en esas condiciones, salvo que la política, y en concreto la ley electoral, sea un trágala y valga todo.
6º.- El gobierno controla INDRA.- Esta es la empresa que determina los resultados electorales y ya sabemos que Pedro Sánchez ha comprado con nuestro dinero las participaciones necesarias de INDRA para controlar su gestión según sus propios y personales intereses. Así cualquiera. Y no es difícil aventurar que este control tiene un propósito muy claro: adulterar el resultado de las elecciones a conveniencia del baranda como ya lo intentó en unas elecciones de su propio partido por el que fue expulsado. Es muy fácil incluir un algoritmo en el programa de recuento de los resultados y ya está: gana o se refuerza el partido que conviene que gane o salga reforzado. Nunca la voluntad popular.
CONCLUSIÓN
La ley electoral no refleja, y además desvirtúa, la voluntad popular, piedra angular de la democracia. Aun recuerdo cuando Zapatero decía, cada vez que se celebraban elecciones, “Ha ganado la democracia”. Y se quedaba tan pancho ante semejante simpleza. La democracia es un gran sistema si se cumplen sus postulados, pero claro, en ese caso los políticos tendrían que dedicarse por un corto periodo de tiempo a servir a los ciudadanos sin engañarles ni manipularlos y eso contraviene sus intereses personales dirigidos a servirse del poder para ganar dinero, honores, prebendas, puertas giratorias, y demás privilegios el mayor tiempo posible. Por ello decía Churchill que a la política había que llegar viejo y con dinero. Mientras tanto seguiremos viviendo una filfa, una patraña que falsea la voluntad popular y obstaculiza el progreso, el desarrollo y el bienestar de España y de los españoles. Y siempre, por supuesto, a nuestra costa con billones y billones de euros. No es barato, ciertamente.
Y, por último, una breve referencia al CGPJ.-
“No podemos asistir al obsceno espectáculo de ver a políticos nombrar a los jueces que pueden juzgar a esos políticos» dijo Ruiz Gallardón cuando fue ministro de justicia con Rajoy que le mandó callar inmediatamente por aquello de que nunca se sabe. Pues hemos asistido al obsceno espectáculo: 10 PP y 10 Psoe saltándose el artículo 122.3 de la Constitución que dice que los veinte miembros del CGPJ, 12 los elegirán los propios jueces, 4 el Congreso de los Diputados y 4 el Senado por mayoría de 3/5 de sus miembros. Y encima tienen la desfachatez de decir que se ha garantizado la independencia del CGPJ. Aunque realmente esto ya venía sucediendo desde 1985 cuando Felipe González, aprovechando su mayoría absoluta, se saltó la Constitución a la torera y mediante la L.O. del Poder Judicial de 1 de julio se decidió que los 20 vocales los eligieran diputados y senadores. Desde entonces se han cargado el Estado de Derecho, la separación de poderes y nos ha dividido en ciudadanos de primera y de segunda clase. Y el PP no revirtió estas cosas con sus dos mayorías absolutas que ya no volverán a conseguir. Un espectáculo obsceno del PP y Psoe arruinando la democracia con menosprecio de la Constitución, el Parlamento y el Estado de Derecho porque ellos lo valen.
Otrosí digo: Y el Tribunal Constitucional, que no es poder judicial sino un tribunal político elegido por los políticos, puede casar las sentencias del Tribunal Supremo para mayor inri y escarnio. Así es que si los miembros del CGPJ y el TC son elegidos por los políticos, ¿dónde queda la independencia del poder judicial? Con razón Alfonso Guerra, al hilo de la citada Ley Orgánica de 1985, supo bien lo que decía con aquello de: Montesquieu ha muerto. Y escandalosamente ningún partido político habla de estas cosas.
Y así poco a poco, y en dirección contraria a la verdadera democracia, el poder ha ido enrocándose y blindándose, y el pueblo, otrora soberano, somos ahora sus rehenes.
Enrique M. de Goicoechea, Colaborador de Enraizados
