En total, la Iglesia italiana posee 100.000 edificios por un valor de 9.000 millones de euros.
La Iglesia italiana, a diferencia de la española, comenzará a pagar las tasas sobre sus inmuebles, según un acuerdo anunciado por el Gobierno de Mario Monti. El ICI, equivalente a nuestro Impuesto de Bienes Inmuebles, gravará los edificios de la iglesia que se dediquen a cualquier tipo de actividad que no sea la estrictamente religiosa.
Quedan exentos, por tanto, los templos dedicados exclusivamente al culto, pero no los inmuebles en los que existan clínicas, centros de pensionistas, hoteles o colegios. Hasta ahora, bastaba con poner una pequeña capilla, en una clínica, colegio u hotel, para que, automáticamente, no pagarán impuesto de inmuebles.
Monti informó «al vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, su intención de presentar al parlamento una enmienda para clarificar la cuestión de manera definitiva», anunció el Palacio Chigi en un comunicado.
Esta decisión se produce después de que la Comisión europea abriese una investigación por las ventajas fiscales que benefician a la Iglesia italiana por la gestión de su enorme patrimonio inmobiliario, que incluye escuelas y universidades, clínicas, geriátricos y hasta hoteles y restaurantes.
La Iglesia italiana ya paga una contribución cuando la explotación de sus inmuebles es puramente comercial
La medida se ha dado a conocer solo unas horas antes de que el Estado Italiano y la Santa Sede celebren, un año más, la firma de los Pactos Lateranenses. Esta tarde con al presencia de las más altas instancias de la política italiana se ratificará el Concordato al cumplirse 83 años de aquel acuerdo por el que al gobierno de la Iglesia se le cedía una porción de terreno al otro lado del Tíber para que se creará el estado físicamente más pequeño del mundo: el Vaticano.
La Conferencia Episcopal Italiana no ha lanzado quejas por esta decisión del Gobierno. Eso sí, piden al ejecutivo que se controle también cuando esos establecimientos no produzcan beneficios.
Esta medida afecta a casi 9.000 centros escolares italianos dependientes de la iglesia y a 5.000 centros sanitarios también vinculados el clero. Según los cálculos elaborados por los ayuntamientos los impuestos que generan estos inmuebles podrían ascender a 700 millones de euros anuales.
(Rd/Agencias)
