Es insensato, pero ha tomado cuerpo.
Ni desde el punto de vista jurídico, ni desde el simple sentido común, tiene un pase la okupación ilegal, pero en España está apoyanda en bloque por la izquierda y cuenta con el beneplacito hasta de los jueces.
Los principales partidos políticos, principales culpables de este despropósito, abordan con enfoques muy diferentes este problema.
Sin llegar a las tesis de VOX, de una claridad meridiana, El Partido Popular es ahora uno de los más vocales en su oposición a la okupación.
En su programa electoral, los populares destacan el derecho a la propiedad como un pilar fundamental de la sociedad y proponen un paquete de medidas «anti-okupación«.
Entre estas se incluye la creación de unidades especializadas en las fuerzas de seguridad del Estado y la agilización de los desalojos para que puedan realizarse en un plazo máximo de 24 horas.
El PP también ha propuesto elevar las penas de prisión hasta los 3 años para los okupas.
El PSOE reconoce la gravedad del problema, especialmente en lo que respecta a la acción de las mafias organizadas, pero en la práctica juega a favor de los delincuentes.
Los socialistas proponen mejorar la eficiencia de los procedimientos judiciales e impulsar reformas legislativas para garantizar el desalojo de okupas ilegales en un plazo máximo de 48 horas.
Sin embargo, hacen hincapié en la necesidad de abordar la cuestión desde la perspectiva del derecho a la vivienda y la atención social a situaciones de vulnerabilidad, obviando que debería ser el Estado y no el sufrido particular quien asuma los costes.
VOX se ha posicionado como la fuerza política más dura contra la okupación.
Su programa incluye propuestas como permitir el uso de la fuerza proporcional por parte de los propietarios para defender sus hogares, tipificar la okupación como delito contra la propiedad privada y excluir a los participantes en estas actividades ilegales de las ayudas sociales.
El partido de Santiago Abascal aboga por una reforma legislativa que permita la expulsión de okupas en cuestión de horas.
En el otro extremo del espectro político, Sumar y sus gemelos de Podemos están entregados a los okupas y delincuentes afines.
Enfatizan la importancia de abordar las causas subyacentes de la okupación, como la falta de vivienda asequible y la precariedad económica, como excusa para permitir que siga el desmadre.
La reciente caída del decreto ómnibus de Sánchez en el Congreso ha añadido una nueva dimensión al debate.
Este decreto incluía una prórroga hasta finales de 2025 del Real Decreto-ley 11/2020, que impedía el desalojo de personas en situación de vulnerabilidad.
Con su derogación, todos los okupas e «inquiokupas» podrán ser desalojados una vez exista una sentencia firme, independientemente de su situación socioeconómica.
Esta situación ha generado reacciones diversas.
El PP ha celebrado la caída del decreto, argumentando que protegía injustamente a los okupas a expensas de los propietarios legítimos.
Juan Bravo Baena, vicesecretario de Economía del PP, declaró: «Si el Gobierno quiere permitir la okupación, que lo paguen ellos, no el propietario, que es la víctima».
Organizaciones como la Asociación de Propietarios de Viviendas contra la Inseguridad Jurídica (Aprovij) han convocado manifestaciones para presionar a favor de medidas más duras contra la okupación.
Su lema, «No alquilamos hasta que nos protejáis», refleja la creciente frustración de muchos propietarios.
El debate sobre la okupación también tiene implicaciones más amplias para el mercado inmobiliario español.
Según datos recientes, hay más de 80.000 víctimas de la llamada «inquiokupación» en España, un fenómeno que ha llevado a una disminución en la oferta de viviendas de alquiler y ha contribuido al aumento de los precios.
La okupación:
- El término «okupa» con «k» se originó en España en los años 80 como parte del movimiento contracultural.
- Algunas ciudades españolas han desarrollado «mapas de okupación» para identificar zonas de alta incidencia.
- Existen empresas especializadas en «desokupación» que ofrecen servicios legales y de mediación.
- En algunos casos, los okupas han llegado a establecer «contratos sociales» con los vecinos para mantener la paz en el barrio.
- La okupación no es un fenómeno exclusivamente urbano; también se da en zonas rurales, especialmente en pueblos abandonados.
La okupación ilegal de viviendas se ha convertido en un tema candente que enfrenta el derecho constitucional a una vivienda digna con el derecho a la propiedad privada.
Esta situación plantea serios dilemas éticos y prácticos sobre quién debe asumir la responsabilidad de proporcionar vivienda a los más vulnerables.
El artículo 47 de la Constitución española reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, instando a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias para hacerlo efectivo.
Sin embargo, la realidad muestra que el Estado no siempre cumple con esta obligación, lo que lleva a situaciones de okupación ilegal, unas veces por necesidad y muchas por simple caradura.
El catedrático de Derecho Civil Sergio Nasarre señala que «no tiene sentido que sea el propietario quien tenga que recabar información sobre la vulnerabilidad del okupa».
Esta afirmación refleja la frustración de muchos propietarios que se ven obligados a asumir cargas que deberían ser responsabilidad del Estado.
La reciente Ley de Vivienda, aprobada en mayo de 2023, ha introducido medidas que complican aún más el desalojo de okupas, especialmente cuando se trata de grandes propietarios.
La norma obliga a buscar alternativas habitacionales o programas de alquiler social antes de proceder al desahucio, lo que en la práctica puede prolongar situaciones de okupación ilegal.
José María Español, abogado experto en cuestiones relacionadas con la okupación, advierte que «cuando aparecen medios alternativos a la ley, quiere decir que ésta no funciona».
Esta observación apunta a la proliferación de empresas de desokupación y otras prácticas al margen de la ley, síntomas de un sistema legal que muchos consideran ineficaz.
La obligación de mantener los suministros básicos a los okupas, incluso cuando están ocupando ilegalmente una propiedad, es otro punto de controversia.
Una norma aprobada en diciembre de 2022 prohíbe el corte de servicios como agua, gas o luz, incluso en casos de okupación ilegal.
Esta medida, aunque busca proteger derechos básicos, ha sido criticada por imponer cargas adicionales a los propietarios; cargas que debe asumir un Estado que cobra impuestos.
Paloma Adrados, senadora del Partido Popular, ha declarado que «la ocupación ilegal atenta directamente contra la propiedad privada, vulnera nuestra Constitución y atrae a las mafias que se lucran con esta actividad ilegal».
Esta postura refleja la preocupación de quienes ven en la okupación una amenaza al derecho de propiedad y un incentivo para actividades delictivas.
