Todos se beneficiaban
Y cada uno apotaba su granito de arena al negocio sexual familiar.
El nombre de Pedro Sánchez vuelve a situarse en el centro de la polémica.
En esta ocasión, el foco no está en su gestión política, sino en las saunas ‘tórridas’ de la familia de su esposa, Begoña Gómez.
En los últimos días, diversos medios han desvelado detalles inéditos sobre la implicación de familiares directos en la gestión y propiedad de prostíbulos y saunas en Madrid desde los años 80.
Estas revelaciones han generado un intenso debate social y político en España, sobre todo por el contraste entre el discurso feminista del Gobierno socialista y la naturaleza de estos negocios familiares.
Un entramado familiar ligado al negocio sexual
Las informaciones más recientes, como la de El Debate, apuntan a que el padre de Begoña Gómez, Sabiniano Gómez, fue propietario y gestor de varios locales relacionados con la prostitución en Madrid durante décadas. Estos establecimientos incluían saunas para clientela gay y al menos un club de alterne situado en pleno Paseo de la Castellana. La empresa principal utilizada para estas actividades era San Bernardo 36 S.L., con locales emblemáticos como la sauna “Adán”, ubicada en un céntrico edificio madrileño y frecuentado tanto por clientela homosexual como heterosexual.
En 2006, coincidiendo con el matrimonio entre Pedro Sánchez y Begoña Gómez, Sabiniano delegó la gestión formal en su hermano Enrique Francisco, aunque la estructura societaria permaneció en manos del entorno familiar. Según grabaciones atribuidas al excomisario José Manuel Villarejo, Begoña Gómez habría realizado tareas contables para estos negocios e incluso figuraba como autorizada en alguna de las sociedades familiares.
Condenas judiciales y redadas policiales
La actividad de estos locales no estuvo exenta de problemas legales. Inspecciones laborales y policiales detectaron prácticas ilícitas, como el empleo irregular de mujeres extranjeras sin contrato ni alta en la Seguridad Social, y situaciones que podrían encuadrarse dentro de la explotación sexual forzada. En una redada a un prostíbulo propiedad del tío de Begoña Gómez —Francisco Enrique Gómez— las autoridades encontraron a varias mujeres trabajando sin documentación legal, armas de fuego y balanzas para pesar drogas. El empresario fue sancionado por la Inspección de Trabajo con multas superiores a los 60.000 euros por estas irregularidades.
El papel de Begoña Gómez: entre sobres y contabilidad
Uno de los aspectos más controvertidos es la supuesta implicación directa de Begoña Gómez en las operaciones administrativas de estos negocios.
Diversos audios atribuidos al excomisario Villarejo recogen testimonios según los cuales ella “preparaba los sobres” destinados a las mujeres que trabajaban en los locales, además de ocuparse personalmente del control contable. Aunque no existen condenas judiciales contra ella ni pruebas directas que indiquen su participación activa en la gestión diaria, sí está acreditada su colaboración administrativa en las sociedades familiares.
Extorsión política y grabaciones secretas
Las cintas entregadas por el empresario Javier Pérez Dolset al PSOE han añadido una dimensión aún más turbia al asunto: se sospecha que algunos locales pudieron ser usados para grabar clandestinamente a clientes influyentes —como jueces, empresarios o periodistas— con fines presuntamente extorsivos. Aunque esto no ha sido probado judicialmente, el mero hecho de que existan tales sospechas ha alimentado el escándalo mediático.
Contradicciones políticas: feminismo oficial y lucro familiar
La controversia adquiere especial relevancia por el contraste entre el discurso feminista del Gobierno liderado por Pedro Sánchez —que ha defendido públicamente la abolición de la prostitución— y el enriquecimiento familiar derivado precisamente del negocio sexual. Este choque ha sido aprovechado políticamente por sus adversarios, que acusan al presidente socialista de hipocresía ética por haberse beneficiado presuntamente del patrimonio generado gracias a este tipo de actividades. Según fuentes consultadas por varios medios nacionales, parte del patrimonio familiar —incluido el piso donde vivió el matrimonio Sánchez-Gómez antes de mudarse a La Moncloa— se habría adquirido gracias a los beneficios obtenidos por estas actividades.
Impacto mediático y político
El escándalo ha erosionado notablemente la imagen pública tanto del presidente como del PSOE, especialmente entre sectores feministas y progresistas que reclaman mayor coherencia ética. Las informaciones han servido además para reabrir debates sobre la regulación o prohibición total de la prostitución en España. Mientras tanto, Pedro Sánchez guarda silencio ante las preguntas directas sobre este asunto, lo que no ha hecho sino alimentar nuevas especulaciones sobre el alcance real del entramado familiar.
En definitiva, este caso ilustra cómo los negocios privados pueden impactar gravemente en la esfera pública cuando afectan directamente a figuras centrales del poder político nacional. La sombra del negocio sexual sigue planeando sobre La Moncloa mientras las investigaciones continúan abiertas.
