En pleno verano político, la inmigración vuelve a situarse como uno de los temas más divisivos en la agenda pública española. La mitad de los ciudadanos considera que ya hay demasiados inmigrantes en el país y hasta dos de cada tres creen que no se integran realmente, según los últimos datos de Sigma Dos para EL MUNDO. Este fenómeno trasciende ideologías y afecta tanto a grandes ciudades como a pequeños municipios, dejando ver que la percepción de «saturación» se ha instalado en el imaginario colectivo.
Pero, ¿qué hay detrás de estos números? El 70% de los españoles apoya la deportación de inmigrantes ilegales, un dato que sorprende incluso por el consenso entre votantes del PP (92%) y del PSOE (57%), lo que evidencia que la preocupación por este asunto ha roto fronteras políticas tradicionales. La sensación de desbordamiento se extiende más allá de la derecha, alcanzando a casi un 34% de electores socialistas y superando el 75% entre los votantes populares, quienes incluso se muestran más críticos con la inmigración que los seguidores de Vox.
El auge del escepticismo: integración y convivencia bajo sospecha
No solo preocupa el número; también la integración. La idea de que los inmigrantes «no se acomodan a la forma de vida ni respetan las leyes del país» es compartida mayoritariamente por ciudadanos de todos los espectros políticos. Este diagnóstico encuentra especial eco entre los votantes del PSOE (57%) y Sumar (43%), lo que desmonta el tópico del progresismo como espacio ajeno a las inquietudes migratorias.
Basta recorrer cualquier barrio popular para escuchar frases hechas sobre los «problemas de convivencia» o las dificultades en la integración escolar. Pero lo cierto es que, mientras el flujo migratorio parece ralentizarse tras picos históricos, crecen los «focos de alerta», tanto en las calles como en el Congreso. Las encuestas muestran que esta inquietud apenas varía según edad, nivel socioeconómico o tamaño del municipio: desde Lugo hasta Almería, pasando por Madrid o Barcelona, la preocupación es transversal.
Políticas públicas: endurecimiento y consensos inesperados
El respaldo ciudadano a medidas más duras resulta abrumador: el 81% pide endurecer las políticas contra la inmigración ilegal, cifra que incluye a casi el 60% del electorado socialista y más del 96% entre populares y voxistas. Incluso entre quienes votan a Sumar, casi un tercio apoya restricciones más estrictas. Y si hablamos de expulsar a extranjeros que cometan delitos, el acuerdo roza niveles escandinavos: lo apoya el 93% de los españoles, con un contundente 85% entre los socialistas.
Este clima social explica por qué partidos tradicionales han endurecido su discurso migratorio en los últimos meses, temiendo perder contacto con una base electoral cada vez más escéptica. Sin embargo, no todo es hostilidad: existe una contradicción pragmática al reconocer que ciertos sectores económicos serían inviables sin mano de obra extranjera.
El factor económico: trabajos esenciales pero invisibles
Pese al ruido mediático sobre «avalancha» o «crisis», hay una realidad menos visible pero igual de relevante: más del 56% admite que sin inmigrantes sería difícil cubrir empleos en hostelería, agricultura, cuidado de mayores o construcción. En otras palabras, muchos españoles desean menos inmigración… pero tampoco quieren servir mesas ni recoger fruta bajo el sol andaluz.
España necesita trabajadores para esos nichos laborales poco apreciados por los nacionales. Así lo atestiguan las cifras del INE: casi 9,4 millones de residentes nacidos fuera del país –con marroquíes, colombianos y venezolanos liderando el crecimiento– sostienen buena parte del tejido productivo nacional. En paralelo, las repatriaciones forzosas han aumentado un 18% respecto al año anterior, aunque siguen siendo minoría respecto al total de llegadas irregulares.
Datos clave sobre inmigración y expulsiones
- Llegadas irregulares en 2024: 63.970 personas (12,5% más que en 2023).
- Expulsiones forzosas en 2023: 3.091 casos (+18% respecto a 2022).
- Proporción ciudadana favorable a endurecer políticas: Más del 80%, con especial apoyo femenino y entre mayores de 60 años.
- Sectores económicos dependientes: Hostelería, agricultura, cuidados y construcción.
La brecha política: ¿quién lidera el discurso migratorio?
El Partido Popular lidera las percepciones negativas: tres cuartas partes de sus votantes ven la inmigración como un problema prioritario. En Vox el porcentaje es levemente inferior (74%), mientras que en Sumar apenas uno de cada tres lo considera así. Sin embargo, incluso dentro del PSOE –tradicionalmente más abierto– emergen bolsas crecientes de preocupación e incomodidad ante la integración cultural.
El Congreso no permanece ajeno: iniciativas parlamentarias sobre deportaciones exprés o limitaciones al reagrupamiento familiar se discuten con frecuencia creciente. La izquierda institucional navega entre el temor a perder voto obrero –más sensible al impacto real o percibido de la competencia laboral– y su tradicional relato inclusivo.
Curiosidades y paradojas recientes
- En septiembre pasado, según el CIS, la inmigración saltó al primer puesto como principal problema nacional para un 30% (por delante incluso de la vivienda).
- Durante picos estivales –cuando aumentan las llegadas a Canarias– crecen también las alarmas mediáticas y políticas sobre crisis migratoria.
- Pese a todo, solo una minoría sostiene posturas abiertamente xenófobas; lo dominante es una mezcla difusa entre pragmatismo económico e inseguridad cultural.
- El apoyo mayoritario a deportar ilegales convive con una aceptación resignada –y hasta agradecida– hacia quienes trabajan en sectores menos atractivos.
En suma, España parece debatirse entre el temor al exceso y la necesidad práctica; entre discursos duros en campaña electoral y aplausos discretos al camarero extranjero o al agricultor llegado desde lejos. Un dilema tan viejo como Europa… pero aquí condimentado con ese toque hispano capaz de convertir cualquier encuesta en motivo nacional de tertulia.
