Aplica la ley del embudo con una maestría digna de toda consideración.
Porque bien es eso, la doble vara de medir, o tener la desmemoria de un pez.
Lo cierto es que Irene Montero se ha marcado lo que los modernos llaman un ‘autozasca’ a cuenta del sensible asunto del sueldo que cobran los trabajadores.
A primeros de este mes de septiembre de 2020, la ministra de Igualdad se encastillaba y se negaba a dar cuenta no solo de la identidad de un grupo de asesores, sino que también se oponía con todas sus fuerzas a desvelar cuál era el salario que cobraban.
Y todo pese a estar hablando de todo un Ministerio de Igualdad, es decir una entidad pública que debe estar regida por criterios de transparencia porque el dinero que cobran sus empleados sale de las cuentas públicas, es decir de los impuestos de los españoles.
Sin embargo, en una semana ha mudado su criterio. Ahora, la hermética Irene Montero exige a las empresas que tienen que hacer públicos los salarios que perciben sus trabajadores.
Es decir, lo que ella no se administra para sí, la luz y taquígrafos con respecto a los sueldos que paga a su gente más directa, resulta que sí se lo reclama a compañías privadas.
Y lo hace amparándose en criterios de igualdad, para ver si las mujeres son o no discriminadas en el ámbito laboral a la hora de recibir la nómina mensual.
Obviamente, las reacciones no se han hecho esperar y la catarata de respuestas a las intenciones de Irene Montero, en coalición con la también podemita ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, son para enmarcar:
‘EL QUILOMBO ‘ – PROGRAMA COMPLETO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020
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