Les da igual que España entera esté sumida en una crisis brutal.
Con una cifra de desempleados que, artificialmente, no supera los cuatro millones, ya que han sacado hábilmente a los que están afectados por un ERTE que son unos cientos de miles de trabajadores, el Gobierno sigue instalado en una realidad paralela.
A cierre del primer semestre de 2020, el Ejecutivo socialcomunista de Pedro Sánchez, ese que no tiene empacho en situar a su mujer, Begoña Gómez, en puestos de relevancia, tenía en nómina a nada más y nada menos que 777 asesores, más de 200 en relación con la cifra que hubo en la última etapa del mandato de Mariano Rajoy.
Más allá del número de colaboradores y enchufados varios en la estructura gubernamental, lo que más indigna a unos trabajadores y, sobre todo, a unos empresarios a los que la ruina está devorando o directamente les ha arrebatado su negocio, es el pastizal que se está gastando del erario público para esos supuestos asesores, amén de no conocerse en muchos casos quiénes son esos expertos que trabajan a cambio de una dádiva pública.
PUESTOS QUE NO OBLIGAN A REVELAR NI LA IDENTIDAD NI EL CURRÍCULUM
Porque, claro está, son casi 56 millones lo que le cuesta al contribuyente mantener solo esa caterva de 777 asesores que, en muchos casos, ni siquiera se hace pública su identidad. La excusa para no desvelar ese quién es quién se basa en que al no ser altos cargos no se tiene por qué dar a conocer sus datos y, en el caso de que se hiciera, tampoco se conocería su currículum.
Ese es el gran problema de los puestos de libre designación, que el presidente, los vicepresidentes o cualquiera de los ministros del Ejecutivo socialcomunista pueden contratar a quienes les plazcan, como si quieren meter a un familiar. Total, son puestos en los que no hay que demostrar ni valía ni hace falta dar a conocer siquiera el nombre de los ‘agraciados’ en esa lotería del enchufe público.
Acuérdense, por ejemplo, como la pareja del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, se alteró cuando preguntaron por quiénes eran sus asesores en Igualdad. Irene Montero despachó con cajas destempladas a los que ponían en solfa la contratación de unos enchufados a los que les unía una cuestión ideológica.
Y mientras estos asesores, muchos de ellos unos bien pagados, tienen asegurada su nómina a fin de mes, ¿qué se le puede decir a empresarios que han echado o están a punto de bajar la persiana de sus negocios y además para siempre?
Mucho mensaje de que «salimos más fuertes» y «nadie se va a quedar atrás», pero lo cierto es que la crisis solo es para el ciudadano de a pie. Y, mientras, Pedro Sánchez ya va por su tercera subida de sueldo y cobrando al año más de 5.000 euros en relación a lo que percibió en su primer año de mandato. Como el disco de Supertramp, ‘Crisis, what crisis?’
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