La peor pesadilla del PSOE en plenas elecciones andaluzas: Griñán y su banda, caminito de Jerez

La ley de Murphy le cae de lleno al PSOE.

El peor escenario en el peor momento posible.

Así, a vuela pluma, es el análisis que se puede realizar del auténtico calvario que le espera al socialista Juan Espadas en plena precampaña y posterior campaña para las elecciones en Andalucía.

Desde el 4 de mayo de 2022 el Tribunal Supremo está sustanciando lo sucedido con los ERE y confirmar o no lo dictaminado en su momento por la Audiencia Provincial de Sevilla.

Los condenados por esos desmanes con el dinero público han ido alargando la causa y el cumplimiento de las condenas. Ahora se juegan su última baza con recursos a la desesperada para intentar eludir lo que parece totalmente imposible.

Y es que desde finales de 2019 se sabe que el expresidente José Antonio Griñán tiene sobre su cabeza el cumplimiento de una pena de seis años de prisión más otros 15 de inhabilitación para ostentar cargos públicos.

Y no solo él. Varios dirigentes más están pendientes de ver si el Alto Tribunal respalda o no la sentencia de los juzgados hispalenses y, por tanto, también les obliga a ir a la trena.

Manuel Chaves, a pesar de ser el más señalado en esa trama de corrupción, solo fue condenado a nueve años de inhabilitación para ocupar cualquier cargo público.

La lista de encausados es más larga que el sueño de una noche de verano y tiene ilustres nombres y apellidos.

Magdalena Álvarez, la incapaz ministra de Fomento con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero; Gaspar Zarrías, el gran conseguidor y una veintena de rapaces y supuestos timadores que llevaron a la práctica un plan para desviar dinero público de los ERE a familiares, amigos y militantes del partido.

Lo mejor de todo, tal y como recordó Carlos Dávila (OKdiario) es que el propio Gobierno de Pedro Sánchez, el mismo que esquilma el bolsillo de los españoles a impuestos, se olvidó de algo esencial.

Resulta que María Jesús Montero, ministra de Hacienda, que también ostentó esa misma responsabilidad como consejera en la Junta de Andalucía, no reclamó ni un solo céntimos de los 680 millones de euros que se utilizaron para todo tipo de fines menos para los que estaban destinados originalmente, la protección a desempleados como objetivo fundamental.

Aquel pastizal se destinó, sin embargo, a otros propósitos como la compra de propiedades y dedicarse en cuerpo y alma a fiestas de dudosa moralidad y a convertir en polvo blanco ingentes cantidades de euros.

Sí llama la atención que quien más responsabilidad tuvo en la trama, por acción u omisión, Manuel Chaves, vaya a quedar casi limpio de polvo y paja, exceptuando esa inhabilitación para cargo público.

En cambio, quien va a cargar con la cruz será José Antonio Griñán que, en un intento por eludir el señalamiento, vino a reconocer que él dejó hacer, que no se preocupaba de lo que sucedía con las personas que estaba a su mando en el organigrama gubernamental.

Lo cierto es que, tal y como las propias fuentes judiciales le han venido a reconocer a Carlos Dávila, prácticamente el Tribunal Supremo hará seguidismo de lo dictaminado por la Audiencia Provincial de Sevilla.

Aunque desde el PSOE se quiera seguir echando el muerto, y nunca mejor dicho, al fenecido Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía.