La crisis en la Fiscalía General del Estado alcanza un nuevo nivel este viernes 31 de enero de 2025, cuando trece fiscales de Sala, que representan un tercio de la cúpula fiscal, exigieron formalmente la dimisión del fiscal general, Álvaro García Ortiz. Esta petición sin precedentes se produce tras la reciente declaración de García Ortiz como imputado ante el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos.
Los firmantes de la carta, entre los que se encuentran dos ex fiscales generales del Estado, Consuelo Madrigal y María José Segarra -de la Unión Progresista de Fiscales (UPF)-, argumentan que la permanencia de García Ortiz en el cargo está causando un “daño intolerable” a la institución. Señalan que su negativa a responder a las preguntas del juez instructor durante su comparecencia es “impropia” de la máxima autoridad del Ministerio Fiscal en un Estado Democrático de Derecho.
“Desde la última Junta de Fiscales de Sala en la que vuestra excelentísima comunicó su decisión de continuar con el desempeño del cargo de fiscal general del Estado se han producido hitos en la causa que se sigue contra vuestra excelentísima en el Tribunal Supremo que hacen imprescindible –por el bien de la Institución que dirige y de los miembros que la integran– su renuncia a dicho cargo”, señalan en el escrito enviado a García Ortiz.
En su comparecencia sobre la filtración de información personal de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, García Ortiz afirmó que no tenía nada que ver, y siguiendo el argumentario del presidente cargó contra el juez. Además, tampoco respondió a sus preguntas ni a las de las acusaciones populares, solo a la de su defensa, que corre a cargo de la Abogacía del Estado.
Los fiscales critican que las actuación de García Ortiz han generado una “merma de la confianza” de los ciudadanos hacia la institución, alegan. Además, señalan que todo este escándalo ha ocasionado un desmoralización en el seno del organismo al señalar que se genera un “injusto pero real desánimo en la inmensa mayoría de los fiscales”. Por lo tanto, consideran que la renuncia es la única salida posible a la crisis ocasionada por el fiscal general de Sánchez para salvar a la institución.
«En esta tesitura, en un Estado de Derecho, no cabe otra decisión que la renuncia de (García Ortiz) al cargo que ostenta para preservar a la Institución».
Por su parte, el fiscal general no ha respondido públicamente a esta solicitud de dimisión. Su posición se ha vuelto cada vez más complicada, especialmente después de su controvertida comparecencia ante el Supremo.
